Mapa partidista de los aspirantes a la toga

Muchos analistas dan por hecho que al menos dos terceras partes de los candidatos al poder judicial son morenistas porque fueron nominados por el Senado y el Ejecutivo, dos poderes controlados por Morena.

Otros dicen que la totalidad de los candidatos lo son, pues incluso los candidatos nominados por el poder judicial, único no controlado por Morena, fueron seleccionados por medio de una tómbola cuando el poder judicial se negó a hacer la selección final.

El problema es que los datos muestran otra cosa.

Analicé la trayectoria de los 117 candidatos de los tres tribunales superiores, aquellos que Morena más quisiera controlar: la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del Tribunal Electoral. Con base en la experiencia profesional, actividad de campaña y reportes de cada candidato, identifiqué aquellos que pudieran tener una afinidad partidista.

Mi definición de “afinidad” es amplia, pues con ella pretendo identificar cualquier indicio, por pequeño que sea, de una posible cercanía con un partido. Es por ello que considero como “afines a un partido” no solo a los candidatos que han sido militantes, representantes o candidatos de un grupo político, sino también a aquellos que han tenido puestos de alta relevancia política por designación directa, que han mostrado cercanía o han sido identificados públicamente con algún partido, o que son parientes directos de reconocidas figuras partidistas.

De los 117 candidatos, el 36% tiene afinidad por Morena y el 9% por partidos opositores. La mayoría, esto es el 55% de los candidatos, son independientes.

Hay tres razones por las cuales tantos candidatos independientes lograron llegar a las boletas.

La primera y más importante es que muchas personas sin afinidades partidistas decidieron participar porque la elección se convirtió en la única forma de acceder a un puesto de juzgador. Múltiples miembros de la carrera judicial se inscribieron. De hecho, de los 117 candidatos que evalué, el 58% ya habían sido juzgadores o trabajado como secretarios de estudio y cuenta en alguno de los tribunales superiores.

Una segunda razón fue lo atropellado del proceso. Los comités nominadores tuvieron apenas unas semanas para filtrar miles de perfiles. Esto volvió mecánicamente inviable hacer procesos finos de selección.

A lo anterior debe agregarse el azar, ya que, entre la nominación y la candidatura, intervino una tómbola que filtró aleatoriamente a los candidatos.

En términos de control de afinidades, el poder ejecutivo fue el más eficiente, logrando que el 54% de los candidatos fueran afines al partido de la presidenta. El poder legislativo, a pesar de estar controlado por Morena, fue donde más candidatos afines a la oposición lograron posiciones. Una de cada cinco personas nominadas por el poder legislativo son opositoras.

Esto es evidencia de las divisiones internas de Morena, y de cómo muchos de los opositores que han encontrado refugio en Morena continúan operando con incentivos encontrados. El poder legislativo tiene varias facciones y, por lo visto, muchas de ellas lograron negociar su entrada a la boleta.

Es un error histórico que el poder judicial haya renunciado a nominar candidatos, sobre todo ahora que sabemos que, según las encuestas, la mayor intención de voto es para los candidatos del poder judicial y “en funciones”. Con una buena selección de candidatos, el poder judicial hubiera podido colocar un buen número de personas juzgadoras en los altos tribunales.

No tengo duda de que muchos ciudadanos interesados en la división de poderes se habrían interesado en votar por los candidatos del poder judicial si tan solo este hubiera tomado interés en el proceso.

Independientemente del partido, el tribunal que más atrajo perfiles partidistas fue la Suprema Corte, seguido del Tribunal de Disciplina.

La Sala Superior Electoral tuvo perfiles menos partidistas, en parte porque México tiene una larga tradición de formación de burocracias electorales profesionales. Muchos de los candidatos de la Sala Superior provienen de esos cuadros y, por tanto, están menos abiertamente politizados. De hecho, el 87% de los candidatos a la Sala Superior son funcionarios electorales previos.

Todo lo anterior plantea un futuro ominoso para Morena, pues el partido no tiene asegurado un perfecto control de los tribunales, aun si invirtió una enorme cantidad de capital político en ello.

Irónicamente, continuar con el proceso tradicional de nominación le hubiera garantizado mayor afinidad política de los juzgadores, ya que habría podido utilizar sus supermayorías para elegir a modo. Esto sin el costo político y transaccional de una elección judicial de esta naturaleza. Y sobre todo, sin la incertidumbre que generará la curva de aprendizaje de los nuevos juzgadores.

En el largo plazo, la principal víctima de la reforma judicial será Morena porque, después de la elección, el electorado asociará los problemas de inseguridad, falta de acceso a la justicia e impunidad a la coalición gobernante.

Estos costos, que son muy elevados en un país como México, anteriormente eran atribuidos abstractamente a un poder judicial independiente y asilado. Ahora serán culpa directa de la presidenta y sus legisladores. Por donde se le vea, estas no son buenas noticias para Morena.