Claudia Sheinbaum busca su reforma electoral tras cuatro intentos fallidos de Morena

La electoral parece una reforma imposible para la cuarta transformación y, sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum apostará su capital político para tratar de concretar un anhelo que su partido-movimiento no ha podido alcanzar en más de siete años de gobierno: reducir los costos de las elecciones y del sistema de partidos. Al presentar su iniciativa de reforma electoral, Sheinbaum enfrentará, además del rechazo de la oposición y la crítica de los expertos, la resistencia de los aliados de Morena (Partido Verde y Partido del Trabajo), que tienen la llave para aprobar cambios constitucionales en el Congreso. La apuesta es sumarlos a su reforma durante el proceso legislativo, lo que implica un cambio de estrategia, pero también un riesgo: exhibir las fracturas en la coalición oficialista. No será la primera vez que la cuarta transformación intente una reforma de este tipo, pues el expresidente Andrés Manuel López Obrador presentó tres iniciativas durante su sexenio, que no prosperaron.

Cansada de esperar el consenso con el PVEM y el PT, luego de más de un mes de negociaciones fallidas, Sheinbaum decidió impulsar la reforma que había planeado originalmente, y que contiene dos cambios que no comparten los aliados de Morena: reducir el financiamiento público a los partidos políticos y modificar el sistema actual de Representación Proporcional en el Poder Legislativo. El proyecto será enviado sin “desdibujar” la intención original de la presidenta, y corresponderá a los legisladores de Morena construir las mayorías calificadas que, según han adelantado los coordinadores parlamentarios de Morena, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, no será una tarea sencilla.

En qué consistían los planes A, B y C

La reforma político-electoral fue puesta sobre la mesa por López Obrador desde la mitad de su sexenio, cuando acusó a las autoridades electorales de actuar en contra de la “auténtica democracia”. En abril de 2022, el expresidente presentó una primera iniciativa de reforma constitucional que, entre otras cosas, proponía acabar con la Representación Proporcional, dejando a la Cámara de Diputados con 300 integrantes y al Senado con 96. Se creaba una sola autoridad electoral (Instituto Nacional de Elecciones y Consultas), se sugería elegir a los consejeros mediante voto popular, desaparecían los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales, y se eliminaba el financiamiento público para gasto ordinario anual de los partidos políticos, dejando las prerrogativas sólo para gasto de campaña en año electoral. Esa reforma, que según López Obrador le ahorraría al erario hasta 20.000 millones de pesos cada año, fue rechazada en la Cámara de Diputados en diciembre de 2022 con los votos en contra del PRI, PAN, PRD y MC, cuando Morena y aliados no tenían la mayoría calificada.

La misma noche en la que se votó en contra el proyecto de López Obrador, nació el plan B de reforma electoral, que implicaba una serie de modificaciones a leyes secundarias para desaparecer funciones y direcciones del INE, compactar áreas y procesos, eliminar su secretaría ejecutiva y las vocalías en las 32 Juntas Locales, buscando ahorros por más de 3.500 millones de pesos. La reforma, que al no ser constitucional no requería de mayoría calificada, se aprobó en una sola noche en la Cámara de Diputados y en una semana en el Senado, gracias a los votos de Morena, PVEM y PT. Pero seis meses después de haber entrado en vigor, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que descalificó el desaseado proceso legislativo empleado para su aprobación.

En febrero de 2024, López Obrador envió al Congreso su Plan C, que no sólo contenía su iniciativa de reforma electoral, sino un ambicioso paquete de reformas que iban desde la del Poder Judicial, hasta la que prohibía la venta y distribución de vapeadores o la de protección animal. En materia electoral, López Obrador insistía en reducir las Cámaras a 300 diputados y a solo 64 senadores (dos por entidad), y también retomaba la idea de reducir significativamente el financiamiento público a los partidos políticos y elegir a los consejeros del INE por voto popular.

La mayor parte de las reformas del Plan C, comenzando por la polémica reforma judicial, se aprobó a partir de septiembre de 2024, una vez que Morena y aliados se hicieron con la mayoría calificada en la Cámara y el Senado. Sin embargo, de todo el paquete de reformas que heredó López Obrador a su sucesora, quedó pendiente la electoral, que ni siquiera fue dictaminada. Eso dejó a la presidenta el terreno libre para diseñar y enviar su propia iniciativa.

Para ello, desde junio de 2025 anunció la creación de una comisión presidencial, encabezada por Pablo Gómez -un veterano militante de la izquierda-, con la encomienda de realizar foros de consulta, una encuesta para tomar el pulso ciudadano en este tema, y una propuesta de reforma con cuatro objetivos principales: reducir el costo de las elecciones y de los partidos políticos, rediseñar el sistema de representación proporcional para que las plurinominales también sean votadas por la ciudadanía, facilitar los mecanismos de democracia participativa y facilitar el voto de los mexicanos residentes en el extranjero.

La comisión presidencial elaboró un proyecto, pero en enero surgieron las resistencias del PVEM y el PT, que rechazan la reducción del financiamiento público, la disminución de plurinominales y que las dirigencias partidistas pierdan la facultad de ordenar las listas de candidatos. Incluso han dicho que esa reforma es innecesaria. El 16 de enero, Sheinbaum ordenó que se instalaran una mesa de negociación en la Secretaría de Gobernación para construir un acuerdo entre Morena, PVEM y PT, en el ánimo de enviar una propuesta que tuviera un acuerdo previo y la garantía de que sería aprobada con las mayorías calificadas del oficialismo. Pero los aliados mantuvieron su rechazo y las negociaciones fracasaron, y el pasado 19 de febrero la presidenta anunció que enviaría el plan en el que ella cree, pues no tendría ningún sentido proponer una reforma electoral “desdibujada”.

Luego de 20 reformas constitucionales aprobadas por las mayorías de Morena, PVEM y PT entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, la reforma electoral pondrá a prueba a la coalición oficialista, que además enfrenta conflictos locales en estados como Oaxaca, San Luis Potosí, Coahuila, Zacatecas, Campeche y Quintana Roo, derivados de la pugna que ha comenzado por las candidaturas de 2027, cuando se renovarán 17 gubernaturas y cargos municipales en casi todo el país.

El proyecto de Sheinbaum, según han adelantado funcionarios del gobierno, propondrá nuevamente la reducción del financiamiento público a los partidos, hasta en un 25%; la eliminación de 32 senadores electos actualmente a través de una lista nacional confeccionada por las dirigencias de los partidos; la elección de los 200 diputados plurinominales mediante listas abiertas, para que sea el voto ciudadano lo que decida qué candidatos ganan una curul; además de una amplia batería de cambios en el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para reducir sus costos, agilizar procesos, eliminar duplicidades y facilitar ejercicios de participación ciudadana. Según anunció la presidenta, será el martes cuando haga público el proyecto y envíe la iniciativa al Congreso.