El desacuerdo por los plurinominales, el obstáculo infinito de la reforma electoral de Sheinbaum

Un mes de negociaciones y más de veinte reuniones en la Secretaría de Gobernación no han sido suficientes: las diferencias entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo sobre la fórmula para elegir a los diputados plurinominales sigue siendo el principal obstáculo para que salga adelante la iniciativa de reforma político-electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si bien ya existe un acuerdo para mantener los 200 diputados de Representación Proporcional (además de los 300 de Mayoría Relativa), ahora el Verde y el PT rechazan los cambios en la forma de designación de esos candidatos, que actualmente surgen de listas cerradas confeccionadas por las cúpulas de los partidos.

No es menor el desacuerdo: mientras la presidenta Sheinbaum y la dirigencia de Morena empujan propuestas para que la ciudadanía intervenga en la elección de los llamados “plurinominales”, sus aliados quieren mantener esas postulaciones como una prerrogativa de las dirigencias. “Nosotros vamos a enviar la reforma, porque yo me comprometí con la gente en mis 100 puntos. Es una reforma que mantiene la representación de las minorías, pero que todos aquellos que quieran ser diputados o senadores busquen el voto popular”, reiteró Sheinbaum la semana pasada, lo que fue interpretado por los negociadores como la posibilidad de que la iniciativa se mande al Congreso sin el consenso previo de los aliados de Morena.

Actualmente, los 200 diputados de Representación Proporcional se eligen a partir de cinco listas (una por cada circunscripción) confeccionadas por las dirigencias de los partidos y cada fuerza obtiene un número de diputaciones dependiendo del porcentaje de votación alcanzado en cada circunscripción. Todo ello da pie a que los primeros lugares sean ocupados por candidatos designados desde las cúpulas partidistas y, en muchas ocasiones, son los propios líderes los que se colocan en los lugares de mayor privilegio.

Sheinbaum pretende acabar con eso y, desde que asumió el cargo, se pronunció a favor de que todos los candidatos hagan campaña y que la ciudadanía vote también por los pluris de manera directa, para lo cual la comisión presidencial de reforma electoral puso varias propuestas sobre la mesa. Por ejemplo, que haya una sola lista abierta a nivel nacional, que los candidatos hagan campaña y que entren los más votados de cada partido. Otra opción es que los aspirantes perdedores más votados en cada distrito conformen las listas de Representación Proporcional de los partidos; es decir, aun perdiendo su distrito, los candidatos más competitivos entrarían al Congreso.

Ninguna de las opciones ha sido aceptada por los dirigentes del PVEM y el PT, quienes insisten en que los partidos deben mantener lugares asegurados en cada Legislatura. “Los dirigentes no pueden estar en campaña y al mismo tiempo planear la estrategia y dirigir el partido”, argumentó uno de los negociadores del PT en una de las muchas sesiones que se llevaron a cabo en el último mes en el despacho de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Las reuniones iniciaron el 16 de enero, al día siguiente de que la presidenta Sheinbaum ordenara que las negociaciones con Verde y PT las encabezara la secretaria de Gobernación. El objetivo es construir una propuesta que cuente con el respaldo suficiente para ser aprobada, pues cualquier reforma constitucional pasa por el acompañamiento de los dos partidos aliados. Para obtener la mayoría calificada de 335 votos en la Cámara de Diputados, Morena requiere los 62 diputados del Verde y los 49 del PT. Y, para alcanzar los 85 votos en la Cámara alta, depende de los 14 senadores verdes y los 6 petistas.

En un mes de conversaciones, sólo una vez han asistido los tres dirigentes: Luisa María Alcalde, de Morena; Karen Castrejón, del Verde, y Alberto Anaya, del PT. Al resto de reuniones acuden Esteban Martínez Mejía, por parte de Morena; Arturo Escobar, Carlos Puente y Manuel Velasco, del Verde; Reginaldo Sandoval, Benjamín Robles y Silvano Garay, del PT; el subsecretario César Yáñez y un equipo de asesores de la Secretaría de Gobernación, que según fuentes gubernamentales ya tiene redactada la mayor parte de la iniciativa. La Comisión encabezada por Pablo Gómez solo intervino al principio de las conversaciones, a mediados de enero, y apenas esta semana volvió a reactivarse para comentar a redactar los textos de la iniciativa.

Las diferencias en torno a la reforma electoral persisten a pesar de los intentos de Morena, PVEM y PT por escenificar actos de unidad. Y, en lo local, los partidos del oficialismo muestran otros signos de fractura, como el rompimiento de su alianza en las elecciones de Coahuila en este año y la aplicación de las reglas de combate al nepotismo impulsadas por Sheinbaum.

Los avances en nueve temas

En la más reciente reunión se reservó nuevamente el tema de los plurinominales para seguir avanzando en el resto de las propuestas de reforma constitucional, e incluso en la redacción de algunas iniciativas de reforma a tres leyes secundarias: la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), la Ley de Partidos Políticos y la Ley de Medios de Impugnación. La decisión de “encorchetar” el tema de la Representación Proporcional se dio durante una reunión que inició el jueves en la tarde y concluyó casi a la medianoche. Las negociaciones se reanudarán la próxima semana, ya fuera del plazo que originalmente planteó la presidenta -segunda semana de febrero- y cuando el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, ya advirtió que, de no estar lista la iniciativa en este mes, se reducirán los tiempos para poder discutirla y aprobarla antes de mayo, que es el límite legal para hacer reformas que puedan aplicarse en las elecciones de 2027.

Los avances más importantes están en nueve temas: uno, la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, compactando áreas, reduciendo el número de funcionarios en las 32 Juntas Locales y eliminando funciones como la educación cívica; dos, una reforma a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) para que sus integrantes ya no sean designados desde el INE y no se dupliquen funciones; tres, cambios que faciliten los ejercicios de democracia participativa, como la consulta popular, la revocación de mandato y la iniciativa ciudadana; cuatro, facilitar el registro de nuevos partidos políticos; cinco, modificar los tiempos de radio y televisión que se asignan a los partidos y a las autoridades electorales; seis, facilitar el voto de los mexicanos desde el extranjero; siete, limitar el uso de anuncios espectaculares y la propaganda electoral contaminante; ocho, realizar la próxima elección judicial hasta 2028, y nueve, endurecer la fiscalización del financiamiento de partidos y candidatos y castigar severamente el patrocinio del crimen organizado.