La presión del Gobierno de Kast sobre los morosos del CAE deja una recaudación ‘peak’ en las arcas fiscales de Chile

La Tesorería General de la República (TGR), encargada de la recaudación fiscal en Chile, ha registrado esta semana cifras por encima de sus promedios. Los ingresos, de hasta unos 2,1 millones de dólares en un día, responden a la advertencia del Gobierno de derechas de José Antonio Kast de embargar los bienes, en primera instancia, a los morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE) –un préstamo estudiantil para ingresar a la universidad– que devenguen salarios superiores a los cinco millones de pesos bruto al mes (5.500 dólares).

El órgano recaudador inició este lunes una seguidilla de acciones de cobro judicial y administrativo a más de 550 mil deudores del CAE, lo que había sido instruido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por ser una de las medidas del denominado Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno de Kast para ordenar las cuentas fiscales. La TGR, presidida por Hernán Nobizelli Reyes, estimó que la deuda –antes de iniciar su plan de recaudación– alcanzaba los cuatro billones de pesos (4.400 mil millones de dólares) en 2025, multiplicándose por ocho respecto de 2018.

Según fuentes de esta institución, el martes ha sido el día de esta semana que más han recibido pagos por parte de los morosos desde que comenzaron el proceso y hasta ahora: 2.052 millones de pesos (2,1 millones de dólares), mientras que el miércoles obtuvieron el equivalente a 1,3 millones de dólares.

En marzo, Quiroz aseguró que había 1.800 deudores del CAE con ingresos por encima de los 5.500 dólares bruto al mes, lo que se traduce a una morosidad al fisco de 20 millones de dólares. “La vamos a ir a cobrar”, señaló en un seminario organizado por el Diario Financiero, en el que afirmó que el Estado no había iniciado ninguna acción de cobro de este crédito desde 2017 y que solo estaba pagando el 40% de los deudores. En esta instancia fue que advirtió que, como Ejecutivo, tomarían acciones en contra de aquellos morosos con altas rentas, incluyendo embargos de bienes (viviendas, automóviles y otros).

El resultado de la medida fue adelantado por el propio ministro de Hacienda, que este martes en un seminario organizado por la Sofofa y la Universidad del Desarrollo (UDD) dijo que la Tesorería solía recaudar en promedio diariamente unos 30 millones de pesos (33 mil dólares) de deudores del CAE antes de anunciar posibles acciones por el impago del crédito, el 19 de marzo. En las últimas tres semanas, según Quiroz, esa cifra se multiplicó seis veces.

Kast asumió la Presidencia hace casi un mes, bajo la premisa de implementar un Gobierno de emergencia y la promesa de realizar un recorte del gasto estatal de 6.000 millones de dólares en 18 meses, aunque este plazo fue relativizado por Quiroz después de que el ultraconservador ganara las elecciones en diciembre. Para reducir el déficit fiscal heredado por el Gobierno del izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), la actual Administración estableció una agenda orientada a combatir los abusos o malas prácticas en el uso de los recursos públicos, mejorar la eficiencia del erario y se ordenó una disminución permanente del 3% de los dineros de los ministerios, salvo el de Seguridad.

En 2025, el déficit estructural de las arcas fiscales de Chile alcanzaba un 3,6% del Producto Interno Bruto y un déficit efectivo del 2,8% del PIB, lo que desató criticas de la derecha sobre la gestión financiera de Boric debido a que dejó una liquidez reducida a pesar de que su Gobierno no enfrentó una crisis.

La situación de las finanzas públicas se transformó en un asunto que ha tensionado las relaciones entre Kast y Boric, tanto antes como después de la llegada del republicano al Palacio de La Moneda, el 11 de marzo. “La deuda subió 40 mil millones de dólares desde que partió la Administración pasada a la fecha”, añadió el titular de Hacienda, el martes.

Al plan de cobros a los deudores del CAE se suman otras medidas anunciadas por Kast, principalmente sobre el futuro de la gratuidad universitaria, la que el Gobierno de derechas propone limitar a los postulantes mayores de 30 años y de la que también podrían quedar inhabilitadas por cinco años las personas que hayan sido condenadas por delitos graves.