Cobro del CAE: cómo es el plan de la Tesorería para los deudores y quiénes arriesgan acciones judiciales

La Tesorería General de la República (TGR) ha presentado este lunes un plan de cobro efectivo de las deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE), un préstamo estudiantil pactado por miles de alumnos para ingresar a la universidad que se obtiene a través de la banca privada con el aval de Estado. La medida es parte del denominado plan de Reconstrucción Nacional impulsado por la Administración de derechas de José Antonio Kast, que pretende ordenar las finanzas públicas para gestionar el Gobierno de emergencia impulsado por el Ejecutivo. Esta medida se suma a la limitación de la entrega de la gratuidad universitaria, la que de acuerdo a la propuesta del Gobierno no será entregada a los postulantes mayores de 30 años.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha dicho que la autoridad buscará el pago de la deuda por parte de los morosos con cualquiera de los instrumentos dispuestos por la legislación vigente. “Vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo que incluye embargos. Espero que no veamos grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de cinco millones de pesos y que lo están ganando gracias a un crédito que le dio el Estado. Me costaría entenderlo“, ha dicho el ministro Quiroz.

Quién cobra la deuda del CAE

Las personas que han estudiado con el crédito y que tienen su cuenta al día pagan sus cuotas directamente con el banco con el que firmaron el préstamo. Los deudores que han dejado de pagar por varios meses deben recurrir a la TGR, el organismo público encargado de recaudar el dinero de beneficio fiscal. La TGR toma el cobro de la deuda ya que los bancos hacen efectivo el aval estatal del CAE.

El plan de cobro de la Tesorería

La TGR ha dicho que unas 550.000 personas mantienen una deuda por el CAE. El plan de cobro se divide en dos grupos de morosos. El primer grupo contempla el inicio de un proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago, para los deudores que tengan ingresos mensuales superiores a 5 millones de pesos (5.300 dólares). La entidad ha precisado que las medidas para promover la regularización del pago incluyen el inicio de juicios ejecutivos según corresponda a la situación de cada deudor. En un segundo grupo están los morosos que tienen una renta mensual inferior 5 millones de pesos, según la última Operación Renta (2025), y que mantienen una deuda igual o superior a 1 unidad tributaria mensual (UTM), equivalentes a 69.889 pesos (76 dólares), los que pueden acceder a convenios de pago.

En caso de no contar con información de renta disponible, las personas que están habilitadas para hacer el convenio pueden adjuntar el certificado de Operación Renta y si es que no declaran renta, el certificado de cotizaciones previsionales, a través de la Oficina Virtual. Asimismo, quienes registren ingresos, pero actualmente se encuentren cesantes, pueden acreditar su situación por la misma vía. Los morosos que vivan en el extranjero pueden regularizar su situación de manera remota. La información completa está disponible en el sitio web oficial de la TGR.

El embargo por no pagar

El Ejecutivo ha advertido a los deudores que el embargo de bienes (casas, vehículos, muebles, etc.) para los morosos del CAE es una posibilidad, aunque los especialistas estiman que esta posibilidad es compleja ya que depende de quién está cobrando la cuenta y de la judicialización para ejecutar el cobro. La TGR ha explicado que proceso de recuperación de recursos fiscales puede incluir medidas como embargo o retención de bienes, tales como fondos en cuentas bancarias, remuneraciones u otros activos financieros, siempre conforme al marco legal vigente. El estudio jurídico Defensa Deudores explica que un embargo se puede concretar luego que la institución financiera inicie acciones legales de cobro para recuperar la deuda, aunque este tipo de casos es marginal debido a que el aval del Estado traspasa el pago hacia la TGR. Una forma de cobro que tiene la Tesorería es la retención de la devolución de los impuestos.