El ‘Gobierno de emergencia’ de Kast se distrae del orden y la economía con una agenda de alto contenido ideológico

El presidente José Antonio Kast camina hacia sus primeras cuatro semanas de Gobierno y, a juzgar por lo que ha mostrado en este período, en sus cuatro años de mandato no solo se enfocará en las prioridades que prometió en campaña -un Gobierno de emergencia para enfrentar la delincuencia y el bajo crecimiento-, sino en una agenda de alto contenido ideológico. “Van por todo”, escribió este fin de semana la que fue ministra del Interior de Gabriel Boric, Carolina Tohá, de la izquierda moderada, en referencia a la cadena de medidas que muestran su sello restaurador y conservador. Convencidos, como decía la misma Tohá, de que fueron elegidos “para modelar el país a su pinta” -el mismo error que cometieron las tres administraciones anteriores, de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Boric- y con la idea de que los problemas del país se solucionarán solo por el hecho de que ellos han llegado al poder.

La agenda central del Gobierno se ha complicado. La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, ha tenido un aterrizaje complejo. No solo por su papel poco aclarado en el retiro de una alta detective de la policía chilena (PDI), Consuelo Peña, con amplia experiencia en causas de alta complejidad. Es un asunto al que el jefe de la PDI, Eduardo Cerna, deberá referirse este lunes en la Cámara de Diputados y del que la Contraloría ha pedido información. Pero en esta área hay un segundo asunto: Kast alimentó las expectativas de la ciudadanía respecto del control de la delincuencia, un problema donde resulta complejo mostrar resultados de fondo en poco tiempo. No le ayuda la cantidad de homicidios que se han producido en la capital desde el 11 de marzo, la fecha en que asumió el actual Gobierno.

La economía, otro de los ejes del actual Gobierno, por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no parece ser un frente donde los chilenos observarán prontos alivios. En Banco Central chileno estima mayor inflación y menor crecimiento para 2026. La decisión del Gobierno de Kast respecto del alza mundial del precio de los combustibles fue no contener el aumento mediante el mecanismo financiado por el Estado, por lo que se traspasará a los consumidores. En una política de shock, sin embargo, se han contemplado determinados subsidios. El argumento de fondo, defendido principalmente por su ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se resume en una frase: no hay plata -que no hay dinero en las arcas fiscales- y que Chile no se puede seguir endeudando. La directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, Andrea Repetto, ha sido una de las críticas: ha dicho que Chile “sí tiene capacidad financiera”. Para la economista, Kast cree que la crisis internacional “va a durar mucho” o “simplemente quiere reducir el tamaño del Estado”, aseguró respecto de esta medida que impactará directamente en la vida cotidiana de los chilenos, porque el aumento del diésel hará subir los precios de buena parte de los bienes.

Existe cierto consenso en que Chile debe aminorar su déficit fiscal -lleva cerca de 18 años gastando más que los recursos que puede recaudar-, pero la forma que ha elegido el Gobierno de Kast para ordenar las finanzas públicas ha sido a rajatabla. El ministro Quiroz ha pedido a los 24 ministerios reducir en un 3% sus gastos, aunque el Gobierno recién comienza y la mayoría de los ministros no tiene gran experiencia en el aparato estatal como para detectar la mejor manera de recortar. Incluso pidió reducciones en el ministerio de Seguridad, algo inentendible considerando que el orden público es uno de los ejes por las que esta Administración fue elegida. La semana pasada, sin embargo, Quiroz echo pie atrás y anuló la petición de ajuste en esta cartera.

En Relaciones Exteriores probablemente se ha dado uno de los principales giros. El que fue canciller en la Administración de Ricardo Lagos, el democristiano Ignacio Walker, ha asegurado que “el carácter del Gobierno de Kast es político-ideológico, más que de Estado”. Enumera diversas decisiones: como presidente electo, Kast apoyó la acción militar de Estados Unidos contra Venezuela, luego la de Estados Unidos e Israel contra Irán y asistió al resort de Trump en Florida a la reunión a la que el presidente estadounidense convocó a los países amigos, donde se planteó una alianza militar. “¿Este alineamiento político-ideológico del Gobierno del presidente Kast con el presidente Trump, con el trasfondo de la confrontación de Estados Unidos y China, marca lo que será la política exterior chilena? ¿Cómo esto entrará en tensión con la política exterior como política de Estado?“, se pregunta Walker, que forma parte del comité asesor de la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas.

Es en este punto donde Kast ha tomado una de las decisiones de mayor contenido ideológico en sus casi cuatro semanas de mandato: retiró el apoyo de Chile a la postulación de Bachelet, argumentando, entre otros asuntos, que su carrera a la ONU era “inviable”. El exsenador Ricardo Lagos Weber, del partido PPD, de centroizquierda, analizó: ¿qué gana este Gobierno con retirar el apoyo a Bachelet? “Hay algo muy ideológico detrás”. Lagos Weber pensaba que el Gobierno se dedicaría a implementar su agenda centrada en el control de la delincuencia y en la economía y a generar ciertos vínculos con la oposición para sacarla adelante, lo que no se ha demostrado en estas primeras semanas de Gobierno.

Hace una semana, Kast y su esposa, Pía Adriasola, estuvieron en la final nacional del rodeo, una práctica cuestionada por el maltrato animal. Adriasola cantó a capella una tonada costumbrista: “Chile, Chile lindo/ cómo te querré/ que si por vos me pidieran/ la vida te la daré”. El presidente respaldó calurosamente la celebración campesina tradicional, que en el segundo proceso constituyente de 2023 -que lideró el Partido Republicano y que fue rechazado por la ciudadanía- se quería consagrar en la Constitución como “deporte nacional”. Su ministra del Deporte, la exatleta Natalia Ducó, definió el rodeo como “una expresión vinculada a la historia, a las familias y a una forma de comprender el campo chileno”.

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mientras, ha sido siempre incómodo para el Partido Republicano de Kast, que alguna vez pensó en eliminarlo. A cambio, nominó a Judith Marín como ministra, una activista antiaborto, representante de una fuerza política extinta vinculada con el mundo evangélico, el Partido Social Cristiano. Es el contexto en que se produjo esta semana el despido de una alta funcionaria de la cartera enferma de un cáncer de mama agresivo. El presidente Kast respaldó la decisión de Martínez -“la confianza no se dio”, dijo-, mientras el equipo de comunicaciones de la Presidencia chilena divulgó al interior del Gobierno un escrito donde señalaba: “Las condiciones personales de salud, siendo completamente respetables, pertenecen al ámbito privado y no forman parte de los criterios de evaluación de desempeño ni de continuidad en un cargo de esta naturaleza”.

Las decisiones de este tipo se han visto por montones en estos 25 días. El Gobierno ha señalado que “gobernar es priorizar”, pero en la priorización de medidas echan abajo las que no les gustan del todo. Fue lo que ocurrió con el anuncio de paralización de la expropiación del terreno de Colonia Dignidad –enclave alemán donde se violaron los derechos humanos-, donde el Gobierno de Boric proyectaba un sitio de memoria. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, lo explicó: “Estamos velando por los derechos humanos de nuestros vecinos. El ministerio de Vivienda y Urbanismo se dedica a hacer casas, a mejorar la ciudad y a hacer barrios. Ese es su foco. Y los derechos humanos que están siendo vulnerados hoy son los derechos humanos de los niños que viven hacinados y que por culpa de eso sufren violencia intrafamiliar”, aseguró el ministro de Kast. El presidente luego matizó: que sea “un lugar acotado”, dijo, no de 117 hectáreas.

Dos asuntos muestran la forma en que el Gobierno se ha distraído del orden y la economía, sus prioridades: el anuncio del presidente de que indultará a uniformados condenados tras el estallido social en 2019 y el retiro del decreto enviado por la Administración de Boric que modificaba el reglamento de la Ley Karin, sobre violencia en el trabajo.