Los indultos a exuniformados con los que Kast pretende revivir el clivaje de estallido social

Aunque no está dentro del concepto de las medidas del “Gobierno de emergencia” que el presidente chileno de derechas, José Antonio Kast, propuso en su campaña y que ha empezado a implementar desde que asumió el 11 de marzo, en paralelo ha abierto la puerta para revisar los casos de los excarabineros y exmiembros del Fuerzas Armadas condenados por violencia institucional durante el estallido social de 2019, pues ha dicho que usará la facultad, que está en la Constitución, que en Chile tienen los mandatarios de indultar. No se ha precisado a quiénes ni a cuántos ni cuándo, pero se ha transmitido que se analizará caso a caso.

El izquierdista Gabriel Boric (2022-2026), al finalizar el primer año de Gobierno indultó, tal como lo había prometido en su campaña, a 12 condenados por delitos en el estallido social. Pero, rápidamente, la decisión se le volvió en contra como un bumerán, pues en el listado hubo desprolijidades y se favoreció a algunos presos que habían cometido delitos comunes, como fue el caso de Luis Castillo. Es un hecho por el que la derecha, cuando fue oposición, le criticó duramente y sigue haciéndolo, y que en su tiempo le costó la salida del Gabinete a su ministra de Justicia, Marcela Ríos.

Fue el propio Kast quien anunció que usará su facultad de indultar durante las varias entrevistas televisivas que concedió la semana pasada tras asumir en La Moneda. Por ejemplo, dijo al canal Chilevisión que en algunos casos de “violencia extrema” la utilizará “para personas que defendieron la patria”, y que se va a evaluar “todas las situaciones”.

“Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”, dijo el mandatario.

La decisión también la corroboró este domingo el ministro del Interior, Claudio Alvarado, en una entrevista que concedió en La Tercera, en la que el periódico le recordó que los indultos no estaban contemplados dentro del programa de Gobierno. El jefe de Gabinete dijo que Kast había señalado que sí “se podrían revisar las situaciones caso a caso y, en función de ese análisis se podría tomar una decisión”.

Alvarado marcó distancia con los indultados por Boric y recordó que si los criticaron fue porque había “delincuentes” y que “en algunos casos esas personas que participaron en hechos de violencia fueron favorecidos con pensiones de gracia [tenían antecedentes penales]“. Y agregó que, en cambio, Kast se referido a funcionarios públicos que cumpliendo el deber de defendernos de esa violencia desatada, hoy tienen algunas condenas”.

En la encuesta Panel Ciudadano de la Universidad del Desarrollo (UDD), dada a conocer este domingo, gran parte de las medidas que ha presentado Kast en sus primeros días de Gobierno generan respaldo. Pero no es el caso de los posibles indultos a los funcionarios por la violencia en el estallido social, que genera opiniones divididas: un 46% está de acuerdo y un 44% en desacuerdo.

Según información de la fiscalía nacional, hasta junio de 2025 existen 64 sentencias condenatorias ejecutoriadas por los hechos del estallido social, ocurridos entre el 19 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020, que es cuando acabaron las protestas debido a la pandemia. De ellos, 85 son Carabineros, la policía uniformada; 16 al Ejército y uno de la Armada.

Dentro de las personas que sufrieron lesiones oculares y que les provocó ceguera se encuentran dos parlamentarios, la senadora independiente de izquierda Fabiola Campillai, electa para el periodo 2022-2023, y el diputado Gustavo Gatica, independiente apoyado por el Partido Comunista (PC), que asumió este 11 de marzo por cuatro años.

En el caso de Campillay fue condenado a 12 años por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas el excapitán de Carabineros Patricio Maturana, a quien hace poco más de un mes se le otorgó la salida dominical de la cárcel. En cambio, en el proceso de Gatica, el pasado 13 de enero la justicia absolvió al expolicía Claudio Crespo.

Hace casi un año, Kast visitó a Maturana en la cárcel. Y dijo en un video que fue condenado “por cumplir con su deber en medio del caos, del miedo y la violencia desatada en todo el país”. Y que ese día en San Bernardo, en la zona sur de Santiago —por donde caminaba Campillai rumbo a su trabajo en una fábrica—, que el carabinero recibió “una orden directa de dispersar a los manifestantes violentos” y que en ese contexto “dispara una bomba lacrimógena desde más de 50 metros de distancia sin apuntarle a nadie. Él no tenía la intención, sin embargo, fue condenado por apremios ilegítimos [término al que puso comillas con sus manos] ¿Con qué pruebas concluyentes? ¿con qué certezas? ¿con qué imparcialidad? “, dijo.

Y agregó que muchos carabineros “hoy sienten miedo de actuar, porque saben que si cumplen con su deber, pueden terminar como él [Maturana]: solos, abandonados y criminalizados. Este no es un caso aislado; es parte de una persecución ideológica con nuestras Fuerzas de Orden que comenzó el 18 de octubre de 2019, cuando grupos radicales intentaron destruir Chile desde dentro. No eran manifestantes pacíficos, eran violentistas insurrectos”. Y luego dijo que como futuro presidente, sería muy claro: “Vamos a revisar con responsabilidad cada proceso en que Carabineros y miembros de las Fuerzas Armadas sean perseguidos por defender la patria” y que, en el caso de Maturana, se comprometía a realizar ese análisis y que, si corresponde, impulsará “un indulto particular”.

Este domingo, el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, uno de los columnistas chilenos más influyentes, cuestionó a Kast en El Mercurio no por querer usar su facultad de indultar, pues es legal, sino por sus argumentos. “El presidente confunde cumplir un deber, por una parte, con hacer algo con ocasión de cumplir un deber, por la otra. Controlar el orden o defender la patria, no cabe duda, es un deber de la policía; torturar a un manifestante con ocasión de ejecutar ese deber, es un delito. El primer caso no merece pena penal alguna. El segundo sí”.

Peña añadió que en el caso de los agentes del Estado que están privados de libertad, “han sido condenados no por cumplir con su deber o por ejecutar un mandato del Estado”, sino que “la condena ha sido porque con ocasión de ejecutar un deber, cometieron un delito, es decir, ejecutaron una conducta con el propósito de causar daño, y lo causaron. Y a juicio de los tribunales no había ni excusa ni justificación para hacerlo”.

Es el ministerio de Justicia, a cargo del abogado Fernando Rabat, el encargado de revisar caso a caso. Campillai se ha opuesto a los eventuales indultos “Exigimos al presidente de la República y al ministro de Justicia respetar las decisiones de los tribunales”, dijo la senadora. “Acá hay personas que quedaron ciegas porque las atacaron cuando iban al trabajo, como fue mi caso. En nombre de las familias y de todas las víctimas de violencia institucional, pedimos que se respete el Estado de derecho y los derechos humanos”.