Los mil y un obstáculos de la reforma electoral de Sheinbaum que ha sido secuestrada por los aliados de Morena

La prometida reforma electoral de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se ha encarrilado al precipicio. Los mil y un obstáculos de la enmienda constitucional bajo las premisas que la mandataria ha planteado y ha prometido entregar en enero, apuntan irremediablemente al PVEM y el PT, los partidos aliados de Morena que tienen secuestrada la propuesta mucho antes de que llegue a ver la luz, han confirmado fuentes cercanas a la presidencia. La reducción del financiamiento público a los partidos, a través de las llamadas prerrogativas, y la desaparición de los legisladores de representación proporcional, conocidos como plurinominales, son los ingredientes más atractivos que ha delineado la mandataria de su propuesta, que únicamente ha sido enunciada en el discurso y sigue sin materializarse en el papel. Esos elementos también son el punto de quiebre con sus partidos aliados que han puesto como moneda de cambio el contenido de la reforma en la negociación de la coalición electoral de cara a los comicios intermedios de 2027 que iniciará en enero. “No podemos dejar una reforma secuestrada o limitada a los grupos parlamentarios que forman la coalición Morena, PT, PVEM”, ha sostenido el vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados y cercano a la presidenta, Alfonso Ramírez Cuellar.

La situación ha lanzado contra las cuerdas a la mandataria y al partido gobernante, Morena, que analiza la ruta para cumplir con la palabra presidencial sin ocasionar ninguna fisura con sus aliados, cuyos votos son decisivos en la aprobación o no de las enmiendas constitucionales. Los escenarios se han estrechado. El primero y más viable, dicen morenistas y aliados, apunta a patear el bote para que esa propuesta no llegue siquiera a materializarse; la segunda, asumir el costo y entregar una iniciativa descafeinada sin reducción presupuestal y sin desaparición de plurinominales, o en su caso, con una alternativa simbólica que no alcance a tocar los intereses de los partidos; y la tercera, elevar el debate para empujar desde la ciudadanía la enmienda a tal grado que los socios del oficialismo sean incapaces de negar su voto. Un escenario casi imposible de ver en el corto plazo.

Con este contexto por delante, Morena busca cambiar el foco, quitar los reflectores de la reducción del presupuesto y la desaparición de los pluris, la dupla en la que tanto ha insistido la presidenta mexicana. Todo encaminado a construir una reforma integral que ponga el acento en otros temas de calado, pero menos polémicos. “Sería un gran desperdicio circunscribir el debate en torno a si plurinominales sí o no. La situación del país nos reclama una profunda reforma del Estado mexicano”, ha sostenido Ramírez Cuellar.

Las piezas del rompecabezas llamado reforma electoral están sobre la mesa; los primeros borradores se han comenzado a dibujar, encaminados a un giro de tuerca. En el tema del financiamiento público, mantener las prerrogativas únicamente para los procesos electorales y dejar de pagar el gasto corriente de las agrupaciones políticas. En la cancha de los plurinominales, se plantea desaparecer únicamente la representación proporcional en los 32 escaños del Senado y mantener las 200 curules plurinominales en la Cámara de Diputados.

En otro frente, un sector del oficialismo, el más cercano a la mandataria, empuja la inclusión en la reforma presidencial, la eliminación del fuero, que tiene la férrea oposición de verdes, petistas y morenistas; la restauración de la Auditoría Superior de la Federación, que bajo la dirección de Pablo Gómez: “Vamos a ejercer nuestra fuerza, la reforma electoral no va a ser producto de camarillas” atraviesa una crisis de transparencia y credibilidad, junto con las auditorías de los Estados; una reforma profunda al Congreso mexicano y la creación de un nuevo sistema nacional anticorrupción tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Una propuesta difícil con limitadas posibilidades de avanzar.

Los morenistas preparan el terreno de lo que se perfila a ser el plato fuerte para el próximo periodo de sesiones del Congreso mexicano. La agenda legislativa que defina la bancada mayoritaria de Morena será la hoja de ruta del 1 de febrero al 30 de abril del 2026, el lapso que comprende el primer periodo de sesiones. La reforma electoral, el cambio de fecha de la consulta de revocación de mandato para que sea concurrente con las elecciones de 2027 y no en 2028, así como la eliminación del fuero constitucional, se han delineado como parte del paquete de calado que será puesto a debate en el Legislativo. Dos de estos temas, la reforma electoral y la eliminación del fuero constitucional, ya tienen por delante el voto en contra de sus partidos aliados y también el de la oposición.

La comisión presidencial a cargo de llevar a buen puerto la redacción de la iniciativa que enviará Sheinbaum, con la dirección de Pablo Gómez, el histórico político de la izquierda mexicana, ha concluido con los foros de consulta en los que han participado distintos sectores de la sociedad. La etapa de análisis ha iniciado con miras a entregar un producto legislativo el 1 de febrero al Congreso mexicano, que deberá analizar, discutir y votar la propuesta el primer semestre del año. El panorama está lejos de ser alentador. El río revuelto por la antesala de los comicios de 2027 entre las disputas internas que el reparto de candidaturas entre la tríada de partidos aliados deje y los conatos de quiebre y división que se gesten en las entrañas del oficialismo durante el proceso, Morena pone en la balanza los pros y los contras de la multinombrada reforma electoral que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador resultó fallida y ahora apunta en la misma dirección.

Los pesos pesados del PVEM, del PT y del propio Morena ven en los intentos de Sheinbaum por sacar la reforma, una batalla y exposición presidencial innecesarias con los comicios intermedios, el pulso de las elecciones presidenciales, a la vuelta de la esquina. “Si la presenta en sus términos, no sabemos si cuente con los votos”, refieren integrantes a cargo del análisis de la propuesta. En el Verde ven con claridad que la propuesta no llegará a concretarse y, en su caso, el debate se congelará.

El planteamiento ha tenido la resistencia de aliados y opositores desde su inicio. “Es una reforma que nació muerta”, ha lanzado un liderazgo del partido Verde, quienes no se atreven a rechazar tajantemente, porque insisten en que aún se desconoce su contenido y se tienen dudas fundadas de que llegue a presentarse. La mandataria ha sostenido que la propuesta avanza y está próxima a enviarse al Congreso. Con este contexto, la mejor salida que ven en la agrupación guinda es que se trate de una iniciativa suavizada o, en el caso más extremo, en sus términos, pero sin posibilidades de que avance, un costo político para Sheinbaum que vería debilitado su poder, una vez más, frente a los partidos que la llevaron a la presidencia. En más de una ocasión, Morena y aliados han desoído las enmiendas enviadas por la mandataria y les han hecho cambios sin el consenso presidencial. Como es el caso de la reforma para prohibir el nepotismo en los cargos de elección popular, es decir, la herencia de cargos, aplicable a partir de 2027. En ese caso, el Partido Verde logró hacerla efectiva hasta 2030, pasando por encima de la voluntad de Sheinbaum.

La cuenta regresiva para la reforma electoral amenaza con activarse las primeras semanas de enero, aunque en lo privado aún se analiza el costo político para Sheinbaum y los efectos que tendrá en la alianza oficialista que la iniciativa se presente en los términos que ha esbozado la mandataria. Una controversia que se puede ahorrar para poner el acento en otros temas de primera importancia en materia económica y de seguridad, refieren legisladores de los tres partidos.