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Sheinbaum toma como hoja de ruta la reforma electoral que no logró desatascar López Obrador

La presidenta revive el proyecto del expresidente para acotar al órgano electoral y recortar el presupuesto de los partidos en medio de las tensiones con el INE por los resultados de los comicios judiciales

Claudia Sheinbaum
Zedryk Raziel

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha adelantado que su Gobierno impulsará en el Congreso una reforma electoral que en sus puntos centrales es parecida a la que ideó Andrés Manuel López Obrador, su antecesor en el cargo. Sheinbaum ha indicado este martes que su proyecto pasará por tres pilares: reducir el presupuesto del órgano que organiza las elecciones —el INE—, recortar el financiamiento público de los partidos y modificar el sistema de legisladores plurinominales. López Obrador no tuvo la fuerza suficiente en el Legislativo para sacar adelante el proyecto que impulsó en 2022. Apenas unos años después, mucho ha cambiado en el panorama político mexicano, y hoy Morena tiene una mayoría aplastante en las dos Cámaras del Congreso como para aprobar sin problemas la reforma que ha deslizado Sheinbaum.

Fuentes de Morena y la Presidencia señalan a este periódico que, de momento, no se ha hablado al interior del oficialismo sobre la enmienda electoral venidera. El coordinador del partido gobernante en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, ha declarado este martes que, en todo caso, el asunto podría transitar hasta el próximo curso legislativo, que comienza en septiembre. El Congreso atraviesa ahora un periodo extraordinario en el que Morena busca aprobar una batería de reformas en materia de seguridad y telecomunicaciones prioritarias para Sheinbaum. Por su parte, en el INE, dos consejeros consultados han afirmado que el proyecto de López Obrador siempre ha estado en puerta, como un recurso listo para desenfundarse cuando el órgano electoral resulte incómodo para el Gobierno.

Precisamente, Sheinbaum ha anunciado su reforma electoral mientras criticaba al grupo de consejeros del INE que no se ha alineado al oficialismo. Esta vez, la disputa ha nacido por la elección judicial del 1 de junio, con la que los mexicanos han votado por primera vez a sus jueces, conforme a una reforma aprobada el año pasado por Morena. Un bloque de consejeros del INE ha señalado la evidencia de que el oficialismo indujo el voto mediante acordeones para favorecer a determinados candidatos a jueces. El resultado ha sido que los principales tribunales del país —la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral— hayan quedado bajo el control de jueces afines a Morena y a Sheinbaum. La presidenta ha afirmado que los consejeros del INE críticos “no actúan buscando que se cumpla la voluntad del pueblo, que finalmente eso es la democracia, sino que tienen una posición política” contraria al Gobierno de Morena.

El año pasado, el diputado morenista Sergio Gutiérrez confirmó a este periódico que el proyecto concebido por López Obrador se tomaría como punto de partida para diseñar la iniciativa electoral de la era Sheinbaum. El expresidente siempre defendió que su reforma perseguía un fin económico, pues consideraba que el sistema electoral, vigente a la fecha, implicaba demasiado gasto público por cuanto hacía a la organización de los comicios y a la manutención de los partidos.

El proyecto de López Obrador, redactado por Pablo Gómez y Horacio Duarte, dos de los grandes consejeros políticos del exmandatario, proponía transformar el INE en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que quedaría como la única autoridad para organizar todos los comicios, tanto federales como estatales, así como las consultas populares y revocatorias de mandato. El expresidente proponía reducir de 11 a siete el número de consejeros electorales, mismos que tendrían que ser electos por voto popular (tal como ahora sucede con los jueces). En cuanto a la disminución del financiamiento para los partidos, que actualmente se asigna con base en una fórmula fijada en la Constitución con base en la fuerza electoral de cada formación, el expresidente proponía que solo se les entregara dinero público en años electorales; en los años sin elección, los partidos deberían cubrir sus gastos mediante aportaciones de sus militantes.

El asunto de los legisladores plurinominales es más complejo. El país se divide en 300 distritos electorales. De los 500 diputados que integran la Cámara baja, 300 son electos por el voto directo en esos distritos, y otros 200 son designados por “representación proporcional” mediante listas regionales (pluris). En el caso del Senado, de los 128 integrantes, 32 son plurinominales. Los sufragios obtenidos por voto directo sirven de base para repartir más lugares a los partidos a partir de las listas. Este esquema, si bien otorga más legisladores a las fuerzas mayoritarias, también garantiza que los partidos minoritarios tengan representación en el Congreso. López Obrador propuso desaparecer la división en distritos y, en consecuencia, la posibilidad de que haya legisladores pluris. Sin embargo, los 300 diputados y 96 senadores que quedarían no serían electos por el voto directo que actualmente existe. En cambio, se planteaba que ahora los candidatos fuesen postulados mediante listas por cada una de las 32 entidades federativas, a semejanza del modelo estadounidense, en el que los Estados más poblados ganan más posiciones en el Congreso.

El partido gobernante no tuvo el apoyo de la oposición para sacar adelante esa reforma, que por ser constitucional requería de la mayoría calificada —de dos terceras partes— del Congreso. Fue entonces cuando el oficialismo ideó un “plan B”: aprobar cambios legales solo con los votos de la mayoría simple que formaban Morena y sus aliados del PT y el PVEM, una maniobra condenada al fracaso en la Suprema Corte, que echó abajo las reformas por defectos graves en el proceso legislativo. Ese golpe volvió a López Obrador y Morena contra el Poder Judicial. Cuando el Supremo invalidó otras reformas aprobadas irregularmente por el rodillo oficialista en el Congreso, el mandatario perdió la paciencia y lanzó su “plan C”: conquistar las dos Cámaras del Legislativo en las urnas para aprobar todas las iniciativas que fuesen necesarias y, de paso, echar a todos los jueces y cambiarlos por otros electos en las urnas. Esa es la circunstancia en la que Sheinbaum ha revivido ahora el proyecto electoral original de López Obrador. El “plan C” conduce al “plan A”.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).
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