La superelección que pretende Morena en 2027 choca con sus planes de reforma electoral

La intención de Morena de llevar a cabo una superelección en 2027 haría coincidir la revocación de mandato que impulsa la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, con la elección de 500 diputados federales, 17 gobiernos estatales, miles de ayuntamientos y 31 Congresos locales, así como la segunda elección judicial de cientos de cargos y una probable consulta popular. En algunas entidades, los votantes podrían recibir más de 10 papeletas para ejercer el sufragio en una mega jornada electoral.

Estos planes electorales, plasmados en una iniciativa del diputado Alfonso Ramírez Cuéllar (morenista a quien se ubica como operador cercano de la presidenta Claudia Sheinbaum), contradicen algunos de los argumentos con los que el Gobierno ha convocado a foros de consulta para una próxima reforma político-electoral que buscaría, entre otras cosas, hacer más austero un sistema que hoy por hoy cuesta alrededor de 20 mil millones de pesos cada año.

La iniciativa de Ramírez Cuéllar iba a dictaminarse este lunes en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para llevarse al pleno durante esta semana, donde Morena y sus aliados del PVEM y PT tienen los votos suficientes para aprobarla. Pero los coordinadores de las bancadas de oposición pidieron más tiempo para analizar el tema, por lo que el dictamen fue aplazado.

La propuesta parece simple: empatar la fecha de una posible revocación de mandato -en caso de ser convocada- con la de la elección federal intermedia de 2027 y establecer que la consulta popular -un mecanismo que puede convocarse cada año por la ciudadanía o por cualquiera de los tres poderes de la Unión- se celebre también en junio, y no en agosto, como está previsto actualmente.

Ambos ejercicios de participación ciudadana ya fueron ensayados en el sexenio anterior, luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador promoviera una reforma constitucional que los hizo posibles, pero -a petición de la oposición- en fechas distintas a las elecciones convencionales. La Consulta Popular, que originalmente buscaba preguntar a la ciudadanía si estaba de acuerdo enjuiciar a los expresidentes, se llevó a cabo el 1º de agosto de 2021, un mes después de las elecciones federales de ese año. Sólo participaron 6,6 millones de votantes, el 7,11 por ciento de un padrón de 93 millones de posibles electores. La consulta de revocación de mandato se celebró el 10 de abril de 2022 y no fue promovida por los detractores de López Obrador, sino por sus simpatizantes, por lo que terminó siendo más una ratificación que un revocatorio. Participaron 16,5 millones de votantes, equivalentes al 17,7 por ciento del padrón.

Ninguno de los dos ejercicios alcanzó el mínimo de participación del 40 por ciento exigido para que fueran vinculantes, por lo que se convirtieron en eventos simbólicos que Morena y AMLO aprovecharon para movilizar a sus bases.

En ambos casos, el Instituto Nacional Electoral solicitó a la Cámara de Diputados recursos adicionales para organizar el ejercicio: 1.500 millones de pesos para la consulta popular y 3.800 millones de pesos para la revocación de mandato. Pero la Cámara sólo autorizó 528 millones para la consulta y 1.500 millones para la revocación, por lo que no se instalaron las 160.000 casillas exigidas en la ley para cubrir todas las secciones electorales, sino solamente 57.000 mesas receptoras, lo que pudo haber influido en la baja participación.

Uno de los argumentos de la iniciativa de Ramírez Cuéllar es, precisamente, el ahorro que significaría concentrar estos ejercicios de participación ciudadana con las elecciones federales y locales, que actualmente se celebran en casillas únicas, donde bastaría con añadir las boletas de consulta popular y de revocación de mandato.

“Con marcos legales claros, celebrar las votaciones para procesos de revocación de mandato de manera concurrente con otros procesos electorales puede aumentar la participación de la ciudadanía, ahorrar recursos logísticos y financieros, reducir la fatiga electoral en la ciudadanía y mejorar la transparencia y control ciudadano en dichos procesos políticos. Esto sin duda, enriquecería tal ejercicio democrático. En el caso de las consultas populares, que pueden celebrarse todos los años, unificar ambas jornadas en una misma fecha facilitaría la organización logística, se optimizarían recursos públicos y se incentivaría una mayor participación ciudadana, al reducirse la dispersión de eventos electorales en el calendario”, dice textualmente el dictamen pendiente de discusión.

En caso de prosperar la iniciativa, la superelección se celebraría el domingo 6 de junio de 2027 y coincidiría con cinco procesos actualmente previstos en la Constitución: la renovación de la Cámara de Diputados, elecciones de gubernaturas en 17 estados (Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas), elecciones de Congreso local en todos los estados excepto Coahuila, comicios para renovar ayuntamientos en 30 entidades (todas, salvo Durango y Veracruz) y elecciones judiciales en todos los circuitos y distritos federales y locales que no se renovaron en 2025.

Una elección de estas dimensiones pondrá a prueba al sistema electoral, hoy en la mira de un proceso de reforma encabezado por Pablo Gómez, quien ha advertido que Morena y sus aliados usarán su mayoría para aprobar los cambios que apuntan a un adelgazamiento del actual sistema nacional e elecciones, que incluye al INE (con oficinas descentralizadas en todo el país), 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), un Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y 32 Tribunales Electorales estatales.

“La desaparición de los OPLE es muy obvia, nadie puede decir para qué sirven. Los tribunales de los Estados no resuelven ningún asunto, todo va al Tribunal Electoral. Mejor hacemos un sistema de dos instancias. Hay 300 juntas distritales, hay que acabar con ellas”, advirtió Pablo Gómez en entrevista con EL PAÍS, en agosto pasado.

Claudia Sheinbaum en la boleta

Pero el dilema de la superelección 2027 no es sólo técnico o de financiamiento, sino político, pues llevar a cabo la revocación de mandato en ese año y no en abril de 2028 como se prevé en la ley actual, pondría a la presidenta Claudia Sheinbaum en la boleta electoral de las elecciones intermedias.

Esa podría ser la intención de la iniciativa que presentó Alfonso Ramírez Cuéllar en septiembre pasado: apostar a la fortaleza de Sheinbaum en las encuestas, que le otorgan niveles de 70% de aprobación, en contraste con el desgaste que ha sufrido Morena tras un año de escándalos protagonizados por figuras como Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Andrés Manuel López Beltrán (“Andy”), Cuauhtémoc Blanco y algunos gobernadores en funciones.

Para algunos especialistas, la homologación de fechas es una trampa que pone en riesgo el sistema electoral y la democracia misma. “No es una ocurrencia cualquiera, sino una iniciativa que cuenta con la venia de quien, so pretexto de ser evaluada y ratificada por el pueblo, lo que busca es usar su influencia, su poder y los recursos del Estado para incidir en las elecciones de 2027”, opina el exsecretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina.

Con una experiencia de 15 años al frente de la Secretaría Ejecutiva del INE -el área técnica más importante del sistema electoral-, Molina asegura que juntar la revocación de mandato con las elecciones federales y locales, y la elección judicial de 2027, implicaría un punto de no retorno en la intención morenista de perpetuarse en el poder.

Por su parte, el diputado Germán Martínez, integrante del grupo parlamentario del PAN, ha dicho que la oposición no le teme a que la presidenta Sheinbaum esté en la boleta en 2027, siempre y cuando haya reglas claras que garanticen elecciones libres y auténticas, lo cual dependerá de la reforma electoral que termine imponiendo la mayoría oficialista en 2026.

“Esta iniciativa de Ramírez Cuéllar es un esquinazo a la reforma de Pablo Gómez, que evidencia una pugna interna. Pero más allá de esa pugna, lo que nosotros demandamos es que haya reglas electorales que den garantías a una autoridad imparcial. No le tememos al voto y a la expresión libre y auténtica de los ciudadanos, nada más que sí queremos elecciones libres y auténticas, libres de crimen y del dinero público, sin condicionar programas sociales. Quitarle dinero al INE y hacer una mega elección es una contradicción. El PAN no le tiene miedo a la elección, le tiene miedo a la simulación”, ha dicho el panista en entrevista con EL PAÍS.

Ramírez Cuéllar, en cambio, asegura que su iniciativa forma parte de un paquete integral de reformas que buscan fortalecer la rendición de cuentas en México y que incluyen la eliminación del fuero, la reconstrucción de la figura de Auditoría, la reforma del Congreso de la Unión y de la Administración Pública Federal. La discusión del dictamen de esta iniciativa, que iba a celebrarse este lunes, fue aplazada indefinidamente a petición de la oposición, en una reunión de la Junta de Coordinación Política en la que el coordinador morenista, Ricardo Monreal, accedió a darle más tiempo al debate.