Remesas: el fin de la inercia

Durante más de una década, las remesas —esos recursos que provienen de los mexicanos que viven en el exterior, principalmente en Estados Unidos— funcionaron como una especie de estabilizador automático para la economía mexicana. Entre 2013 y 2024, estos flujos casi se triplicaron, pasando de poco más de 23.000 millones de dólares a casi 65.000 millones.

En ese periodo, las remesas no solo compensaron la debilidad del mercado laboral interno, sino que se convirtieron en una de las principales fuentes de divisas del país, superando incluso a los sectores tradicionales de exportación y casi duplicando en ciertos años los recursos recibidos vía inversión extranjera directa (IED). Por cierto, desde 2018 los flujos recibidos por remesas han sido superiores —por mucho— a los recibidos por IED.

Sin embargo, 2025 marcó un punto de inflexión: tras 11 años consecutivos de crecimiento, las remesas recibidas en México cayeron 4,6% anual, al ubicarse en 61.791 millones de dólares. El dato no solo es relevante por la magnitud del flujo, sino por lo que revela del modelo implícito que se construyó alrededor de él. Durante años se asumió que las remesas crecerían casi de manera automática, impulsadas por una economía estadounidense dinámica y una población migrante estable. Benditas remesas. Benditas porque podían mantener comunidades enteras al recibir recursos provenientes de un fracaso de años en el que México, al no poder ofrecer oportunidades laborales a la población, la expulsó del país. Benditas remesas que reflejaban un fracaso.

La caída de 2025, a pesar de que el flujo sigue siendo importante, cuestiona esa premisa. Es cierto que el dato de diciembre —con un crecimiento anual de 1,9%— ofreció un respiro tras ocho meses consecutivos de contracciones. Difícilmente puede interpretarse como un cambio de tendencia. Más bien parece una reacción preventiva ante la posibilidad de nuevas restricciones o un alivio que los familiares en el extranjero quisieron otorgar a sus familiares en México.

La lectura regional refuerza esta idea. Las remesas hacia otros países de América Latina y el Caribe aumentaron, en promedio, más de 16% en 2025. Honduras, Guatemala y El Salvador recibieron aumentos de doble dígito, superiores a 20% en algunos casos. La diferencia podría apuntar a un factor clave: la dinámica migratoria.

Durante los últimos años, el crecimiento de las remesas en la región estuvo —como es obvio suponer— estrechamente vinculado al aumento de migrantes no autorizados en Estados Unidos, no necesariamente provenientes de México, sino de Sudamérica y Centroamérica. Entre 2021 y 2023 entraron a Estados Unidos 3,5 millones de migrantes de países como Venezuela, Colombia, Perú o Guatemala.

En contraste, la migración mexicana aumentó apenas en 200.000 personas, equivalente a 6% del total de nuevos migrantes no autorizados. Sin una renovación significativa de la base migrante, el crecimiento de las remesas hacia México comenzó a perder tracción.

A esta tendencia estructural se suma un cambio abrupto en la política migratoria estadounidense. Los datos señalan que la administración Obama sigue siendo la principal deportadora, pero la forma también ha cambiado. En 2025, durante el primer año del segundo mandato de Trump, la frontera con México prácticamente se selló. Las aprehensiones mensuales de la patrulla fronteriza cayeron a mínimos históricos, con apenas 6.478 en diciembre, frente a los casi 250.000 registrados en diciembre de 2023. Esta caída en los flujos migratorios limita de forma directa el potencial de crecimiento futuro de las remesas.

A diferencia de las detenciones y deportaciones llevadas a cabo durante los tiempos de Obama, el endurecimiento de la política migratoria ya no está en la frontera. En 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —conocido como ICE— removió a 320.000 migrantes, la cifra más alta en los últimos 12 años. Sin embargo, las detenciones ocurrieron dentro de territorio estadounidense y afectaron a personas con varios años de residencia, con trabajos estables, con familias establecidas, es decir, a remitentes activos de recursos.

Desde la perspectiva macroeconómica, la caída de las remesas no representa, por ahora, un riesgo sistémico. Su reducción no parece suficiente para alterar de manera significativa el consumo agregado ni la balanza de pagos. Pero esa lectura agregada esconde una realidad territorial mucho más heterogénea. Nueve estados concentran 62% de las remesas que llegan al país, entre ellos Guanajuato, Michoacán y Jalisco. En entidades como Chiapas, Oaxaca o Guerrero, estos flujos representan una proporción relevante del ingreso de los hogares, considerando que son los tres estados en los que se concentra la población en pobreza extrema.

Aunque en nueve Estados las remesas crecieron en 2025 —destaca Baja California con un aumento de 22,2%—, la mayoría de las entidades registró caídas, particularmente la Ciudad de México y el Estado de México, con contracciones de 17% y 20,4%, respectivamente. Estas cifras anticipan presiones importantes sobre las economías locales.

A los factores migratorios se suma un tercer elemento de riesgo: el tipo de cambio. El peso mexicano se apreció de manera significativa durante 2025, alrededor de 12%, y ha continuado fortaleciéndose a inicios de 2026. Esta apreciación reduce el poder adquisitivo de las remesas en moneda local. De mantenerse esta tendencia, los hogares receptores podrían enfrentar una pérdida cercana al 15% en su capacidad de compra, un impacto especialmente severo si se considera que dos terceras partes de estos hogares se ubican en zonas rurales o semiurbanas.

El mensaje de fondo es claro: las remesas no son una estrategia de desarrollo. No lo han sido nunca. Son, sí, un paliativo. Funcionan mientras el contexto externo es favorable, pero son vulnerables a las decisiones de política pública tomadas fuera del país. La caída de 2025 no debe interpretarse como un evento aislado, sino como una señal de alerta.

México enfrenta el reto de transitar de una economía que se beneficia pasivamente de la migración a una que genere oportunidades suficientes para que migrar no sea una necesidad económica. Apostar al crecimiento de las remesas como sustituto del crecimiento interno es, en el mejor de los casos, una ilusión cómoda; en el peor, una renuncia explícita a una política de desarrollo productivo.

La pregunta ya no es si las remesas volverán a crecer, sino si el país está dispuesto a reducir la dependencia de un ingreso que no controla y que, como 2025 dejó claro, puede revertirse más rápido de lo que tardó en consolidarse.