Sayuri Herrera, la fiscal contra los feminicidios que saltará a Netflix

Sayuri Herrera (Ciudad de México, 43 años) fue nombrada fiscal de feminicidios en la capital el 8 de marzo de 2020. Tras años de activismo y batallas legales contra el Estado, Herrera sirvió hasta febrero de 2025 como la primera titular de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio, una entidad creada aquel año después de que se declarase una alerta por violencia de género. Herrera será la protagonista de La fiscal, una serie de tres episodios que Netflix estrenará más adelante este 2026. “Sigue varios casos de feminicidio, pero ahora desde el punto de vista de la ley. Un poco tratando de entender si es posible cambiar las cosas desde adentro”, contó hace algunas semanas Bernardo Loyola, el director de Documentales para Latinoamérica de Netflix.

Hace algunos años, pocos días antes de asumir el cargo, Herrera advirtió de la “violencia institucional” que contribuyó en México a que se dispararan los feminicidios. “Muchos servidores públicos justifican la violencia, la minimizan y esos delitos son clasificados como homicidios cuando en realidad son feminicidios. No se investiga con perspectiva de género y las investigaciones están cargadas de estereotipos y prejuicios”, sostenía en una entrevista con este periódico quien hoy es funcionaria de la Secretaría de la Mujer.

Para 2020, cuando asumió su nuevo rol, Herrera contaba con una maestría en Derecho por la UNAM y otra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Tenía además una amplia experiencia como abogada litigando asuntos de graves violaciones a derechos humanos como tortura y desapariciones forzadas. Había sido coordinadora del Área Jurídica del Centro Vitoria y también había sido parte del equipo legal de la organización Justicia Pro Persona del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, pero es aún más recordada por haber saltado a los reflectores por su trabajo en el caso de Lesvy Rivera.

El feminicidio en 2017 de la joven de 22 años, cuyo cuerpo fue encontrado en una cabina de teléfono en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), conmocionó a un país en el que cerca de diez mujeres son asesinadas cada día. Las autoridades consideraron inicialmente la muerte como un suicidio, pero la defensa demostró lo contrario y logró que el delito se juzgara como feminicidio.

En México, donde alrededor del 90% de los delitos no se denuncian y apenas el 0.8% de los crímenes cometidos tienen una resolución favorable en el Ministerio Público, según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), la reclasificación del delito y la condena de su novio, el homicida, a 45 años de prisión, marcó un hito en el combate a la violencia contra las mujeres.

Antes de estrenarse como fiscal de feminicidios, Herrera había sido la representante legal en otro sonado caso relacionado con el caso Iguala. Familiarizada con los movimientos estudiantiles en el país, tras pertenecer al Consejo General de Huelga de la UNAM, e incluso después de realizar su tesis para obtener el grado en Derecho en la misma universidad sobre la movilización de los jóvenes de bachillerato en 1999 en defensa de la educación gratuita, fue la asesora jurídica de Marisa Hernández, esposa de Julio César Mondragón.

El cuerpo de Mondragón, de 22 años, fue encontrado con signos de tortura en una carretera la noche en la que desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Herrera no fue una letrada cualquiera y mostró su compromiso con la causa. En un artículo publicado en la revista de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) titulado ¿Por qué torturaron hasta la muerte al normalista Julio César Mondragón Fuentes?, fue contundente en su señalamiento. “Con su muerte, se pretendió aterrorizar a la comunidad, inmovilizarla, disuadir la protesta y fortalecer el control social del Estado mexicano sobre la disidencia y el pueblo en general”, escribió.

Su labor se extendía más allá de los tribunales, en lugares donde también buscaba justicia y reparación para las víctimas. Un ejemplo es el libro Procesos de la noche de la poeta Diana del Ángel, una serie de crónicas que narran el largo camino de la familia de Mondragón en su lucha por la verdad contra la burocracia y el sistema legal mexicano. Este compromiso auxilió para que se convirtiera en la primera fiscal de feminicidios en la CDMX, tras un concurso público y con el respaldo de varias organizaciones civiles.

Durante su entrevista, aún como candidata al puesto, explicó al panel una parte importante de su plan de trabajo: un área de acompañamiento psicosocial. Herrera, que también es psicóloga por la UAM, tenía clara la prioridad. “Para mí, el acompañamiento se centra justo en que la persona más importante es aquella que fue violentada en sus derechos, es a quien hay que consultar de manera permanente las estrategias para su defensa y, en muchas ocasiones, es quien define de la mejor manera qué es lo que necesita para alcanzar justicia”, describió. Ese cuidado y enfoque en las víctimas fue el que le ganó un amplio respaldo de diversos colectivos, y el mismo que buscaba para su equipo, como aseguró en aquella ocasión: “Es importante la capacitación, pero sobre todo es importante que las personas que trabajen en la fiscalía tengan un auténtico interés por la defensa de los derechos de las mujeres, compromiso y vocación”.

Su trabajo a la cabeza de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio le valió un rápido ascenso como funcionaria pública. Apenas dos años después de su nombramiento, fue designada el 16 de agosto de 2022 como coordinadora general de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. En ese cargo estuvo hasta principios de 2025, cuando dio un salto a la administración federal al ser elegida como directora general de Atención y Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres.

Su salida de la Fiscalía no estuvo exenta de controversias. Algunos grupos la acusaron de corrupción y de violencia en contra de mujeres, niños y niñas, pero estos señalamientos fueron rechazados por diversas asociaciones feministas y de derechos humanos que denunciaron violencia política en contra de Herrera. De acuerdo con estas organizaciones, los detractores de la entonces coordinadora buscaban seguir siendo protegidos por un sistema corrupto que Herrera trató de cambiar. Casi cinco años después de haberse alejado del activismo y de haberse convertido en servidora pública, los mismos colectivos que la habían alentado mantenían el respaldo a su trabajo. “Nosotras tenemos que poner el acento en que ninguna mujer es responsable de la violencia que vive, solo es responsabilidad del agresor y del Estado por no promover los derechos de las mujeres”, sostenía en 2020. Esa labor será ahora objeto de la nueva serie de Netflix.