La CIDH revisa el caso de violencia vicaria de tres mujeres mexicanas: “Si sigues con tus mamadas, nos los vamos a llevar”

La violencia vicaria es una forma de violencia de género en la que una parte de la pareja usa a un miembro de la familia, generalmente los hijos, para ejercer violencia emocional y psicológica. Suele aparecer en contextos de separación o conflicto por la custodia de los hijos. Los agresores en su mayoría son hombres y las víctimas, mujeres. Es una de las agresiones más invisibilizadas en México. La periodista Gabriela Pablos y las abogadas Eliza Zaldívar y Blanca Paredes son víctimas de violencia vicaria. Tras años de abususos, abandono institucional e irregularidades en sus procesos legales, han llevado sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la mano de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad (RSDCIAC). “Dicen que en todas las historias hay dos partes, pero en la violencia vicaria no hay otra parte. Hay mentiras, abuso, corrupción. Es la antesala al feminicidio”, dice Pablos a través de una videollamada en la que también participan Zaldívar, Paredes y dos representantes de la RSDCIAC. Estas son sus historias.

Paredes cuenta que le daba vergüenza hablar porque ella, siendo abogada, estaba atrapada en procesos judiciales que no avanzaban. “Pensaba que mis alumnos dirían que no daba una como jurista”, dice. La historia con su agresor inició como la de muchas niñas en México.

Dice que a los 15 años empezó a ser cortejada por José de Jesús Covarrubias, un funcionario de alto rango en Jalisco. “Fue Magistrado del Poder Judicial del Estado, Magistrado Federal y Local en materia electoral. Es una persona con mucho poder”, cuenta. Iniciaron una relación y tuvieron dos hijos. Luego vino el maltrato físico y psicológico; abuso sexual y un rechazo absoluto por parte del magistrado a la propuesta de divorcio. Reacciones y acciones a las que estas mujeres se refieren varias veces durante la videollamada como “de manual”.

Cuenta Paredes que después de revisar las cámaras de seguridad de su casa tras una reunión familiar, se dio cuenta de que una de sus sobrinas había sido abusada sexualmente por su expareja y ese fue el punto de quiebre. Lo denunció, pero no pasó nada. “Lo acusé por violencia familiar, violencia sexual, violencia física, pero me perdían las denuncias”. Entonces recurrió a la denuncia pública. Lo hizo en la Universidad de Guadalajara y produjo un efecto bola de nieve: se sumaron al menos 87 denuncias más de abuso por parte de distintas alumnas contra Covarrubias.

La abogada dice haber trabajado en el Poder Judicial Federal como auxiliar de secretarios. Y en el Poder Judicial de Jalisco como relatora revisando la sentencia de los jueces y haciendo las actualizaciones a las reformas. Afirma tener conocidos en común con Covarrubias que le confesaron no querer auxiliarla por miedo a represalias. Pidió ver al gobernador de ese entonces, Enrique Alfaro, quien la recibió de forma arrogante, según cuenta.

Consiguió una orden de aprehensión contra Covarrubias; sin embargo, no ha sido detenido. Paredes dice haber sido arrestada ilegalmente y haber sufrido al menos cuatro agresiones en su contra y la de sus hijos. Una de estas sucedió tras acudir a una cita con Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos. Por la tarde, continúa, recibió una llamada de su hijo comunicándole que siete hombres con armas largas habían allanado la casa de su hermana. En el domicilio se encontraban los hijos de Paredes, sus sobrinas y su hermana. “Mi hijo, obviamente alterado, llorando, me dice que los golpearon, que toquetearon a mi sobrina de ocho años y que estos hombres me habían dejado un mensaje: ‘si sigues con tus mamadas, nos los vamos a llevar”, zanja la abogada.

La periodista Gabriela Pablos, quien seguía la lucha de Paredes desde las colectivas de mujeres, la presentó con la RSDCIAC. Las historias que han vivido estas tres mujeres tienen características similares. Sufrieron violencia física y psicológica por parte de sus parejas durante años; tras la separación, se les acusó de haber cometido delitos en otro Estado de la República en el que no vivían; se les dictó una orden de aprehensión a través de un juicio en el que no participaron, y a excepción de Gabriela Pablos, fueron encarceladas durante meses.

La periodista Gabriela Pablos sufre de esta violencia por parte de sus dos exparejas y afirma que se aliaron en su contra. Tuvo dos hijos, uno en cada matrimonio. Comenta que la abogada de su segunda expareja y él planearon la sustracción de su bebé cuando tenía apenas unos meses de haber nacido. “Me dijo que iba a dar una vuelta al parque y no volvió”, zanja.

“El hombre, en su patriarcado, está acostumbrado a que si él ejerce violencia, una tiene que quedarse allí y estar sometida”, dice la abogada Eliza Zaldívar, quien tuvo dos hijos con su agresor. Cuenta que tras el divorcio, cuando este iba a su casa para recoger a los niños, abusaba sexualmente de ella. No sabía cómo ponerle un alto, así que le pidió a amigos varones que estuvieran presentes durante estos momentos. “Esta situación la usó posteriormente en mi contra. Me denunció, entre otras cosas, por prostitución”, menciona.

Cuenta Zaldívar que le sustrajeron a sus hijos cuando realizó un viaje de trabajo a Colombia. “Me llamó mi pareja y me dijo que mi exesposo había puesto una orden de restricción contra mí y me denunciaba por violencia familiar. Uno de sus argumentos fue que yo abandoné a mis hijos en ese viaje”.

Dice que el juez estaba a favor de su agresor, que se le dictó la custodia temporal a la expareja de Zaldívar y le dieron el depósito de guarda de personas a su exsuegra. “Él alegó que no tenía un domicilio propio”. La abogada interpuso un amparo y se lo otorgaron. “El juez de distrito le ordena al juez una resolución que no violente nuestros derechos, y el juez de lo familiar dicta la restitución de mis hijos; a diferencia de Gaby, yo tengo todas mis resoluciones a favor. El caso es que esas resoluciones nunca se ejecutaron”, concluye.

Los casos en la CIDH

La CIDH accedió a revisar los tres casos tras determinar que el Estado de Justicia mexicano ha violado los derechos de estas mujeres en todos los niveles institucionales. La RSDCIAC ha comentado a este diario que recientemente se ha incluido un caso más, el de la activista social y estudiante de derecho Blanca Estela Cardona Ramos. El Gobierno de México tiene hasta cuatro meses para enviar sus observaciones e información del caso de Cardona Ramos.

Con Eliza Zaldívar, el plazo venció en abril de 2025 y no hubo respuesta por parte del Gobierno mexicano. La CIDH envió un recordatorio al Estado el 22 de abril, el cual tampoco obtuvo respuesta. Ante esto, la Comisión no se ha pronunciado. En el caso de Blanca Paredes, el Estado envió su respuesta el 25 de marzo a la CIDH; manifestó que la petición de Paredes se encuentra procesalmente lista para un informe.

El plazo del caso de Gabriela Pablos venció el 8 de diciembre de 2024, sin respuesta del Estado. Sin embargo, el padre de su hijo menor rebatió la petición a través de un amicus curae, una figura legal en la que una persona o institución ajena al litigio presenta a la Corte razonamientos en torno a los hechos contenidos en el sometimiento del caso. La CIDH no se ha pronunciado al respecto.

Lo que busca la RSDCIAC es que la CIDH ejerza presión al Estado mexicano para que la violencia vicaria sea reconocida, tipificada y sancionada en todo el territorio. De momento está tipificada en la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y el Código Penal en al menos 12 Estados. En otros, solo se nombra en la ley. Y en tres más, Guerrero, Querétaro y Coahuila, está aprobada, pero sin publicar, lo que deja un vacío legal para las mujeres, según comparte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).