Una testigo de la bomba en Coahuayana: “Cuando llego y veo, digo, ‘no, esto no es un dronazo, es demasiado fuerte”

El sábado por la mañana, Evangelina Contreras estaba en su tienda, cuando escuchó el estruendo. Como estaba lloviendo, lo primero que se le vino a la cabeza fue que había sido un trueno, uno de los gordos, pero despachó la idea enseguida. No, había sido demasiado fuerte. Su local no está lejos de la base de la policía comunitaria de Coahuayana, en Michoacán, así que salió para allá. El ruido parecía venir de ese rumbo. La mujer pensó entonces que criminales habían tirado una bomba desde un dron, práctica habitual en la región. “Corrí sin pesar en el riesgo. Pero cuando llego a la base y veo, digo ‘no, cómo va a ser un dronazo, tan fuerte”.

No lo era. Había sido un coche bomba, en realidad, un explosión tan potente que hasta ahora ha dejado seis muertos, y que afectó a 300 metros a la redonda y hasta 50 metros de alto, según informó más tarde la Fiscalía local. “Hay una farmacia, que se destruyó, una venta de aguas, destruida, la panadería, también”, sigue la mujer. “Pensaba, ‘¿qué pasó con ellos, con los muchachos de la policía, todos tirados?’... Es que estaba todo lleno de pedazos. Hasta en el kínder había pedazos, a más de 100 metros, arriba de los techos, arriba de los árboles... Digo, pero ¿quién quiso venir a morir de esa forma?”, cuestiona.

La pregunta de Contreras es relevante porque, al parecer, la camioneta que cargaba los explosivos, una Dodge Ram negra, de doble cabina, detonó justo al pasar por la comandancia de la policía comunitaria, en pleno centro de Coahuayana. Es decir, que detonó mientras circulaba, con el conductor dentro. Uno de los muertos que dejó el ataque fue precisamente el conductor, como confirmó también a este diario Héctor Zepeda, comandante de la corporación. Ahora mismo se ignora si el conductor sabía o no qué cargaba la camioneta. De los otros cinco fallecidos, cuatro son policías comunitarios y uno más, una persona desconocida. Tampoco se sabe si esta persona iba a bordo de la camioneta o simplemente pasaba por allí.

Con el paso de las horas se han ido conociendo detalles del atentado y de la camioneta en cuestión. Este fin de semana, el fiscal del Estado, Carlos Torres, informaba de que el vehículo había llegado a Coahuayana del estado vecino de Colima, desde donde cruzó pasadas las 8.30 de la mañana. Apenas unos minutos separan los primeros pueblos de Colima, caso de Cerro de Ortega, del municipio michoacano. Aunque el fiscal no dio más explicaciones, el mismo recorrido de la camioneta, y la historia reciente de la región, permiten intuir la brumosa presencia del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras el ataque.

Los 80 kilómetros de corredor que yacen entre Tecomán, Colima y Aquila, en Michoacán, pasando por Coahuayana, muestran los males y peligros de la región. La importante producción platanera local, que solo en Coahuayana mueve más de 350.000 toneladas de fruta al año, es un dulce para el CJNG, que siempre trata de extorsionar a los productores. Además, el grupo criminal ve en las cuadrillas de jornaleros una base ideal de clientes para su producción de metanfetamina, según constató este diario, en un recorrido el año pasado por la zona.

Luego está la minería. A media hora al sur de Coahuayana, figura Aquila, sede de Las Encinas, una antigua explotación de hierro que ha definido la vida comunitaria desde hace más de 40 años. Michoacán es el principal productor de hierro del país, con casi un tercio de las más de nueve millones de toneladas anuales que las empresas mineras extraen del subsuelo, según la Secretaría de Economía. Aquila, un municipio de apenas 25.000 habitantes, tiene la segunda mina de hierro más importante de Michoacán. La producción del metal resulta igualmente atractiva para el CJNG, que trata de apoderarse de la región desde hace años.

Así, los choques entre el grupo criminal y las policías comunitarias de Coahuayana, Aquila y la pequeña comunidad de Ostula, parte de Aquila, han sido constantes en esta última década. Como decía el comandante Zepeda, los grupos de autodefensa, entre ellos el suyo, se alzaron en 2013, primero contra el grupo criminal de los Caballeros Templarios. Fragmentados aquellos, el CJNG tomó el relevo, con tanta o más violencia que sus antecesores. En la visita a la zona el año pasado, Zepeda, conocido como comandante Teto, recordaba la emboscada que sufrieron sus hombres semanas antes, en la zona serrana de Coahuayana, a manos del CJNG.

“Estoy cansado”, decía Zepeda, “pero más decepcionado con el Gobierno”. Y protestaba porque desde Palacio Nacional, a su juicio, se les mira con desconfianza. “No estamos en contra de ellos, estamos en contra de que apoyen a los otros”, añadía, refiriéndose al CJNG. Evangelina Contreras, que dirige una asociación que apoya a personas desplazadas de la sierra, constata que los choques no han parado en estos últimos meses. “Ha habido más enfrentamientos, aunque no ha habido muertos de la policía“, dice. “Hace dos meses, el CJNG trató de entrar por El Ahijadero, mató gente de allí, también de El Churumo”, cuenta, refiriéndose a comunidades de la sierra. “Y antes, incluso, habían dejado una camioneta con explosivos, allí por el lado de Coahuayana viejo, pero no pasó tanto”, añade.

El ataque del sábado y el hecho de que el CJNG ya hubiera intentado provocar una masacre con una camioneta en la zona, como explica Contreras, pone al Gobierno en una situación delicada. Durante el último mes y medio, la vida política del país ha estado marcada por la violencia en Michoacán. Primero, criminales ligados igualmente al CJNG mataron a un líder de productores de limón, en Apatzingán, en Tierra Caliente. Luego, en plena celebración por el Día de Muertos, otra rama del CJNG mató al popular alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Y ahora esto. El Gobierno ha puesto en marcha un plan especial para Michoacán, pero la bomba del sábado ilumina la profundidad del problema y el tamaño del reto que enfrentan.