Régimen de excepción laboral: ¿qué es y por qué la CNTE exige su eliminación?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantuvo durante 23 días las movilizaciones en la capital mexicana. La jornada de protestas incluyó una megamarcha, un paro nacional indefinido y un plantón en el Zócalo de Ciudad de México. Si bien los maestros y el Gobierno entablaron una mesa de diálogo, las negociaciones no concluyeron en un acuerdo mutuo y se espera que este sábado por la mañana se anuncie el repliegue a los Estados.

En el libro La CNTE y el movimiento magisterial democrático: fuentes para su estudio (UNAM, 2021), se detalla que la coordinadora es una de las agrupaciones más importantes en la historia reciente del sindicalismo mexicano. “Desde sus orígenes ha mostrado una capacidad estratégica para alcanzar sus demandas”, señala el texto.

Entre otras cosas, los maestros exigen la derogación de la ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la UMA en el cálculo de sus pensiones y la anulación del régimen de excepción laboral. Pero, ¿en qué consiste este régimen y por qué es tan relevante en el conflicto?

¿Qué es el régimen de excepción laboral para los maestros en México?

La eliminación del régimen de excepción laboral es una de las principales demandas de la CNTE.

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, investigador titular del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, de la UNAM, explica que este régimen tiene su origen en la reforma educativa de 2013 impulsada por Enrique Peña Nieto. Y que si bien el gobierno de Andrés Manuel López Obrador derogó parcialmente la reforma en 2019, el régimen de excepción laboral se mantuvo, perpetuando la desigualdad laboral del magisterio.

A diferencia del resto de los trabajadores del Estado —regidos por el Apartado B del artículo 123 constitucional—, los maestros fueron colocados bajo los párrafos séptimo y octavo del artículo tercero constitucional. El investigador detalla que la creación del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM) en 2019 se ha traducido en la violación de derechos laborales y en la precarización del trabajo docente.

A grandes rasgos, el SICAMM se encarga de normar los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento del personal educativo, así como de perfiles directivos o de supervisión.

“Los maestros se quejan de dos cosas: uno, que el SICAMM únicamente tiene representación del Gobierno, de la Secretaría de Educación Pública. La exigencia es que también tenga representación sindical. Y dos, de que es muy burocrática y de que los trámites de promoción y reconocimiento a su trayectoria son tardados”, asevera.

El investigador detalla que existen casos de maestros al buscar un cambio de lugar de trabajo tienen que esperar hasta tres años para concluir las gestiones. “Supongamos que un profesor quiere cambiarse de residencia porque su hijo entró a la universidad. Quiere estar cerca de él y tiene derecho a esa movilidad, y con la SICAMM, se le retiene el trámite”, dice.

Por último, explica que esta burocracia se extiende a los sistemas de promoción del profesorado, que se convierte en incertidumbre, trabas para que accedan a mejores salarios y la imposibilidad de que planifiquen su vida académica. “Entonces, lo que ellos exigen es salir de ese régimen de excepción y que se incorporen como trabajadores al servicio del Estado en el apartado B del artículo 123 de la Constitución”, dice el académico.

Las demandas de la CNTE, explicadas a detalle

De acuerdo con Ramírez, los maestros de la CNTE demandan, en primer lugar, la derogación de la Ley del ISSSTE del 2007 que eliminó el régimen colectivo de pensiones, extendió los años de servicios laborales y entregó a los bancos privados el manejo de los recursos.

Por otro lado, exigen la abrogación de la reforma educativa de 2019, exigiendo la eliminación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (SICAMM). “Este aspecto condiciona la movilidad y las reclasificaciones de los docentes y sigue siendo una forma de evaluación punitiva, pues en la reforma se dejó a los docentes en un régimen de excepción laboral”, señala un análisis del investigador.

También, demandan un aumento salarial del 100% que permita a los profesores recuperar el poder adquisitivo y contrarrestar la inflación. En este rubro también se ha exigido la eliminación de las Unidades de Medida y Actualización (UMA) como base para calcular las pensiones.

“Un profesor que en salarios mínimos tendría que recibir una pensión de 10.000 pesos, con el cálculo en UMA, recibirá una pensión de entre 4.000 y los 5.000 pesos”, asevera Ramírez. “Entonces, hay una pérdida real del poder adquisitivo de los maestros y una precarización muy grande, un principio de injusticia”.

En estudios e investigaciones se ha demostrado que tras la reforma educativa de 2013 se dio un proceso de precarización del trabajo docente en México, derivado de la imposibilidad de los maestros de nuevo ingreso para percibir los mismos salarios y prestaciones que la generación docente anterior.

Por último, el investigador explica que los maestros exigen justicia social para el pueblo y el magisterio nacional, con la reinstalación de los profesores cesados durante el sexenio anterior, y la indemnización y castigo a los responsables de la masacre de Nochixtlán en 2016. Asimismo, reclaman por los familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, con quienes la CNTE se ha solidarizado.

“El gobierno actual está ante una oportunidad histórica de atender las demandas de los trabajadores, particularmente del magisterio democrático. Hay que dejar claro que las demandas de la CNTE son justas y parten de la defensa de sus derechos, pero también de una trayectoria de lucha a favor de la justicia social y de la democracia en México”, concluye Ramírez.

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