Las claves de la disputa entre el Gobierno y los maestros de México: de la gestión de las pensiones a la huelga y los bloqueos

Los maestros agrupados bajo la Coordinadora Nacional (CNTE) se han convertido en algo más que una piedra en el zapato de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que no logra amansar al magisterio ni atajar la huelga indefinida que declararon hace 15 días con un plantón en el Zócalo de la capital y las calles aledañas. Desde entonces se suceden los bloqueos en distintos puntos de la ciudad, durante la mañana y hasta primera hora de la tarde, así como las declaraciones cruzadas entre el sindicato y el Gobierno, que se sentaron finalmente en torno a la misma mesa el miércoles después de varias intentonas fallidas.

De ese encuentro salió una nueva propuesta del gabinete presidencial, que involucra a los departamentos de Gobernación, Educación y Hacienda, pero que no ha satisfecho las demandas del gremio, centradas en la derogación de la ley del ISSSTE que aprobó Felipe Calderón. Las que siguen son las claves para entender los desacuerdos entre el Gobierno y el magisterio.

Nadie quiere la ley de 2007, pero no hay presupuesto para tumbarla

Si existe un consenso entre las partes, es el repudio a la ley del ISSSTE que se aprobó durante el sexenio calderonista y que afecta a unos 3,2 millones de trabajadores en activo y 1,33 millones de pensionados, entre maestros, el grueso principal, y otros sectores públicos.

La reforma de esta norma, a la que la propia presidenta se opuso en su momento, sustituyó el sistema de pensiones solidarias e intergeneracionales por un sistema de cuentas individuales gestionadas por las administradoras privadas conocidas como Afores. La consecuencia directa fue que la cuantía de las pensiones de los trabajadores públicos se vio mermada hasta los 4.000 pesos en el peor de los casos, unos 200 dólares. En el documento que el Gobierno extendió a la CNTE con las últimas propuestas, el gabinete habla del “impacto devastador” que tuvo esta ley y agrega: “Estos atropellos se justificaron con la promesa engañosa de que el sistema de cuentas individuales permitiría a los trabajadores jubilarse con pensiones equivalentes a su último salario. Nada más falso”.

El problema no está, entonces, ahí, sino en el presupuesto. El partido en el Gobierno alega que las arcas públicas no pueden sufragar un regreso integral al modelo anterior y, desde el sexenio de López Obrador, ha optado por hacer modificaciones parciales que revierten los aspectos más regresivos de la reforma, como limitar las comisiones que las Afores pueden cobrar a los trabajadores por gestionar sus cuentas de ahorro (aprobada en 2020), o la creación de un fondo de pensiones del bienestar con el que el Estado completará las exiguas pensiones privadas (en 2024). Con la propuesta del Ejecutivo, las pensiones alcanzarían el sueldo medio del IMSS: unos 17.000 pesos. La CNTE, por el contrario, considera que sí hay dinero para comenzar a dar los primeros pasos hacia una reforma que permita devolver las pensiones al ámbito público, y achaca las resistencias a la falta de voluntad política.

La jubilación: años de servicio cumplidos o edad alcanzada

La reforma de la ley del ISSSTE de 2007 dividió a los trabajadores en dos grupos: aquellos que ya estaban en activo cuando entró en vigor y pudieron acogerse al modelo anterior, con alguna modificación, y aquellos que ingresaron al magisterio después y quedaron automáticamente registrados bajo el sistema de Afores, que al cierre de marzo gestionaban 7,2 billones de pesos de sus cuentas de ahorro.

Para los que quedaron en el primer grupo, que hoy representan en torno al 24% de los trabajadores públicos, se añadió el requisito de edad mínima al de años de servicio cumplidos, el único que se contemplaba antes: 28 para ellas y 30 para ellos. La ley prevé que la edad de jubilación vaya subiendo cada dos años, de tal forma que actualmente se sitúa en los 56 años para las mujeres y los 58 para los hombres. La presidenta propuso primero congelar esa edad, y esta semana ha subido la apuesta y les ha ofrecido reducirla progresivamente cada tres años. El magisterio lo considera insuficiente, pues solo afecta a un cuarto de los trabajadores y no supone eliminar el requisito de edad, como solicitan.

Los maestros que se encuentran bajo este grupo pero ingresaron muy mayores al magisterio y, por tanto, tendrían que trabajar hasta ser ancianos para cumplir con los años de servicio exigidos, pueden acogerse a otro supuesto que les permite retirarse antes, pero con una merma considerable respecto de su salario.

Finalmente, para la gran mayoría que hoy se encuentra bajo el sistema de las Afores, el congelamiento o la reducción en la edad de jubilación no tendría un impacto real. Su problema es más bien otro: las administradoras privadas les están solicitando aproximadamente un ahorro de 1,8 millones de pesos en sus cuentas individuales para poder acceder a una renta vitalicia calculada a partir de su esperanza de vida. Esta cuantía está fuera del alcance de la mayor parte del gremio, cuyos sueldos son más bien modestos y están, en promedio, en los 16.000 pesos (unos 800 dólares).

Las UMA: una unidad de medida que merma la cuantía de las jubilaciones

El Gobierno de Enrique Peña Nieto creó en 2016 la llamada UMA, una unidad de medida utilizada por la Administración para calcular la cuantía de diversas obligaciones legales, como las multas. En 2021, tras una resolución de la Suprema Corte, esta pasó a ser también la unidad de referencia para actualizar las pensiones, en lugar del salario mínimo, como figuraba anteriormente. Como el salario mínimo había seguido aumentando desde que se desgajó la UMA en 2016, el cambio de una referencia por otra supuso una reducción de las pensiones. Actualmente, el salario mínimo está en 278 pesos diarios, mientras que la UMA se sitúa en los 103. La Coordinadora reclama volver a la primera como base para actualizar los retiros.

Las otras propuestas del Gobierno: aumento de salario y vacaciones

Más allá de las pensiones, hay otras cuestiones donde se plantean propuestas y contrapropuestas. El sindicato ha solicitado un aumento salarial del 100% y ha conseguido, de momento, una propuesta de aumento global del 9% con efecto retroactivo desde enero, más otro 1% adicional desde septiembre. Ellos piden que se aplique, en cualquier caso, sobre el salario base y no en prestaciones, pues sería una conquista perdida de cara a la jubilación.

Además, la presidenta se ha comprometido a eliminar el USICAMM, el sistema actual de ingreso y promoción de la carrera magisterial, muy criticado por los maestros; y revisar las deudas hipotecarias insostenibles contraídas con el Fovisste. También ha ofrecido una semana más de vacaciones, una petición que no figuraba entre las del gremio.

La mesa de diálogo: quién se reúne con quién

El contenido de las medidas no es la única cuestión que ha levantado polvareda entre los maestros. Ellos han exigido desde el primer momento que sea Sheinbaum quien los reciba, una posibilidad que ha estado dentro y fuera de la mesa alternativamente y que no se ha concretado en los últimos dos meses. El primer encuentro desde que el magisterio logró que la presidenta retirara su reforma a la ley del ISSSTE iba a producirse el 8 de mayo, pero la CNTE finalmente la rechazó para que los trabajadores no se desmovilizaran ante la inminente huelga nacional. El siguiente intento fue el día 23, hace una semana, pero fue la mandataria quien la suspendió como muestra de enfado por la persistencia de los bloqueos en la capital.

Desde entonces, son los responsables de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), Educación (Mario Delgado) y el ISSSTE (Martí Batres) quienes encabezan las negociaciones con el magisterio agrupado bajo la Coordinadora. Sus compañeros del mayoritario Sindicato Nacional (SNTE), más congraciados con el Gobierno, han optado por el perfil bajo y por aceptar los ofrecimientos del Ejecutivo. La presidenta insiste, también, en que los acuerdos se establezcan en foros que incluyan a todas las escuelas, y no solo a la Coordinadora, que representa al sector del gremio más crítico con el Estado.