¿Qué exige la norma para luchar contra el desperdicio alimentario que será obligatoria a partir de mañana?

Hace poco más de un año, en marzo de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. El objetivo de esta nueva normativa es “la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria”, lo que obliga a las empresas a contar con un plan para disminuir las pérdidas, gestionar los recursos de forma más eficiente y fomentar la donación y redistribución de los alimentos. Aunque la ley entró en vigor en abril de 2025, se dio a las empresas un año de plazo para cumplir de forma obligatoria con las medidas que exigía, y ese plazo se cumple mañana, 3 de abril de 2026.

¿A qué están obligadas las empresas de la cadena alimentaria a partir de ahora? Tal y como se indica en el Artículo 6 de la ley, el primer paso es la prevención, por lo que se insta a los negocios a elaborar un plan que minimice las pérdidas y el desperdicio alimentario. Desde Phenix, empresa francesa que se dedica a asesorar a negocios para gestionar, reducir y valorizar sus excedentes, señalan que esta prevención pasa por “mejorar la planificación de las compras, ajustar la producción y la gestión del stock a la demanda y fomentar la transformación de los productos no vendidos en nuevos”. Si a pesar de estos planes de prevención, hay alimentos que acaban siendo descartados, la prioridad es que sean donados o redistribuidos. De hecho, la ley prohíbe de forma expresa cualquier cláusula contractual que impida la donación de alimentos.

Ahí es donde entra en juego la jerarquía de prioridades que establece la norma y que coloca, en primer lugar, el consumo humano, seguido del destino de estos excedentes a la alimentación animal y a la fabricación de piensos, y su uso como subproductos en otra industria. En última instancia, los alimentos que no sirvan ni para consumo humano ni animal y no se puedan utilizar de ninguna otra manera, pasarán a ser tratados como residuos y se destinarán al reciclado, concretamente, a la obtención de compost.

Entre las obligaciones que exige la nueva normativa también está la de promover acuerdos o convenios para donar los excedentes de alimentos a entidades de iniciativa social, organizaciones sin ánimo de lucro o bancos de alimentos, a no ser que resulte inviable, en cuyo caso tendrá que justificarse debidamente.

La aplicación Too Good To Go, que conecta a restaurantes, supermercados y todo tipo de tiendas de alimentación con los consumidores para que estos puedan comprar su excedente alimentario a precios reducidos, reconoce haber percibido un mayor interés en su labor por parte de las empresas desde que el Gobierno empezó a trabajar en la nueva ley contra el desperdicio alimentario y anunció su compromiso de sacarla adelante. “Hemos recibido muchas más solicitudes de información sobre la app y sobre cómo pueden reducir el desperdicio de comida utilizándola para cumplir con los requisitos del nuevo marco normativo. En los dos últimos años en España hemos visto que se ha incrementado en un 30% el número de empresas del sector Horeca que se han sumado a nuestra app y un crecimiento del 23% de empresas del sector retail, es decir, supermercados, hipermercados, etcétera”, afirma Carlos García, PR Manager de la compañía en España y Portugal. Asegura que, a pesar de que la ley se aprobó el año pasado, muchos negocios ya tenían en marcha acciones para evitar el desperdicio de comida en sus establecimientos y que la norma lo que hizo fue acelerar la implementación de soluciones, tanto en las que ya estaban trabajando en ello como en las que aún no estaban tan avanzadas.

Una de las novedades que ha lanzado este año Too Good To Go es Donations+, una herramienta digital que conecta a supermercados con entidades benéficas para facilitar y digitalizar la donación de alimentos. “A través de la plataforma, los negocios de alimentación escanean los productos y se crea una donación en la que se detallan los alimentos que la componen. Una vez hecho esto, la donación se publica en la plataforma y, automáticamente, se envía una notificación en tiempo real a las entidades benéficas compatibles con el contenido y los horarios de recogida de la donación, permitiéndoles reservarla de forma inmediata”, explican desde la compañía.

Además del impacto social y medioambiental que se pretende lograr con esta ley, su cumplimiento también puede ayudar a reducir pérdidas y optimizar recursos económicos. En este sentido, Unilever Food Solutions, división de hostelería de Unilever, que se dedica a la formación de chefs y profesionales del sector en ámbitos como la planificación y gestión eficiente de los recursos, señalan que “el control de desperdicios no solo impacta en la sostenibilidad, sino también en la rentabilidad de los establecimientos”. Desde esta división apuestan por optimizar la organización de equipos, el control de costes y la planificación de menús, y por potenciar el uso de herramientas que permiten gestionar las mermas de forma eficiente, ajustando compras, inventarios y porciones para así minimizar el desperdicio alimentario. Durante este primer trimestre del año, han estado reforzando su apoyo a los profesionales de hostelería para que pudieran cumplir con todos los requisitos que exige la nueva normativa.

Aunque el compromiso con la reducción del desperdicio alimentario debería ser compartido por todo tipo de negocios, es importante destacar que la ley plantea excepciones para microempresas, pequeñas explotaciones agrarias y establecimientos de hasta 1.300 m² de superficie, que no tendrán la obligación de contar con un plan específico. Desde Too Good To Go, sin embargo, creen que influirá igualmente en estos negocios de menor tamaño, “no solo por una cuestión normativa, sino también porque cada vez hay una mayor concienciación y un mayor compromiso, y por una cuestión de eficiencia operativa y rentabilidad. Desperdiciar comida no beneficia a nadie, tampoco a los negocios”, dice Carlos García. “Llevar a cabo soluciones y mejoras en la gestión del desperdicio de alimentos no solo les va ayudar a minimizar el impacto económico negativo, sino que además, ser un establecimiento comprometido en la lucha contra el desperdicio es un elemento diferenciador en un mundo en el que la competencia es grande y les ayuda a generar una buena imagen de cara al consumidor, que cada vez busca más marcas y empresas comprometidos con temas sociales que les preocupan y afectan”.

De no cumplir con la nueva normativa, las empresas podrán ser sancionadas en función de la gravedad de la infracción. Por ejemplo, no contar con un plan empresarial de prevención y reducción del desperdicio alimentario (en caso de estar obligado a ello) o destruir intencionadamente alimentos aptos para su consumo son consideradas infracciones graves. El régimen sancionador se recoge entre los artículos 20 y 23 de la ley y las infracciones podrán castigarse con multas de hasta 2.000 euros en los casos más leves y hasta 500.000 en los más graves.

La Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que plantean reducir a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante. Según un informe que se cita en el texto de la propia ley, el desperdicio alimentario es responsable de la cuarta parte de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario.