Sube de dos a ocho el número de juzgados que han imputado a ex altos cargos de Ayuso en el ‘caso residencias’

El número de juzgados que ha imputado a ex altos cargos del Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso por el caso residencias ha ascendido de dos a ocho, según un balance dado este viernes por las asociaciones de familiares. Las investigaciones están produciéndose en cascada desde mayo, cuando se conoció la primera, y son producto del cambio de estrategia procesal de las familias de los fallecidos durante la pandemia, que han esgrimido el delito de discriminación en la prestación de asistencia sanitaria.

Las asociaciones ven esta noticia con esperanza, aunque lamentan que cinco años y siete meses después de los hechos siga sin haberse producido una sola condena. “Hemos demostrado nuestra resiliencia y determinación a la hora de buscar esa justicia que lamentablemente para las familias parece que no termina de llegar”, ha dicho en una rueda de prensa la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, “Nos hemos dado cuenta de que esto es un camino arduo, largo y plagado de dificultades”.

La comparecencia se ha producido en la sede en la calle Atocha del equipo jurídico de las familias, el Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), cuyos abogados han detallado el enrevesado panorama procesal de este caso, que se encuentra fragmentado en múltiples juzgados debido a que las muertes son investigadas en función del lugar donde se produjeron. Las familias esperan que la Audiencia Provincial acepte su pretensión de acumular todos los casos en un solo juzgado.

Hasta hoy se conocía que los exresponsables madrileños habían sido imputados en el juzgado número tres de Madrid, en mayo, y el seis de Leganés, en junio. A estos, se han sumado en las últimas semanas otros dos de la capital, otro de Alcobendas, otro de Collado Villalba, otro en Getafe y otro en Valdemoro. Los abogados no han revelado las fechas de las citaciones, pero sí han dicho que se producirán en noviembre y diciembre.

Los ex altos cargos imputados son los ya implicados anteriormente: el ex director general de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, firmante de los protocolos de triaje (investigado en los ocho procedimientos); el geriatra que heredó ese cargo y que ayudó a Mur a redactar esos documentos, Javier Martínez Peromingo (en siete); y Pablo Busca, el exgerente de las ambulancias del Summa 112 (en seis).

Otra figura de interés, el exasesor de la presidenta Antonio Burgueño, no ha sido imputado en ningún procedimiento, aunque es una de las personas denunciadas por las familias. Burgueño declaró como testigo en junio en Leganés sobre las decisiones de la cúpula de Ayuso en los primeros días de la pandemia. La vista se suspendió porque el fiscal pidió a la jueza que lo imputase, pero ella no adoptó esa medida.

Las familias consideran responsables últimos a la presidenta Ayuso y a sus consejeros, y esperan que estos investigados les incriminen. La denuncia por la denegación de asistencia sanitaria cita por su nombre y apellidos a estos cuatro exresponsables, además de a los 25 médicos que desde los hospitales aplicaron el triaje, pero deja la puerta abierta a que la investigación se dirija contra otras personas.

La reacción de la Comunidad se ha conocido poco después, durante una rueda de prensa del portavoz del Ejecutivo, el consejero Miguel Ángel García, quien ha dicho que los tribunales han dado la razón “más de 120 veces” a su Gobierno, y se la “han quitado” a la izquierda, a la que ha acusado de “retorcer el dolor de las familias”, informa Diego Rojas.

Fuerte impulso

El caso residencias ha recibido un fuerte impulso este año después de haberse estancado durante los primeros cinco años. Las familias anunciaron acciones judiciales muy pronto, en abril de 2020, conforme empezaron a conocerse detalles sobre el severo triaje que había impuesto la Consejería de Sanidad a las casi 500 residencias de mayores de la Comunidad de Madrid. No obstante, ningún juez tomó acciones contra cargos políticos y casi todas las querellas presentadas entonces han sido archivadas.

El avance se produjo después de que hace justo un año 109 familiares presentaron una denuncia colectiva en la Fiscalía (algunos eran los familiares que ya se habían querellado antes) por un delito que no había sido considerado, la denegación de acceso a un servicio público por motivos discriminatorios. La pena para funcionarios públicos por este delito es cárcel de 15 meses a 24 meses, multa de 18 a 24 meses e inhabilitación temporal para cargo público.

Una clave del caso es si acaba concentrado en un solo juzgado, como ha sucedido con la investigación por las 229 muertes de la dana de Valencia en octubre del año pasado. Antes del verano, todo apuntaba a que iba a ser así cuando la jueza del seis de Leganés se inhibió para que la causa fuera acumulada por su compañera del tres de Madrid, debido a que los hechos y los investigados eran semejantes. Sin embargo, el 27 de agosto la jueza de la capital, María Isabel Durantez Gil, se negó a asumir toda la investigación. Esa decisión está recurrida ante la Audiencia Provincial tanto por las familias como por uno de los investigados, Peromingo, según han revelado hoy los abogados de CAES, que han revelado que Mur se ha opuesto a esa acumulación.

“Es una especia de guerrilla procesal para ver qué juzgado se queda los procedimientos”, ha dicho Carlos Castillo, uno de los tres abogados de CAES que lleva el caso.

Un juzgado que se ha sumado a las investigaciones, el de Getafe, atiende al caso de Maite Rodríguez, la hija de fallecido cuyo testimonio fue tachado de falso por el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez (alias MÁR). En marzo, el estratega de la presidenta escribió unos tuits en los que cuestionaba que ella y otros hijos que aparecieron en el programa Lo de Évole hicieran visitas a sus padres. Además, sobre ella dijo que había comprobado que no tenía a su madre en una residencia madrileña.

Una portavoz de la asociación 7291 Verdad y Justicia, María Jesús Valero, ha dicho que espera que estos hechos no queden impunes: “De vez en cuando tenemos desesperanza, pero esto nos da un impulso para seguir adelante”.

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