Una jueza de Madrid debe decidir si concentra las dos investigaciones a exresponsables de Ayuso en el ‘caso residencias’

La jueza María Isabel Durántez de plaza de Castilla debe decidir si concentra los dos procedimientos contra exresponsables de la gestión sanitaria de la pandemia en Madrid, el conocido como caso residencias. Una compañera de los juzgados de Leganés que también investiga a estos antiguos gestores ha solicitado esa acumulación, tras recibir la petición de uno de los imputados, Javier Martínez Peromingo. Esta novedad se ha conocido este jueves por medio de una nota de prensa de las asociaciones de familiares y ha sido confirmada a EL PAÍS por fuentes judiciales.

El movimiento se produce en un caso que ha cobrado relevancia en las últimas semanas porque por primera vez en cinco años los juzgados han imputado a ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrileña ha criticado el giro dado por la Fiscalía, que ha impulsado las nuevas pesquisas solicitadas por las familias y que han acabado con estas citas como investigados a antiguos responsables en la gestión de la crisis en 2020.

La jueza de instrucción del número seis de Leganés, Pilar Esteban Pellicer, ha suspendido la declaración el martes que viene, 17 de junio, de los tres ex altos cargos a los que investiga. La magistrada se ha inhibido al entender que el juzgado de Durántez, el tres de Madrid, está “investigando con anterioridad los mismos hechos”.

La declaración el martes que viene de los tres ex altos cargos era muy esperada porque aún no ha hablado ninguno ante los jueces como investigados. Los citados eran Peromingo, que redactó los protocolos de triaje para las residencias; Carlos Mur de Viu, que los firmó como director general en la Consejería de Sanidad; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112. Además, también estaba citada como imputada la geriatra que cumplía los protocolos en el hospital público de Leganés, el Severo Ochoa. La jueza Esteban indaga sobre dos muertes en la residencia Parque de los Frailes de ese municipio al sur de la capital.

La jueza de Leganés celebró la semana pasada una vista en la que tomó declaración a cinco testigos: el consejero que supervisaba las residencias, Alberto Reyero; un director de hospitales privados, Juan Abarca; un asesor para la pandemia de Ayuso, Antonio Burgueño; y dos familiares. La magistrada suspendió la declaración de Burgueño porque consideró que podría tener que declarar como imputado, y en ese caso necesitaría un abogado.

María Isabel Durántez aún no ha respondido si concentrará los dos procedimientos. A principios de abril, ella abrió la primera investigación a antiguos gestores políticos. En su caso, puso su mira en Peromingo, Mur y Burgueño. Ella investiga la muerte de un mayor que residía en una residencia del norte de la capital, Atenea Mirasierra, quien sufrió la negativa del hospital La Paz.

La jueza Durántez suspendió el 26 de mayo la sesión en la que iban a ser oídos esos tres imputados porque estos alegaron que no habían recibido toda la documentación. La magistrada aún no ha dado una nueva fecha para esas comparecencias, informan fuentes de los juzgados.

La imparcialidad de Durántez ha sido cuestionada en algunos medios que citan a fuentes del PP. Han señalado que ocupó un alto cargo en el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, fue directora general de Marina Mercante en el Ministerio de Fomento. También han resaltado que Durántez pertenece a la asociación progresista Jueces y Juezas para la Democracia.

Los letrados de las asociaciones de familias, Marea de Residencias y Verdad y Justicia, anticipan que otros jueces de la región de Madrid sobre los que ha recaído la investigación de las muertes también imputarán a estos u otros exresponsables.

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