La jueza de la dana acumula más pruebas que apuntan a la desidia del Gobierno de Mazón

Como si de un diabólico puzle se tratara, la jueza que indaga la mayor catástrofe que ha convulsionado la provincia de Valencia –la dana que dejó 228 muertos y una senda de destrucción en octubre- ha encajado esta semana valiosas piezas en el rompecabezas de su investigación. La magistrada Nuria Ruiz Tobarra amontona en su despacho nuevos testimonios y declaraciones de peritos que desmontan la estrategia de defensa de los dos exaltos cargos imputados del Gobierno de Carlos Mazón (PP): la exconsejera de Justicia e Interior Salomé Pradas y quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. Cuando se cumplen dos meses de su condición de investigados, la instructora define el modus operando de ambos durante la aciaga jornada de “negligencia grosera”.

La cadena de nuevos testimonios apuntala que el Ejecutivo de Marzón actuó de forma apática durante la colosal gota fría. Que sus dirigentes se comportaron con una mezcla de incompetencia y desconocimiento. Y que la demora en tomar decisiones estratégicas, como el envío del mensaje masivo a móviles para informar a la población de la tragedia, disparó los muertos en plantas bajas y garajes. La alerta de la Generalitat que se coló en los teléfonos no urgía subir a los primeros pisos y llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban muertos y desparecidos en municipios como Paiporta o Catarroja. Como piedra angular de las pesquisas, la jueza defiende que, de haberse remitido antes la notificación, se habrían salvado vidas.

La estrategia de defensa de la principal imputada, la exconsejera Pradas, encajó el martes un severo revés. La tesis que desplegó la exdirigente ante la magistrada de descargar su responsabilidad de la alerta en los técnicos fue rebatida en el juzgado por uno de los trabajadores del área autonómica de emergencias que participó en la gestación del aviso. “[Pradas] me dijo que no mandara nada hasta que ella le diera el visto bueno”, confesó este empleado interino, que, al comparecer como testigo, estaba obligado a decir la verdad. El papel que jugó Mazón en la alerta –si es que tuvo alguno- es una incógnita. Se sabe que Pradas habló con él y su equipo en 19 ocasiones durante los momentos más críticos, pero se desconoce si el president autorizó la notificación. “Fue el Cecopi, el órgano de emergencias de la Generalitat”, afirman a EL PAÍS desde el entorno de la exconsejera en una respuesta que exculpa al primer mandatario autonómico.

“Manifiesta pasividad”

A raíz de los demoledores testimonios que han desfilado esta semana por el juzgado, la magistrada ha comenzado a emplear términos como “manifiesta pasividad” para definir el trabajo en la crisis de Pradas y Argüeso, que fueron destituidos por Mazón cuatro semanas después de la dana. La jueza reprocha a la primera que el Cecopi no fue una “burbuja aislada”. Y al segundo le atribuye una actitud indolente. Sostiene Ruiz Tobarra que el papel de Argüeso en la crisis se limitó a escribir a primera hora de la tarde del 29 de octubre el mensaje de “los barrancos están a punto de colapsar” en un grupo de WhatsApp de altos cargos del Gobierno de Mazón. La número dos del president, Susana Camarero, le contestó: “Jope. Si necesitas algo nos dices (sic)”. Las respuestas de este chat causaron “estupor” en la magistrada, según un reciente auto.

Junto a las revelaciones de testigos, la jueza ha escuchado esta semana a peritos que dinamitan la gestión del Gobierno de Mazón. Dos expertos en emergencias propuestos por SOS Desaparecidos ―la asociación que representa a más víctimas mortales de la riada (reúne a 170 parientes de 70 fallecidos)― reprocharon en el juzgado que el president no asumiera el mando y criticaron la tardanza en convocar el Cecopi. El ingeniero y profesor de Hidráulica de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), Francisco Vallés, lamentó que las autoridades desoyeran los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que advirtió ocho días antes del riesgo. La misma jornada de la inundación, a las 7.35 horas, la agencia emitió un aviso rojo, el máximo. Y, sin embargo, la mañana de la dana Mazón predijo que la gota fría se iba a desplazar a la Serranía de Cuenca y que sobre las seis de la tarde ―cuando alcanzó su punto álgido― disminuiría su intensidad.

Negativa a imputar a Polo

La contundencia de los autos contra Pradas y Argüeso contrasta con las sucesivas negativas de la instructora a atribuir una responsabilidad penal al Gobierno. Una vez más, la magistrada se negaba esta semana a imputar a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Justifica que no se le puede imputar porque su institución remitió información entre las 16.13 horas y las 18.43 sobre el barranco del Poyo, detonante de la tragedia, a través de correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que controla el caudal de los barrancos. Y que esta aplicación, que detalla el metro cúbico por segundo, pudo ser consultada por la Generalitat.

Los intentos de imputar a la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, por no haber solicitado al Ejecutivo la declaración de emergencia nacional también han caído en saco roto. La jueza, de nuevo, rechazaba recientemente citar a la mandataria como investigada. Apelaba a la “competencia autonómica” en la gestión de la monumental catástrofe.

La instructora sigue acumulando indicios delictivos contra Pradas y Argüeso. A los iniciales –fueron las máximas autoridades en la emergencia y no adoptaron “medidas de autoprotección”- se suman el aluvión de testimonios que planean en esta causa que indaga los presuntos delitos de homicidios y lesiones imprudentes. Entretanto, el president, que está aforado y su citación como investigado solo puede aprobarla el Tribunal Superior de Justicia valenciano, sigue rechazando la oportunidad que le dio la magistrada de declarar voluntariamente como imputado. Mazón dice que no contempla esta posibilidad.