La jueza de la dana tilda de “grosera negligencia” la actuación de los dos altos cargos de Mazón investigados

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la dana, Nuria Ruiz Tobarra, sostiene que los dos exaltos cargos del Gobierno de Carlos Mazón imputados cometieron una negligencia “grosera”. Así lo indica la magistrada en un auto notificado este jueves. La resolución tilda con el duro calificativo el comportamiento de la exconsejera de Justicia e Interior de la Generalitat Salomé Pradas y de quien fuera su segundo durante la riada, Emilio Argüeso. Ambos están siendo investigados en la causa que indaga la colosal inundación que el pasado octubre dejó 228 muertos en la provincia de Valencia.

La jueza también cita a declarar como testigo a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, del PP, entre una quincena de primeros ediles de municipios de la zona cero de la catástrofe.

Con contundencia, la instructora califica de “absurdas” las explicaciones de los dos ex altos cargos imputados del Ejecutivo de Mazón. Y define como “manifiesta pasividad” su actitud en el envío de la alerta masiva a móviles el día de la aciaga jornada. La misiva, ejecutada a través del denominado sistema Es Alert, llegó a los teléfonos a las 20.11 horas, cuando ya había decenas de personas fallecidas, desaparecidas y atrapadas en plantas bajas y garajes. Y se ha convertido en la piedra angular de las pesquisas. Y es que la jueza defiende que, de haberse enviado antes y mejor -el texto remitido no pedía subir a las primeras plantas-, se habrían salvado vidas.

En su demoledor fallo de este jueves, la magistrada define así la cadena de errores por la que se deslizaron los dos exaltos cargos bajo sospecha: “Todo ello convierte en más grosera la negligencia atribuible a quienes ostentan la condición de investigados, oscilando entre el desconocimiento, difícilmente justificable respecto a las posibles decisiones a adoptar por la consellera, o las herramientas a utilizar como el sistema Es Alert".

A juicio de la instructora, no es creíble que Pradas y Argüeso describieran en sus declaraciones judiciales como investigados del pasado mes al Cecopi -el centro de emergencias de la Generalitat que coordinó la crisis- como una “burbuja aislada”. “Los miembros del Cecopi no estaban aislados del mundo exterior, manejaban teléfonos, entraban y salían de la sala,...”, razona la instructora. Carga también Ruiz Tobarra contra la decisión del gabinete de emergencias autonómico de interrumpir por momentos la comunicación en la crucial reunión del 29-O a representantes de administraciones que participaron en la cita de forma telemática. “Se decidió dejar fuera del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo presencial”. Entre las autoridades que siguieron este encuentro en línea figuró la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, la socialista Pilar Bernabé.

La magistrada desmonta también en su último fallo una de las tesis de la estrategia de defensa de Pradas, que en su comparecencia judicial descargó la responsabilidad en los técnicos del envío del aviso masivo a móviles. “En todo momento, hubo un control de la decisión de mandar la alerta a la población por parte de la investigada Salomé Pradas, que la decisión solo podía llevarse a cabo si contaba con su autorización”, apunta. Y recuerda que la propia exconsejera reconoció en una entrevista en la televisión pública valenciana À Punt una semana después de la catástrofe que un técnico le advirtió de la existencia del sistema Es Alert a las 20.00 horas del día de la dana, cuando ya se acumulaban los fallecidos y desaparecidos en municipios valencianos como Paiporta o Catarroja.

El que fuera secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso -que fue destituido por Mazón junto a Pradas cuatro semanas después de la tromba- también concita parte de las invectivas. La jueza le reprocha falta de diligencia a la hora de acordar resoluciones clave en los momentos más críticos. “[Argüeso] era conocedor de la evolución progresiva de la dana, el segundo en la toma de decisiones, y, supuestamente, conocedor de protocolos, herramientas y la situación”, afirma. Y le afea su actitud el 29-O. “No consta más participación [del exalto cargo], que la remisión de mensajes, algunos a través de chats, y que tuvieron algunas respuestas que producen estupor”, sostiene la magistrada.

Ruiz Tobarra se refiere así a un informe pericial de las comunicaciones aportado en el juzgado por el exnúmero dos de Pradas. El documento confirmaba que Argüeso avisó en un grupo de WhatsApp de altos cargos de la Generalitat de la gravedad de la catástrofe a primera hora de la tarde del 29 de octubre con el mensaje “los barrancos están a punto de colapsar”. Tras reportar del riesgo, el exalto cargo recibe la respuesta de la número dos de Mazón, la vicepresidenta Susana Camarero. “Jope. Si necesitas algo nos dices (sic)”, le contestó.

Negativa a imputar al presidente de la CHJ

Con estos duros términos, la magistrada argumenta un auto en el que desestima el recurso de reforma de la Asociación de Damnificados Horta Sud (535 miembros), que solicitaba investigar a Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. La ausencia de información sobre la evolución del caudal del barranco del Poyo, génesis de la inundación, que le atribuyen los damnificados a Polo “resulta desmentida por la remisión de correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) -que controla el caudal de los barrancos-, así como por la posibilidad de acceso al mismo“, justifica Ruiz Tobarra.

También rechaza en su resolución la jueza imputar a tres altos cargos del área de Emergencias de la Generalitat. Considera que atribuirles 228 fallecidos “no puede sustentarse exclusivamente en la integración de la estructura administrativa autonómica”.

Una quincena de alcaldes, a declarar como testigos

Pese a desechar la responsabilidad penal de los alcaldes, una quincena de primeros ediles de municipios azotados por la catástrofe desfilarán como testigos próximamente por el Juzgado número 3 de Catarroja, que instruye las pesquisas. Junto a la alcaldesa de Valencia, la magistrada ha acordado las comparecencias de los responsables municipales de Cullera, Jordi Mayor; Ribarroja, Roberto Raga; Chiva, Amparo Fort; y Torrent, Amparo Folgado, entre otros. Al declarar como testigos, deberán decir la verdad y responder a las preguntas de todas las partes: jueza, fiscales y abogados de acusaciones y defensas.

A petición de Pradas, la jueza ha dado luz verde también a las testificales de un asesor de la Generalitat; de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, del PP. Y de dos peritos. Entre ellos, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez, que el pasado marzo responsabilizó en el Senado a Transición Ecológica de no ejecutar obras estructurales en el barranco del Poyo, detonante de la última dana.

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià ha pedido a la jueza que cite como testigo a un asesor de prensa de la Generalitat que antes de la riada envió un comunicado a los medios para advertir de la magnitud de la tragedia. La noticia citaba como fuente al Gobierno valenciano.