Una Cataluña homogéneamente feliz

En las últimas semanas, Junts per Catalunya está rompiendo con las apariencias mantenidas durante el procés. Ahí está el ejemplo de Aliança per Catalunya, el gran competidor, que espolea a los de Puigdemont en la carrera por presentar la inmigración como “problema”. El asunto no es nuevo en el mundo convergente, pero sí supone un giro de guion del puigdemontismo. Cada vez son más los alcaldes juntaires que se suman al “aquí ya no cabemos más”. Sin embargo, en 2017 estaban dispuestos a acoger refugiados e incluso se manifestaban con la izquierda bajo el eslogan de “Casa nostra, casa vostra”.

Es cierto que el procés obró milagros. Y una vez concluidos los prodigios, las aguas vuelven poco a poco a su cauce. Junts regresa a viejas posiciones, como si los postulados socialmente avanzados que adoptó anteriormente fueran por pura supervivencia política: mientras los casos de corrupción aguijoneaban en múltiples frentes, había que erigirse en paladines del progresismo.

No hay que olvidar, sin embargo, que hace 15 años, Josep Maria Vila d’Abadal (CiU), en su calidad de alcalde de Vic, propuso vetar el acceso al padrón a los “sin papeles” y denunciarlos a la autoridad policial. Unos meses después, tuvo que dar marcha atrás a su ilegal medida. Eran ecos de la banda sonora que ensayaban desde hacía años, con muchos silencios cómplices, personajes como Marta Ferrusola –esposa de Jordi Pujol- o el exdirigente republicano Heribert Barrera. “El problema es que las ayudas solo sirven para los inmigrantes que acaban de llegar (…) que sólo saben decir dame de comer”, dijo Ferrusola en 2001 en Girona. Eran tiempos en los que Barrera andaba enfrascado en mediciones sobre el perímetro craneal de los africanos.

Pasado el procés, la vieja escuela vuelve a hacer fortuna. El pasado 3 de abril, Anna Navarro, número dos en las listas de Carles Puigdemont al Parlament –una “elección personal” del expresident— dijo haber sentido en carne propia lo injusto que es ser catalana en una sociedad donde lo fácil es ser inmigrante. La diputada buscó cita médica en dos ambulatorios distintos –aseguró- y “la enfermera me dijo que, si yo fuera inmigrante, me atenderían aquel mismo día”, relató ante la perpleja comisión de Unión Europea y Política Exterior del Parlament. Afortunadamente, confesó, pudo pagarse un seguro privado. La diputada Navarro está desconcertada probablemente por tantos años de vida cosmopolita en EEUU, quizás acostumbrada a una sanidad que alcanza hasta el límite de la tarjeta de crédito.

Para paliar tanta discriminación contra el autóctono, el alcalde de Martorell, el juntaire Xavier Fonollosa, se ha jactado nuevamente de incumplir la normativa estatal, negándose a empadronar a quien no presente un contrato de alquiler o una escritura de propiedad, en unos tiempos en los que más abunda son los realquilados. Y a esa campaña se ha sumado el líder de Junts en Manresa, Ramon Bacardit, quien ha asegurado hace unos días: “no se puede tener una puerta abierta al océano y acoger a todo el mundo de forma indiscriminada y sin control”. “Tenemos que poder decir basta, Manresa está saturada”.

El barómetro de Centre d’Estudis d’Opinió prevé un trasvase de votos de Junts hacia los ultras de Aliança Catalana en las próximas elecciones. Pase lo que pase, los inmigrantes seguirán ahí, haciendo los trabajos peor pagados. A título de ejemplo, en un sector copado por mano de origen extranjero como es el de la industria cárnica -situada en el eje de la Catalunya catalana, desde Vic hasta Ripoll, donde más votos reciben la derecha y la ultraderecha nacionalistas- la Inspección de Trabajo de la Generalitat obligó en 2019 a la patronal a regularizar la situación de casi 10.000 de las 32.000 personas empleadas, a las que obligaba a registrarse como autónomos. Los sueldos oscilaban entre los 900 y 1.100 euros.

Por lo visto, el nuevo guion electoral de Junts exige apostar por una Cataluña aparentemente homogénea y supuestamente feliz, donde los Jordis se liberen definitivamente de la “dictadura” de los Mohameds.