Yolanda Díaz multiplica su actividad para recuperar la iniciativa tras la caída de la reducción de jornada

Después de meses de extremo cuidado con Junts para dar espacio a las negociaciones sobre la reducción de jornada, la vicepresidenta Yolanda Díaz cambió de estrategia y se revolvió contra su portavoz, Miriam Nogueras, en el pleno en el que el partido de Carles Puigdemont tumbaba la ley de Trabajo. “Ustedes no representan al independentismo, sino a la patronal española en sus sectores más reaccionarios”, le dijo Díaz en un tono que había meditado antes, pero que nadie en el Gobierno había usado desde la investidura. Tras la derrota parlamentaria en la norma estrella de Sumar, que el socio minoritario ha tratado de reconvertir en una victoria de la calle —porque las encuestas dicen que es una reforma aceptada por la mayoría—, la vicepresidenta ha emprendido una ofensiva para impulsar la actividad legislativa desde el Ejecutivo e intentar desplegar al máximo la agenda social. La intención es aprobar todo lo que se pueda vía reglamento en el Consejo de Ministros y someter lo demás, aún sin los votos, a debate en el Congreso para que sean los partidos los que se retraten ante los ciudadanos. “La gente nos quiere peleando”, repite desde hace tiempo Díaz, que tiene entre sus manos en torno a una decena de negociaciones en marcha, algunas más avanzadas que otras.

Aunque el punto de inflexión ya lo marcó antes del parón del verano la crisis que afectó al Gobierno por la presunta implicación de Santos Cerdán en el cobro de mordidas a cambio de la adjudicación de obras públicas —cuando Sumar exigió al PSOE ese “giro social” en la legislatura—, en las últimas semanas Díaz ha multiplicado los anuncios.

Desde el registro horario digital —una reforma que no necesita pasar por las Cortes y que busca poner coto a las horas extras que se hacen en España sin remunerar, una de las patas de la norma para reducir la jornada— hasta el último real decreto ley para intervenir el mercado inmobiliario, presentado con solemnidad por cuatro ministros de Sumar hace una semana y sobre el que no hay ninguna garantía de que llegue a aprobarse en el Gabinete, porque aún debe negociarse con el PSOE, que es el que tiene las competencias.

Pero marcar la agenda del Gobierno frente a la estrategia de desgaste de las derechas a la coalición se ha convertido en la prioridad de los de Díaz, que necesitan también despegarse de los socialistas en asuntos como la vivienda, convertido en el principal problema de los ciudadanos, y aprovechar todos los departamentos (desde Trabajo, pero también Derechos Sociales y Consumo, Cultura, Sanidad y Juventud e Infancia) para desarrollar su programa.

“Movimiento Sumar tiene que jugar el rol de partido laborista”, señala una fuente parlamentaria. “Si quieres no matar a Yolanda, no puedes reducir tu programa a la jornada y el salario mínimo, hay que demostrar que no está todo hecho y que le quedan varias legislaturas”, describe sobre la sucesión de anuncios y la hiperactividad del ministerio en el arranque del curso, sobre todo desde el fiasco de la reducción de jornada.

Despido, SMI, riesgos laborales...

Esa abultada agenda inaugura una nueva negociación con los agentes sociales este mismo lunes: los sindicatos y las patronales están convocados a la primera reunión para tratar un cambio en la normativa del despido. Hace tiempo que Trabajo insiste en este asunto, pese al rechazo patronal que despierta y también dentro del Gobierno, con Economía en contra de una modificación. El departamento de Díaz se ve legitimado por las resoluciones del Consejo de Europa que indican que España no cumple la Carta Social Europea en esta materia. Trabajo no ha concretado en qué consistirá su propuesta de despido restaurativo, pero la previsión es que se la traslade pronto a los agentes sociales.

Fuentes del diálogo social insisten en que ese cambio no tiene opciones de prosperar en el Congreso, dado el rechazo no solo de Junts, como en la reducción de jornada. Tampoco lo respaldaría el PNV. El ministerio necesita igualmente respaldo parlamentario para sacar adelante el estatuto del becario, un acuerdo con los sindicatos de la pasada legislatura, que se pasó dos años en el cajón y que recibió el visto bueno de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (paso previo a la entrada en el Consejo de Ministros) en julio. El departamento insiste en que el Gabinete le dará el visto bueno pronto, que ya se han resuelto las diferencias con el PSOE, pero hace ya un mes del plazo que marcó Díaz en una entrevista en la SER para llevarlo a la reunión del Gobierno.

Entre las batallas planteadas se encuentra la ampliación del permiso por fallecimiento a diez días. Es un avance respecto a la normativa actual, que solo concede dos días de descanso por el fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, ampliables a cuatro si es necesario un desplazamiento. La vicepresidenta segunda también propone un nuevo permiso para el cuidado de familiares en cuidados paliativos. Este nuevo asunto en la agenda fue recibido con cierta frialdad por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que apostó por “tener en cuenta a las empresas”. El presidente de la principal patronal que las representa, CEOE, trató de ridiculizar la iniciativa al pedir “un permiso para descansar un ratito de los anuncios del Ministerio de Trabajo”, según las palabras de Antonio Garamendi. Trabajo sostiene que el texto con esta propuesta, que exigiría un cambio legislativo, está muy avanzado.

Otro asunto que refleja la intensa actividad de Díaz este otoño es el calendario de la convocatoria de expertos que recomendarán un nuevo incremento del salario mínimo interprofesional. La primera reunión se celebró el 1 de octubre, cuando el año pasado no se abrió esta comisión hasta el 26 de noviembre. A la vez, y también sobre el SMI, el ministerio negocia con sindicatos y patronales impedir que las subidas se puedan absorber mediante la eliminación de pluses. Los sindicatos pusieron como condición para firmar el último incremento que se suprimiese esta posibilidad. Es un planteamiento que irrita a las patronales y que, previsiblemente, se acordará próximamente solo con CC OO y UGT.

También está abierta, desde hace más de 20 meses, la negociación para modificar la ley de prevención de riegos laborales, sobre la que hubo una primera propuesta concreta en marzo, o el estatuto del artista.

La sensación en Sumar es que el PSOE ha recogido el guante y creen que lo demuestran cuestiones como la aprobación de los permisos de conciliación a final de julio, el embargo de armas a Israel o la propuesta de reforma para blindar el aborto en la Constitución, que el socio minoritario del Ejecutivo ya formuló de manera similar en febrero.

En lo que supuso la apertura de un nuevo frente, Sumar presionó al PSOE el mes pasado para que se apruebe vía decreto, antes de que acabe octubre y vía decreto —como hizo José Luis Rodríguez Zapatero en 2005—, la regularización extraordinaria de inmigrantes que está paralizada en el Congreso. De momento, no han trascendido avances, pero quedan diez días para que acabe el mes. En un otoño tan frenético, todavía puede pasar de todo.