Sumar presiona al PSOE para que apruebe la regularización extraordinaria de inmigrantes en octubre vía decreto

Frente al endurecimiento en la posición del PP sobre inmigración, Sumar presiona al PSOE para regularizar ya a las más de 500.000 personas extranjeras que viven y trabajan en España desde hace años. En abril de 2024 el Congreso admitió a trámite con el apoyo de todos los grupos menos Vox una iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por más de 900 organizaciones que ahora mismo está bloqueada por las exigencias de varios partidos. Ante la imposibilidad de dar salida a la norma y en un intento por ir a la ofensiva en un asunto que está marcando el debate político en las últimas semanas marcado por los postulados de la extrema derecha, la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, ha pedido este lunes en rueda de prensa que la regularización se apruebe antes de que acabe octubre. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había formulado horas antes una petición similar, aunque sin apuntar plazos: “Insto a que desde el Gobierno llevemos el debate de la regularización con carácter inmediato”. Fuentes del partido apuntan a negociaciones en el seno del Ejecutivo de coalición para desarrollar vía decreto una medida que no tenga que pasar por la Cámara baja.

“Al racismo se le responde con hechos”, ha asegurado Hernández al defender su propuesta después de tildar precisamente de “cónclave racista” el acto de presentación de la Declaración de Murcia llevabo a cabo este domingo por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a sus barones. El documento de los populares incorpora las líneas estratégicas del partido en esta materia, de la que han hecho una cuestión central de sus políticas en el arranque del curso. “Desde Movimiento Sumar reclamamos que la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas se apruebe antes de que termine el mes de octubre. Frente a los discursos miserables de PP y Vox, pedimos que más de 500.000 personas se conviertan en ciudadanos de pleno derecho”, ha abogado la dirigente de Movimiento Sumar. “La forma en la que tiene que abordarse tendrá que verse en el papel”, ha señalado la dirigente. “No nos importan las cuestiones técnicas”, ha reiterado a preguntas de los periodistas poniendo el foco en que se trata, a su entender, de una cuestión de voluntad política.

La iniciativa en el Congreso lleva meses encallada. A pesar de que antes del verano el Gobierno trató de darle un impulso y retomó las conversaciones con los grupos, el estallido del caso Cerdán bloqueó cualquier avance. Y el consenso que había suscitado inicialmente la ILP, en parte por el apoyo de instituciones de todo signo como la Conferencia Episcopal y Cáritas —que presionaron al PP— se ha ido diluyendo.

Frente a este escenario, quedaría la posibilidad de actuar desde el Ejecutivo. Podemos lleva reclamando meses que la regularización se haga vía real decreto, tal y como volvió a solicitar este lunes su secretario de Organización, Pablo Fernández. El precedente sería la regularización masiva impulsada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que afectó entonces a más de 500.000 inmigrantes. Su Gobierno había reformado un año antes la ley de extranjería para permitir ese trámite, que en ese caso contó con el consenso de todas las fuerzas políticas, agentes sociales y ONG, aunque tampoco fue necesario su paso por las Cortes.

Críticas al PP

Yolanda Díaz ha acusado este lunes al PP de presentar un plan que “no respeta ni el mandato constitucional ni los compromisos internacionales” de España.

En términos parecidos se ha pronunciado el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, a primera hora en TVE. “El PP propone un visado por puntos, con una serie de criterios discriminatorios e inconstitucionales que están en la deriva de Vox y de Trump”, ha señalado. “El PP lleva mucho tiempo desesperado y se dedica a competir con Vox”, ha querido zanjar el líder de Izquierda Unida, que ha vaticinado que a los de Feijóo les saldrá “el tiro por la culata” porque la ultraderecha “le va a ganar” en los temas que ellos “marcan”. Maíllo se ha referido al programa como una “demostración de cinismo” al identificar de forma “cruel e injusta” la migración con la delincuencia.

Desde Podemos, Fernández ha vuelto a elevar el tono contra el Gobierno este lunes al reclamar, además de la regularización “inmediata”, que se cierren los CIE, se termine con las “redadas racistas”, las “devoluciones en caliente” y que se “derogue” la ley de extranjería.