Lo que ocultan los papeles secretos del franquismo y la Transición

Ángel Viñas es uno de los mayores expertos en las relaciones hispano-estadounidenses. En 1981 publicó un libro en el que desveló los pactos secretos entre Francisco Franco y el presidente norteamericano Dwight D. Eisenhower que permitieron la instalación en España de bases militares de Estados Unidos y rompieron el aislamiento de la dictadura. En 2003 publicó una nueva obra, en la que amplió sus hallazgos de la anterior sobre este hecho histórico. Sin embargo, le sigue faltando una pieza para completar el puzle: los archivos del Alto Estado Mayor en los que se guarda la versión de los militares españoles sobre la negociación que culminó con los pactos de 1953. Por tres veces ha pedido el acceso al Ministerio de Defensa y por tres veces se le ha denegado, alegando que se trata de material “reservado”. Con 84 años, Viñas aspira a poder culminar una investigación que le ha llevado décadas. También Pilar Mera, profesora del Departamento de Historia Social y del Pensamiento Político de la UNED, se ha tropezado más de una vez en los archivos oficiales con carpetas selladas con una cinta roja: un obstáculo hasta ahora insalvable para los investigadores.

El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que sustituirá la ley franquista de Secretos Oficiales. Una de las principales novedades del texto respecto al elaborado en 2022, que nunca llegó al Congreso, está en la disposición transitoria que ordena la desclasificación automática de toda documentación secreta que a la entrada en vigor de la ley tenga 45 años de antigüedad o más, salvo que se “aprecie motivadamente y de forma excepcional que perdura la amenaza o el perjuicio para la seguridad y defensa nacional”. En el mejor de los casos, la ley se aprobará antes de que acabe el año y se aplicará a finales de 2026, ya que la propia norma se da 12 meses de vacatio legis (período que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor), por lo que la desclasificación masiva afectaría a todo documento anterior a 1982.

La noticia ha despertado gran expectación entre investigadores e historiadores que llevan décadas peregrinando por archivos extranjeros para reconstruir la historia de España, mientras tienen vedado el acceso a los de su propio país. Conocen las actas que hicieron otros gobiernos de sus reuniones con gobernantes españoles, las notas de sus entrevistas bilaterales o su parte de la correspondencia epistolar, pero les falta la versión española de esas mismas actas, notas y cartas.

Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, cree que se trata de “una excelente noticia, si los archivos se abren y la documentación está”. Su cautela no es gratuita. En 2021, Oscar Alzaga, diputado en la primera legislatura democrática por UCD, el partido que creó desde el poder el presidente Adolfo Suárez, contó cómo miles de fichas policiales de opositores al franquismo fueron quemadas en una gran caldera en el Ministerio del Interior al inicio de la transición. “No sabemos qué nivel de expurgo han tenido esos archivos”, advierte Nicolás Sesma, profesor de Historia de España en la Universidad de Grenoble Alpes.

Pero el problema no se limita a que los documentos existan y sean desclasificados. Hace falta que resulten accesibles. El proyecto de ley señala que la desclasificación automática requerirá que la documentación “esté perfectamente identificada, organizada, ordenada y descrita”, para su posterior remisión a la Comisión de Archivos de la Administración General del Estado, acompañada de metadatos, informes y documentos anejos, que a su vez la transferirá a un archivo concreto, previo informe sobre la agrupación documental en la que se integrará y su digitalización si procede.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha advertido de que la cantidad de documentación almacenada es “ingente” y, por tanto, su desclasificación “no podrá ser de un día para otro”, sino que “se irá haciendo paulatinamente, priorizando la que tenga que ver con violaciones de los derechos humanos”. La propia disposición prevé que, mientras se realiza esta tarea, quienes tengan “interés legítimo” o “profesional” podrán pedir la desclasificación de determinada información. Pero, subraya Carlos Sanz Díaz, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense, “si no hay un índice, no sabemos lo que hay; y uno no puede pedir lo que no sabe que existe. A veces suponemos que existe un documento porque en un archivo extranjero hemos encontrado alguna referencia al mismo”.

Todos los historiadores consultados coinciden en que la ley no será operativa si no se dota al sistema archivístico de suficientes medios materiales y humanos. “Se generaron muchas expectativas con la ley de transparencia y no siempre se cumplieron”, recuerda Paloma Aguilar, catedrática de Ciencia Política de la UNED. La ley dice que “se proveerá a los responsables de los centros que custodian la información de los medios necesarios para su correcto funcionamiento”. Pero no consta que la ley vaya acompañada de la correspondiente memoria económica.

En todo caso, los historiadores no esperan que de los documentos hasta ahora secretos emerja ningún cisne negro, una revelación inesperada que cambie por completo nuestra visión sobre la dictadura o la transición a la democracia. Sí confían en que les ayuden a entender cómo funcionaron los mecanismos del poder en esa convulsa etapa, que confirmen o corrijan los testimonios que han dado varios de sus protagonistas, que iluminen rincones aún en penumbra de algunos de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente. Como los siguientes:

La hoja de ruta de la Transición. ¿Respondió la transición a un plan preconcebido y detallado o fue fruto de la pura improvisación? Seguramente una mezcla de ambas cosas, pero falta saber en qué proporción. Hasta qué punto pesó la movilización social o cómo se gestó la legalización del PCE.

23-F: Pese a todo lo que se ha escrito, el golpe de Estado de 1981 sigue rodeado de sombras, no solo por el grado de conocimiento previo que pudo tener el Rey Juan Carlos I sino por el apoyo del que gozaban los golpistas entre los altos mandos de las Fuerzas Armadas o la identidad de los cabecillas de la trama civil que, salvo el ultra Juan García Carrés, salieron todos impunes.

Abandono del Sahara. El proceso que desembocó, tras la Marcha Verde, en el precipitado abandono del Sahara Occidental en 1975, con Franco agonizante, incluidas las presiones diplomáticas de Estados Unidos, solo se conoce a través de los archivos extranjeros, pero no de los españoles.

Gibraltar. La documentación española sobre el contencioso de Gibraltar, desde el cierre de la Verja en 1969 hasta su reapertura en 1983, ya con el Gobierno del PSOE, sigue clasificada. Los investigadores españoles han tenido que trabajar con los informes británicos que dan su propia versión.

ETA, Francia y la guerra sucia. La desclasificación prevista llega hasta 1981, antes de la aparición de los GAL dos años después, pero incluye a sus predecesores, como el Batallón Vasco Español. Los cables deberían arrojar luz sobre las difíciles relaciones de las autoridades españolas con las francesas en los primeros años de la transición, y no solo por la impunidad de la que gozaban los etarras al otro lado de la frontera, sino por el recelo con el que se veía desde París el ingreso de España en el entonces Mercado Común.

Sucesos de la transición. La documentación debería contribuir a disipar la bruma que envuelve todavía algunos episodios de la transición, desde los sucesos de Vitoria, en 1976, cuando la policía disparó contra trabajadores encerrados en una iglesia, a los de los sanfermines de 1978 o el incendio del hotel Corona de Aragón en 1979, que dejó 83 muertos.

Relaciones con EE UU. La sombra de Washington se proyecta sobre algunos de los acontecimientos clave del tardofranquismo y la transición, desde el asesinato del almirante Luis Carrero hasta la entrada en la OTAN, La documentación desclasificada debería aportar información sobre el accidente nuclear de Palomares en 1966 o los acuerdos militares de 1953. Sin embargo, no es seguro que Viñas pueda tener acceso a los documentos que reclama: la nueva ley excluye la desclasificación de información protegida por acuerdos internacionales con otros países. Se trata del mismo argumento que ha dado Defensa para negársela.