Un trabajador necesita más de 45 años de media para comprar un piso sin sobrepasar el umbral de esfuerzo recomendado

El coste de la vivienda en España escala sin tregua y cada vez son menos los que pueden permitirse adquirir un piso sin destinar una ingente proporción de sus ingresos mensuales al pago de las cuotas de la hipoteca. Un trabajador necesita, de media, más de 45,6 años para poder afrontar el pago de una vivienda utilizando el 40% del salario neto, —umbral de esfuerzo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 10 puntos por encima de lo recomendado por la Ley de Vivienda—. Este periodo es, además, un 50% más de tiempo del que necesitaría si no pagara intereses (30,4 años). Así lo refleja el informe Convenios colectivos y derecho a la vivienda, publicado este lunes por UGT.

En algunos territorios como Madrid, Cataluña o Baleares, el precio de un inmueble de esas características, — tomando como referencia el índice del portal Fotocasa— equivale a entre 20 y 25 sueldos anuales íntegros. Por este motivo, el sindicato alerta de que la vivienda se ha convertido en “un lujo inalcanzable” para el grueso de la clase trabajadora. “Ni la vía del alquiler ni la de la compra son hoy opciones reales para miles de personas cuyos ingresos provienen del trabajo”, reza el informe.

En cuanto a los arrendamientos, la central sindical revela que algunos empleados están condenados a abonar el total de su sueldo a sus caseros si quieren vivir en un piso de una superficie básica. Es el caso de los trabajadores sujetos a los convenios de hostelería, comercio o sector agrario en grandes capitales como Madrid y Barcelona; o el de los correspondientes a las categorías salariales más bajas del sector de limpieza de edificios y locales en Islas Baleares y Málaga. En concreto, solo en el 15% de los 195 supuestos analizados en el estudio —que toman en cuenta los salarios netos de las categorías retributivas bajas, medias y altas de los distintos territorios y sectores—, el alquiler supone un esfuerzo menor al recomendado. En tanto, en el resto, el sobrecoste “es tan desproporcionado que convierte el acceso a la vivienda en una quimera”, señalan los autores.

Además, el estudio constata que el problema de la carga hipotecaria se intensifica en el caso de convenios y territorios específicos. En los acuerdos de comercio, limpieza de edificios y locales y del sector agrario este gasto se come más del 40% del salario neto de una categoría retributiva media en casi la totalidad del territorio analizado. Incluso en los convenios de la Industria del Metal —con salarios comparativamente más elevados, según UGT— se sobrepasa el umbral de esfuerzo en Baleares, Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Málaga, Barcelona, Valencia y Gipuzkoa.

A la luz de estos resultados, la vicesecretaria general del sindicato, Lola Navarro, ha dicho que “la brecha entre los salarios y los precios de la vivienda es tan profunda que pone en cuestión uno de los pilares fundamentales de cualquier proyecto de vida digno”. Por su parte, los autores del informe exigen “una apuesta decidida por mejorar los salarios”, y precisan que “no se puede hablar de derecho a la vivienda sin hablar de trabajo decente”. Alertan de que si no se garantiza una subida salarial y la estabilidad laboral, si no se combate la parcialidad y la temporalidad, y si no se refuerza la negociación colectiva, la exclusión residencial no hará más que crecer.

Indicador para negociar la subida salarial

“Para que las personas trabajadoras dejen de destinar un porcentaje desproporcionado de sus ingresos al pago del alquiler, en algunos territorios el salario neto debería, como mínimo, duplicarse”, se lee en el documento. En este sentido, la UGT impulsará en el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) — pacto general que alcanzan los sindicatos y las organizaciones patronales a nivel estatal cuya actualización está prevista para este año— que el precio de la vivienda sea un indicador estructural a la hora de negociar la subida salarial.

Así lo ha dicho este lunes el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, durante la presentación del estudio. Junto a la vivienda, el dirigente también ve necesario que los datos del Observatorio de Márgenes Empresariales se tengan en cuenta para la fijación de los sueldos en los convenios colectivos, ya que ofrecen una imagen precisa de la evolución real de los beneficios de las firmas.

Otros reclamos de la UGT pasan por la aplicación efectiva e íntegra de la Ley de Vivienda, por lo que exigen la declaración de zonas tensionadas y la regulación de precios de alquiler. También hacen hincapié en la ampliación del parque público de vivienda social y solicitan medidas fiscales y regulatorias para impulsar el uso de los inmuebles vacíos. Finalmente, hacen un llamado a las Administraciones públicas, de todos los niveles, para que unan sus esfuerzos en la misión de enfrentar la crisis residencial. “Esto no es un problema solo de negociación colectiva, es un problema mayor, de dignidad de derechos humanos y puede provocar, si no lo atajamos, un estallido social”, ha sentenciado Luján.