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Los sindicatos reclaman tomar en cuenta la crisis de acceso a la vivienda al negociar las subidas salariales

El IPC no mide la escalada del coste de comprar una casa, lo que exige una reflexión en la negociación colectiva, según las centrales

Construcción de vivienda residencial en el barrio bilbaíno de Zorrozaude.
Emilio Sánchez Hidalgo

Hay muchos elementos que influyen en una negociación salarial: los beneficios de la empresa, la situación de su sector, el panorama económico en conjunto, la fuerza de los sindicatos... Todo ello es importante, pero son factores que no se concretan automáticamente en una cifra. El número impepinable en cualquier negociación de este tipo es la inflación, la evolución de los precios. Para no perder poder adquisitivo los salarios tienen que crecer al menos tanto como el Índice de Precios de Consumo (IPC). Pero los sindicatos vienen subrayando cada vez con más insistencia una falla en este planteamiento: el IPC no incluye el precio de compra de vivienda, en pleno subidón y que absorbe una porción cada vez mayor de muchas nóminas. Por ello, los dos sindicatos mayoritarios, UGT y CC OO, reclaman que este elemento se tome en cuenta en la negociación salarial.

Los precios de la vivienda son, precisamente, los que diluyen el entusiasmo de los sindicatos ante la evolución positiva de las retribuciones. La Encuesta Trimestral de Coste Laboral del INE indica que los sueldos crecieron un 3,8% interanual en el primer trimestre, mientras que la estadísticas de convenios del Ministerio de Trabajo recoge un alza hasta mayo del 3,4% en promedio y del 4% entre los firmados en estos cinco meses.

Todas estas cifras superan ampliamente tanto la inflación (2% en mayo) como lo que pactaron sindicatos y empresarios para 2025 en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Esto no sirve para recuperar el poder adquisitivo perdido durante la crisis inflacionaria, pero mejora el escenario de los años precedentes.

El comunicado de CC OO y el de UGT para analizar el IPC de mayo ponían el acento en el impacto del precio de la vivienda. “El IPC no refleja toda la subida del coste de la vida: no incluye el coste de comprar la vivienda, cuyo precio está desbocado (+12,2% interanual en el primer trimestre)”, denunciaba el sindicato de Unai Sordo. “Poder acceder a una vivienda en términos asequibles resulta una misión imposible en muchos territorios, lo que demanda integrar esta problemática en el marco de las reivindicaciones salariales”, agregó el de Pepe Álvarez. El IPC sí incorpora el coste de los alquileres, que también vienen creciendo muchísimo (un 11,5% más en 2024).

El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, profundiza en esa reflexión: “La vivienda se debe tratar en el diálogo social de todas las comunidades autónomas, especialmente de aquellas más tensionadas, con un tratamiento específico”. No concreta una solución única, pero reclama que esta variable se tome en cuenta convenio a convenio.

“El IPC es la referencia sobre la que gira el poder adquisitivo. Al no incorporar al mismo el precio de la vivienda, cuando es una parte creciente del consumo de renta disponible, los incrementos salariales referenciados con el IPC ignoran un fenómeno clave”, agrega Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas de CC OO. Cree que se podría explorar la posibilidad de que el IPC tomase en cuenta de alguna forma los precios de compra de vivienda, pero a la vez subraya que este asunto merece una reflexión profunda. “El que ya tiene una casa no sufre este problema, pero todos los demás sí”, insiste Bravo.

Luján sostiene que los empresarios serían los primeros interesados en abordar este conflicto: “La patronal dice que sufre un problema de vacantes, que va a ir a más en las zonas con precios más tensionados, así que son los más interesados en que lo abordemos”. A la vez, advierte de un círculo vicioso: cree que muchos empresarios que pagan sueldos muy competitivos, superiores al promedio, tienen que seguir subiéndolos sin que ello repercuta positivamente en los empleados, dada la porción que se come la vivienda. “Se va a excluir socialmente a personas con salarios cada vez mayores”, agrega el ugetista.

El especialista de CC OO pone el foco en que estos precios desincentivan la movilidad laboral: “Nadie se va a mudar a las zonas que necesitan trabajadores si no se puede encontrar una vivienda a un precio decente. Es un problema creciente”. Cree que hay “intereses compartidos” entre los trabajadores y la mayoría de empresarios para que los precios inmobiliarios caigan, pero a la vez señala que otros sectores patronales “están fomentando la burbuja de la vivienda”.

Un tema para el AENC

Empresarios y trabajadores abordarán este asunto convenio a convenio, sector a sector, en función de sus circunstancias particulares. Pero, independientemente de las mismas, ambos cuentan con una guía de actuación con recomendaciones generales, el AENC. Las recomendaciones para la negociación colectiva de CEOE, Cepyme, CC OO y UGT que aplican actualmente no dicen nada sobre vivienda, pero están a punto de terminar. El periodo que abarcaban iba de 2023 a 2025. Los representantes de los trabajadores creen que deberían empezar las negociaciones para uno nuevo a la vuelta del verano.

Luján defiende que el nuevo AENC contenga un apartado específico sobre vivienda: “Tendrá que ver con las subidas salariales, pero también sobre cómo afrontamos este problema al margen de los incrementos”. Como los partidos de izquierdas, los sindicatos vienen reclamando un parque de vivienda pública muy superior y control de precios en zonas tensionadas, entre otras medidas.

Otro tema que los sindicatos esperan abordar en el nuevo AENC es la reducción de jornada. “Estamos seguros de que la CEOE llevará una superpropuesta centrada en la reducción de jornada, puesto que lleva un año defendiendo que donde debe regularse es en la negociación colectiva. Así que estamos deseando conocerla”, expresó Sordo con ironía en una entrevista reciente con este periódico, dado el rechazo de CEOE y Cepyme al proyecto de ley.

Este periódico ha pedido opinión para este texto a las dos grandes patronales, CEOE y Cepyme, pero han preferido no participar.

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Sobre la firma

Emilio Sánchez Hidalgo
Redactor de Economía. Empezó su trayectoria en EL PAÍS en 2016 en Verne y se incorporó a Sociedad con el estallido del coronavirus, en 2020. Ha cubierto la erupción en La Palma y ha participado en la investigación de la pederastia en la Iglesia. Antes trabajó en la Cadena SER, en el diario AS y en medios locales de su ciudad, Alcalá de Henares.
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