Los impagos de alquiler están detrás del 77% de los desahucios, más que nunca

Los desahucios retrocedieron en España en el primer trimestre del año un 1,2%, según la estadística del CGPJ difundida este lunes, pero el dato general enmascara una realidad bien distinta para muchos inquilinos. En el caso de los desalojos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (básicamente, por impagos de la renta) se rompió una tendencia de dos trimestres a la baja con un incremento del 3,7%. Esto se tradujo en 5.644 lanzamientos con cumplimiento positivo, como se denomina en argot judicial al hecho de una persona recupere la posesión de un inmueble y que en lenguaje común se corresponde a grandes rasgos con un desahucio. Como consecuencia de todo ello, los desalojos de inquilinos representaran una porción más grande que nunca en la tarta de los desahucios: fueron un 77% del total, casi ocho de cada diez, lo que refleja las dificultades de muchos hogares para afrontar el pago de unas rentas que llevan años encareciéndose sin tregua.

Por el contrario, la caída general de los desahucios reposó sobre todo en el menor número de desalojos derivados de ejecuciones hipotecarias. Estos casos retrocedieron casi un 18% con respecto al mismo periodo de 2024 y totalizaron 1.189 lanzamientos. La foto del primer trimestre se completa con los desalojos derivados de otras causas, que fueron 501, un 6% menos que entre enero y marzo del año anterior.

Que los desahucios derivados del impago de alquiler sean los mayoritarios no es ninguna novedad. De hecho, desde el arranque de la serie estadística del Poder Judicial, en 2013, esta casuística siempre ha representado más de la mitad de todos los lanzamientos. Pero entonces, cuando los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria de principios de siglo eran muy visibles en la economía española, había un mayor volumen de desalojos provocados por ejecuciones hipotecarias. Con el tiempo, estos últimos retrocedieron significativamente: si en 2013 fueron más de 25.000, el año pasado superaron por poco los 5.000.

A la vez que se producía este proceso, también se experimentaba un profundo cambio en las formas de tenencia de vivienda en España. Los bancos centrales, y con ellos la banca en general, endurecieron las condiciones para conceder hipotecas a partir de la crisis de 2008. Esa medida, encaminada a prevenir nuevas burbujas, hizo que a muchos hogares no les quedara más remedio que recurrir al alquiler. Esto ha sido particularmente visible entre los más jóvenes, entre los que el porcentaje de familias con casa en propiedad se ha desplomado con respecto a veinte años atrás. Y mientras, los arrendamientos no hacían más que subir de precio (con algún leve respiro en algunas ciudades a causa de la pandemia) exigiendo una porción cada vez mayor de los ingresos de los inquilinos para pagar la renta. Según las últimas estadísticas de Eurostat, un 28,1% quienes viven de alquiler en España están sobreendeudados (es decir, destinan más del 40% de lo que ingresan a pagar la renta). Esto es casi 10 puntos por encima de la media comunitaria, mientras que en el caso de los hogares propietarios, el sobreendeudamiento es menos frecuente que en el conjunto de la Unión Europea.

Todo esto ha provocado que haya sido más difícil rebajar el volumen de desahucios derivados de impagos de alquiler. Han retrocedido con respecto a los primeros años de la estadística judicial, porque también las condiciones económicas del conjunto de la población han mejorado. Pero el año pasado siguieron representando más de 20.000 casos. Y en 2025 han arrancado el ejercicio a un ritmo similar, pese a que después de la pandemia sí se observó un retroceso notable, a partir de 2023, que algunos asocian con medidas acordadas por el Gobierno (primere en la legislación especial por la covid y luego rescatadas en parte en la ley de vivienda) para dificultar los desahucios de familias vulnerables sin darles una alternativa donde vivir.

Lo que no se observa en los datos del arranque de este año es ninguna incidencia de los controles de precio de alquiler sobre la estadística. De hecho en Cataluña, la comunidad donde más ampliamente se aplican esos controles, los desahucios de inquilinos crecieron casi un 11% en el primer trimestre. Es menos que en Andalucía (casi un 17% de incremento) pero mucho más que en Madrid, el otro gran mercado de arrendamientos, donde apenas aumentaron un 0,2% en los primeros meses de 2025.

En términos absolutos, Cataluña es el territorio donde más inquilinos fueron desalojados, 1.542, seguida de Andalucía (807) y Madrid (614). Si se observa el total de lanzamientos, sumando los derivados de ejecuciones hipotecarias y otras causas, se repiten las dos primeras posiciones con 2.069 desahucios en Cataluña y 1.125 en Andalucía. Pero en tercer lugar aparece la Comunidad Valenciana, con un total de 794 desalojos, por los 702 de Madrid, que figura en cuarta posición. Si los lanzamientos practicados se ponen en relación con al población de cada comunidad, junto a Cataluña se meten en las tres primeras posiciones Baleares y Canarias, dos comunidades con un fuerte peso del turismo en sus economías y que suelen encabezar también las listas de las que tienen unos precios inmobiliario más disparados.