Las comunidades tendrán que blindar la vivienda pública para recibir fondos del nuevo plan estatal

El nuevo plan estatal de vivienda pretende marcar un punto de inflexión en la gestión de los fondos públicos. Para que las autonomías puedan acceder a los recursos que pondrá sobre la mesa el Gobierno central —4.000 millones de euros entre 2026 y 2030, en una iniciativa que podría movilizar más de 7.000 millones si las comunidades autónomas aportan el 40% restante, como ha propuesto Pedro Sánchez en una carta previa a la Conferencia de Presidentes— será condición obligatoria que las viviendas financiadas con este dinero queden blindadas de forma indefinida. Es decir, no podrán pasar al mercado libre ni venderse a precio de demanda y permanecerán como vivienda pública para siempre. Las autonomías que no se comprometan con ese modelo no podrán acceder al dinero del plan, según han relatado fuentes del Ejecutivo este martes.

Las fórmulas para garantizar este blindaje de la VPO pueden variar: desde reformas reglamentarias hasta compromisos por proyecto. No se exige una modificación legislativa autonómica, pero sí garantías jurídicas efectivas que, de no presentarse, bloquearán el flujo de fondos para esos territorios. De esta forma, el Gobierno utiliza su capacidad de reparto de dinero para obligar a las comunidades a establecer límites según su criterio, pese a que las competencias en esta materia son autonómicas, como dejó claro el Tribunal Constitucional en su sentencia sobre la ley de vivienda.

El reparto territorial de los fondos, como ha ocurrido con los otros planes, se determinará en las conferencias sectoriales. Los criterios históricos —como el nivel de tensión del mercado, la dispersión de la población, la insularidad o las tasas de desempleo— seguirán aplicándose. En función de esos parámetros se establecerá la cantidad de dinero que corresponderá a cada comunidad, que deberá definir después su propia aportación.

El diseño del nuevo plan estatal parte de la necesidad reconocida de aumentar el número de viviendas disponibles en el país y, sobre todo, de que estas sean más asequibles. Para lograrlo, el Ejecutivo prevé reforzar la financiación estatal desde los 1.700 millones del plan actual —que vence el 31 de diciembre de 2025— hasta los 4.000 millones en el periodo 2026-2030. Supone triplicar el gasto en vivienda, a la espera de que las comunidades aprueben la propuesta en la Conferencia de Presidentes.

En la estructura de cofinanciación, el Gobierno plantea que las autonomías aumenten su aportación, que actualmente ronda el 25%, hasta el 40%. Este esfuerzo adicional se enmarca en un modelo de corresponsabilidad, según el Ejecutivo. Si el Estado incrementa su inversión, también espera mayor implicación autonómica. El esfuerzo marcado en el nuevo plan es, según estas fuentes, posible. De hecho, ya hay comunidades autónomas que superan este porcentaje. A partir de estos cálculos, sería posible superar los 7.000 millones de euros en fondos si cada territorio aporta más de esta tasa mínima.

El planteamiento supone un giro de tuerca en una política que durante décadas ha fomentado mayoritariamente la propiedad, incluso dentro de las promociones de vivienda protegida. Más de 2,4 millones de unidades han sido construidas en los últimos 40 años bajo esta fórmula, pero la mayoría acabó desregulándose con el tiempo. El resultado ha sido un parque público residual, que apenas representa el 2,5% del total de viviendas, una anomalía en el contexto europeo, donde países como Austria o Países Bajos superan el 15%. Con la nueva hoja de ruta, el Gobierno busca garantizar que la inversión pública en vivienda tenga un impacto duradero, beneficiando no solo a los inquilinos actuales sino también a generaciones futuras.

Aunque todavía falta por concretar cuántas viviendas se podrán construir o rehabilitar con el nuevo plan, el Gobierno confía en que la nueva dotación de fondos permita generar un parque público equiparable al europeo.

Más allá del dinero y del blindaje jurídico, el tercer eje del nuevo plan estatal de vivienda tiene que ver con el control de los datos. El Ejecutivo quiere que las comunidades autónomas compartan sistemáticamente sus registros sobre alquiler, precios de compraventa, fianzas y evolución del parque residencial. Mejorar la estadística pública es otra de las ambiciones que Sánchez ha expresado este viernes de cara a su reunión con los presidentes autonómicos. La medida se presenta como un intento de “transparencia”, pero su verdadero alcance va más allá. Disponer de una base estadística pública y propia permitiría contrastar y, en muchos casos, disputar, la narrativa dominante del mercado, hoy en manos de grandes portales inmobiliarios, tasadoras y firmas privadas.

Más de un partido político ha acusado a estos actores de influir de forma decisiva en la percepción pública de los precios, y que sus cifras tienden a reflejar la parte alta del mercado. Frente a eso, se plantea un sistema que tome como base datos administrativos, empezando por el registro de fianzas, que refleja los contratos de alquiler formalizados. Pero no todas las comunidades lo tienen actualizado o estructurado, lo que dificulta la elaboración de un diagnóstico real del mercado del alquiler en muchas zonas del país.

La idea no es nueva, desde hace tiempo se critica que España carece de un sistema estadístico robusto y público sobre vivienda, con indicadores homologables y estables. El Gobierno ha ido dando pasos en esta materia, con iniciativas como el índice de precios del alquiler, que parte de los datos fiscales, pero sufre el desfase estructural de los calendarios tributarios y no ofrece una imagen en tiempo real. Además, no cubre del todo fenómenos que han alterado de forma significativa el mapa residencial, como la vivienda turística o los alquileres de corta duración, que ahora se pretenden incluir en los nuevos registros.