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Unai Sordo: “El precio de la vivienda va a ser el principal problema para el empleo en los próximos años”

El secretario general de CC OO se presenta a un tercer y último mandato al frente del sindicato. “El riesgo para la evolución económica en España es la extrema derecha”, dice

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, en su despacho en la sede del sindicato en Madrid, este miércoles.

El próximo jueves empieza el 13º Congreso Confederal de Comisiones Obreras (CC OO), en el que Unai Sordo (Barakaldo, 52 años) se presentará a un tercer y último mandato como secretario general de la organización. “Aunque fuera posible un cuarto, no me presentaba ni loco”, bromea sentado en su despacho de la sede del sindicato en Madrid, donde repasa la actualidad laboral y política del país.

Pregunta. ¿Cómo afronta el próximo congreso del sindicato en el que se presenta a la reelección?

Respuesta. Creo que a nivel interno hay un nivel de cohesión muy importante y que el balance de estos últimos cuatro años es relevante. En términos socioeconómicos la perspectiva de país es buena, pero la inestabilidad geopolítica por el papel de Estados Unidos y la realidad política española van a ser factores a tener en cuenta.

P. Trabajo prepara un escenario alternativo ante el posible descarrilamiento de la reducción de jornada, centrándose únicamente en el refuerzo del control horario, que no requiere del aval del Congreso.

R. Nosotros no renunciamos a que se pueda tramitar y salga adelante, y se tiene que hacer de una forma inmediata. Si la reducción de jornada pasa del verano, va a empezar a interferir en la negociación colectiva. Y esto es un problema sindical de primer orden, porque la renovación de los convenios requiere conocer el mapa en el que te vas a mover. El control horario es tan relevante como la reducción de jornada. Para nosotros hay dos líneas rojas: que la reducción de jornada sea por ley, y la mejora en los sistemas de control horario. Hay seis millones de horas extras que no se pagan.

P. Si la reducción a 37,5 horas semanales no prospera, como no lo hizo la de 38,5 horas, ¿a quién le atribuiría el fracaso?

R. Nosotros vamos a seguir defendiendo que esta reducción tiene que ver la luz y denunciaremos en la calle a quien se oponga. Pero toda esta situación evidencia una realidad que llevamos sosteniendo desde el principio de la legislatura: no hay una mayoría progresista en el Congreso. Junts es un partido que, en términos socioeconómicos, es tan de derechas, o más, que el Partido Popular, y que responde muchas veces a intereses casi expresados en clave de lobby de algunas patronales y empresas catalanas. Hay millones de trabajadores, también catalanes, que están esperando como agua de mayo esta reducción de jornada.

P. Que Yolanda Díaz haya hecho suya la bandera de la reducción, ¿en qué situación política le dejaría que no saliera adelante?

R. Evidentemente, sería un fracaso de una propuesta que está en el acuerdo de Gobierno, no lo olvidemos. La gente tiene que saber que hay grupos parlamentarios que no están dispuestos a reducir la jornada laboral porque prefieren que las empresas ganen más a costa de empeorar las condiciones de trabajo de la gente.

P. Si, como dice, hay una mayoría de derechas en el Congreso, ¿qué sentido tiene llevar propuestas condenadas al rechazo?

R. Es cierto que esto puede generar una frustración, pero creo que es bueno que estos asuntos formen parte de la conversación pública y sean un elemento de pedagogía política. Ojalá la gente votara y discutiera las cosas en función de cómo le afectan a su vida y no a conceptos metafísicos de otro tipo.

P. Trabajo también se ha abierto a incorporar mecanismos para combatir el absentismo para atraer a los empresarios. ¿Lo ve como una concesión?

R. Es un poco mezclar churras con merinas. Pese a ser un fenómeno multifactorial, una de las razones del auge del absentismo en España tiene que ver con el exceso de tiempo que se trabaja o con la distribución irregular del tiempo de trabajo que afecta a la vida social de las personas. Con la evolución de las bajas se está haciendo una lectura simplista. La gente ya no está dispuesta a trabajar con algunas dolencias que hace 20 o 25 años se consideraban que formaba parte del paisaje, al que se suma que hay un deterioro en la actividad preventiva.

Sordo, en su despacho durante la entrevista este miércoles.

P. ¿Cuándo esperan iniciar las conversaciones para el próximo Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC)?

R. Si empezamos después de verano, mejor. Porque son negociaciones complejas en términos salariales y cualitativos. Además, estamos seguros de que la CEOE llevará una superpropuesta centrada en la reducción de jornada, puesto que lleva un año defendiendo que donde debe regularse es en la negociación colectiva. Así que estamos deseando conocerla.

P. El Ministerio de Seguridad Social ha aprobado extender la jubilación anticipada a más profesiones penosas. Pese al respaldo de CEOE, muchas patronales sectoriales lo rechazan por el sobrecoste en cotizaciones que supone. ¿A qué atribuye ese doble discurso?

R. Lo bueno de esta modificación es que permite que los trabajadores que acrediten el perfil necesario puedan acceder a una jubilación anticipada, incluso sin el beneplácito de la empresa. Lo llamativo es que las razones por las que se oponen las patronales son las mismas por las que luego se quejan de que la gente a partir de cierta edad se coge muchas bajas. Miran las cosas con un cortoplacismo alucinante. El sobrecoste por jubilarse antes es el mismo que se da después, cuando personas de 50 y tantos años empiezan a encadenar bajas porque su salud se ha ido deteriorando.

P. ¿Percibe que el discurso antiimpuestos, o el revisionismo histórico de la dictadura, están calando entre los más jóvenes?

R. El riesgo para la evolución económica y el pleno empleo en España hoy en día es la extrema derecha. Ante la oportunidad que tiene en estos momentos España, que se esté cuestionando el Pacto Verde Europeo, la industrialización basada en tecnologías vinculadas a las energías renovables o la necesidad de la inmigración en los próximos 20 años, es directamente condenar a nuestro país al atrasismo. Todos estos que hablan de libertad son los que se están cargando la democracia en Estados Unidos, por ejemplo.

P. ¿Cree que las medidas del Gobierno para solucionar el problema de la vivienda son las adecuadas?

R. Sobre esto quiero lanzar un mensaje a las organizaciones empresariales: hoy en día el precio de la vivienda va a ser el gran problema que van a tener para encontrar trabajadores en muchas de las actividades que van a generar empleo en España en el próximo tiempo. La no existencia de precios asequibles para acceder a la vivienda destruye y va a imposibilitar la creación de empleo en términos superiores que la subida del salario mínimo o la reducción de jornada. Hay que desplegar un parque de viviendas a precio asequible. Van a venir 200.000 personas al año que van a tener que vivir en algún sitio. Si muchos de los empresarios de este país dijeran en público las cosas que yo sé que qué piensan sobre el funcionamiento del mercado inmobiliario o de alguna cosa más, a lo mejor estaríamos en otra situación.

Unai Sordo, en la sede de CC OO en Madrid, este miércoles.

P. ¿Le preocupa la sostenibilidad de las pensiones? Bruselas ha mandatado a España que repita el examen de la Airef.

R. No se puede aceptar como marco discursivo que la salud del sistema de pensiones en España es una relación directa entre las cotizaciones sociales y el gasto en prestaciones. Nos quieren engañar para decir que el sistema no es sostenible directamente porque se lo han inventado, porque en ningún sitio está escrito que las pensiones se paguen solo con cotizaciones; y en cualquier aproximación de la Airef o de quien sea, se tienen que tener en cuenta otros flujos de ingresos que forman parte de las decisiones que toma cada Gobierno y que son los que van a garantizar que haya recursos suficientes para pagar pensiones.

P. ¿Debe dimitir el fiscal general del Estado?

R. No. En circunstancias normales es muy fuerte que un fiscal del Estado se vea sometido a un juicio oral. Pero es que no estamos en parámetros ordinarios. Yo creo que desde hace unos años hay una parte no menor de la judicatura española que está tratando de incidir e interferir políticamente. Y creo que lo que está ocurriendo con el fiscal general del Estado no es ajeno a esa dinámica.

P. ¿Ha gestionado bien el Gobierno el caso Leire?

R. Lo he vivido con cierta perplejidad. Porque yo soy de los que no entiende muy bien lo que ha pasado, ni cuál es el papel de algunos personajes. Por un lado, habrá que discernir si esta mujer tenía algún elemento de poder real o si, por lo que se ha visto en los platós de televisión, era más bien un punto friki. Si actuaba al dictado de alguien, Anacleto, agente secreto tenía más elementos que ella.

P. La oposición habla de mafia en el Gobierno.

R. Vivimos en una hipérbole permanente. Pese a esto, hay que ser absolutamente taxativos contra cualquier elemento de corrupción, por ejemplo, todo lo que está surgiendo en el caso Ábalos. Cosas como estas hay que extirparlas de la vida política.

P. De ser reelegido, sería su tercer y último mandato, por imperativo estatutario. ¿Se ve en política?

R. Ni lo he descartado, ni lo he valorado. A cuatro años vista no he hecho planes en mi vida. Y aunque no lo pusiera en los estatutos, no me presentaría a un cuarto mandato ni loco.

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