Díaz endurecerá por decreto el registro horario en las empresas aunque no se aprueben las 37,5 horas

La aprobación de la ley para recortar la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales se ha puesto muy complicada, sobre todo por las presiones empresariales, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y su equipo mantienen la negociación con Junts, el escollo más difícil. En el Ministerio de Trabajo no se rinden, pero si esta norma no pudiera ver la luz, ya tienen pensada una solución para aprobar por decreto unilateralmente y sin necesidad de convalidación parlamentaria una de las partes más importantes de este proyecto de ley: la reforma del registro horario en las empresas. Esta puede modificarse mediante un desarrollo reglamentario, sin necesidad de que pase por el Parlamento, que es donde Junts amenaza con tumbar la reducción de la jornada. Bastará que el Consejo de Ministros apruebe un Real Decreto con un reglamento.

Esta decisión de sacar el endurecimiento del registro horario, una forma de forzar el pago de miles de horas extra que quedan sin remunerar en todo el país, es también una forma de presión negociadora por parte de Díaz. Las distintas patronales, que han presionado mucho para tumbar la reforma y que tienen influencia sobre Junts y otros partidos, tienen un rechazo especialmente fuerte al registro horario. Y tal vez piensen que al decaer la ley, si Junts mantiene la enmienda a la totalidad que ya ha registrado en el Congreso, también lograrán tumbar el registro horario. Pero el mensaje negociador de Trabajo es claro: esa parte va a salir en cualquier caso, porque se puede aprobar sin aval parlamentario, como decisión del Gobierno, y por eso a la patronal le convendría negociar la reducción de jornada con compensaciones como las ayudas a las pymes y en general con la posibilidad de mejorar toda la ley, porque si se oponen radicalmente el control horario sí seguirá adelante.

La posibilidad de que el Ministerio de Trabajo no lograra aprobar en el Parlamento el recorte de jornada máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales, como ha peleado Sumar desde el principio de la legislatura, ha estado siempre presente en las negociaciones con patronal y sindicatos. Hasta el punto de que el proyecto de ley de reducción de la jornada –que ahora espera en el Congreso de los Diputados al resultado de la negociación de Sumar con Junts- cuenta con tres patas: el recorte de la jornada; la reforma del registro horario en las empresas; y el desarrollo del derecho a la desconexión de los trabajadores. Pero no todas ellas requieren ser aprobadas en una ley.

Desde el principio, Trabajo planeó que la jornada de 37,5 horas debía ir intrínsecamente de la mano de una profunda reforma del registro diario de la jornada, obligatorio en España desde mayo de 2019. Pero dicha reforma de este registro no exige pasar por el parlamento, sino que bastaría con modificar la actual regulación con un desarrollo reglamentario.

De hecho, en un momento de las negociaciones entre Trabajo y los sindicatos, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ya reconoció en octubre pasado que comparte la exigencia de UGT de reformar el registro horario a través de un reglamento, aunque no saliera adelante la ley de reducción de jornada en el Parlamento. Y esta es la opción que, a medida que pasan los días, empieza a cobrar más fuerza, debido a las fuertes presiones empresariales, sobre todo de las patronales catalanas, muy empeñadas en frenar el proyecto y muy influyentes sobre Junts. El sector socialista del Gobierno ha dejado la negociación en manos de Díaz, que sigue confiando en ella y mantiene las citas con Junts y las llamadas con el propio Carles Puigdemont. En el PSOE son mucho más pesimistas que Díaz sobre la posibilidad de sacar adelante esta norma con Junts, pero los que tienen la información directa son los negociadores de Díaz y trasladan esperanzas.

En el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno creen que la estrategia empresarial está siendo estigmatizar el recorte de la jornada laboral augurando poco más o menos que una hecatombe económica si saliera adelante, pero, en realidad, de lo que más quieren escapar es de un registro horario más exigente y eficaz, que les impida prolongar las jornadas sin abonar horas extras y de manera impune. Es pero ello que desde el Ejecutivo insisten en que el registro se endurecerá por decreto pase lo que pase en el Parlamento con las 37,5 horas.

Así, en paralelo con las negociaciones parlamentarias para aprobar la reducción de la jornada, que siguen su curso y la próxima semana vivirán otro momento decisivo, con otra ronda de conversaciones prevista entre Díaz y todos los grupos de la Cámara Baja, el Ejecutivo ya trabaja en un texto que desarrollará reglamentariamente todos los elementos del registro incluidos en la ley de las 37,5 horas.

Las novedades del registro

Entre las principales novedades que se exigirán obligatoriamente a todas las empresas en este futuro reglamento será que las anotaciones diarias de la hora a la que se entra y se sale sean personales por parte de la persona trabajadora, y que ningún responsable ni compañero puedan registrar dichos horarios. Esto determinará una nueva obligación: que este registro sea necesariamente digital (ahora puede ser en papel), con mecanismos de verificación de la identidad.

Además, los trabajadores tendrán que especificar si las horas han sido efectivamente trabajadas o son horas en las que han estado a disponibilidad de la empresa; y si son ordinarias dentro de su jornada o extraordinarias. También se introducirán cambios a la hora de controlar las anotaciones de los empleados en estos registros. Se pasará a exigir o bien que la representación legal de los trabajadores (delegados sindicales y comités de empresa) obtengan copias de este registro con cierta periodicidad; o que dicha representación legal esté presente si se tiene que modificar el registro. Esto nuevamente requerirá el acceso electrónico interoperable y garantías informáticas de autenticidad, como sellos de tiempo.

En definitiva, las empresas estarán obligadas a garantizar el acceso inmediato, así como en remoto a los registros electrónicos. Con ello se pretende que los registros individuales estén a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes y de la Inspección de Trabajo.

Para llevar a cabo todas estas modificaciones, el Gobierno cuenta con el respaldo de la actual redacción del Estatuto de los Trabajadores, que en su artículo 34.8, prevé la regulación reglamentaria del registro horario. Pero también se ampara en varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español que ha precisado algunos funcionamientos de estos registros obligatorios en las empresas.