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Las pymes catalanas exigen hablar sobre absentismo y flexibilidad horaria en la negociación sobre la ley de reducción de jornada

Pimec intenta convencer a los grupos parlamentarios para que reformulen el texto para fijar la jornada máxima legal en 37,5 horas

El presidente de Pimec y vicepresidente de Conpymes, Antoni Cañete; el presidente de Conpymes, José María Torres, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Raquel Pascual Cortés

La patronal de pymes catalanas Pimec está haciendo una ronda con los grupos parlamentarios para explicarles los motivos por los que, “la propuesta de reducción de la jornada laboral tal y como se ha formulado (en el Parlamento) es absolutamente inviable para las pequeñas y medianas empresas”, ha indicado este martes su presidente, Antoni Cañete, a las puertas del Congreso, tras entrevistarse con el Grupo Popular.

Si bien, esta organización de pymes, muy vinculada a la órbita de Junts —único partido que ya ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad a la proposición de ley para reducir la jornada— considera que si esta norma se “reformula 360 grados” sí podría tener visos de salir adelante. Dicha reformulación en la negociación parlamentaria y con el Gobierno que se está llevando a cabo debería incluir, según Cañete, algunos asuntos como la adopción de medidas contra el absentismo, y a favor de la productividad y la flexibilidad horaria (a través de la distribución irregular de la jornada y las horas extra).

El líder patronal catalán también se ha referido a la necesidad de que estas negociaciones incluyan los aspectos relacionados con el “espacio tiempo” de implantación de la norma. El proyecto de ley prevé que todas las empresas y convenios colectivos recojan como jornada laboral máxima las 37,5 horas semanales el 31 de diciembre próximo. Pero para Cañete es “imposible hacer esto prácticamente de un día para otro”. Y ha señalado la especial dificultad que tienen, por distintos motivos, las pymes que cuentan con mano de obra intensiva, como las empresas de limpieza; o las farmacias, cuyo problema es la falta de profesionales farmacéuticos para suplir los turnos de apertura de estos establecimientos tras el recorte de jornada.

Asimismo, ha reclamado que la nueva regulación del registro horario, que también incluye esta ley, “se dote de una dimensión de empresa”. Esto es, que las exigencias del nuevo registro que deberá ser obligatoriamente digital e interoperable se adapte de alguna manera a los medios disponibles por las pymes.

Negociación colectiva

Pimec, al igual que el resto de las organizaciones patronales que rechazaron el acuerdo para reducir la jornada máxima legal (CEOE-Cepymes) considera que las 37,5 horas semanales no se deben fijar en la ley del Estatuto de los Trabajadores, sino que se tendría que llegar a ellas a través de la negociación colectiva. No obstante, Cañete ha sugerido que si el texto que está ahora en el Congreso de los Diputados se modifica “en clave pyme”, con las cuestiones antes citadas, entre otras, sus detractores podrían ver con mejores ojos el recorte por ley.

Dicho todo esto, y a pesar de que el Gobierno ha decidido tramitar esta ley por el trámite de urgencia. Precisamente este martes, la mesa del Congreso ha vuelto a prorrogar su plazo de enmiendas una semana más, y fuentes de la negociación parlamentaria auguran que estas dilaciones podrían alargarse incluso hasta después del verano. “El hecho de que se amplíe el plazo para presentar enmiendas significa que está pasando algo” en el terreno de la negociación, ha concluido optimista Cañete.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.
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