Reducción de jornada: apoyo social, enemigos muy fuertes

Absorbida por el apagón, que ocupa casi todo el espacio, la escena del poder en España vive en sordina una batalla política y empresarial de fondo con consecuencias directas para 12 millones de personas que se verían beneficiadas al poder trabajar menos horas por el mismo sueldo. Se trata de la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, el primer cambio desde 1983, cuando el Gobierno de Felipe González, que lo había llevado en su campaña de 1982 como gran promesa electoral, bajó la jornada de 48 a 40, de seis días a cinco. Lo hizo aprovechando su mayoría absoluta y con la patronal radicalmente en contra, como ahora.

Como sucedió con la reforma laboral de 2022, la negociación final de la reducción de jornada llega con un escepticismo total. Como entonces, pese a la convicción absoluta de Díaz, que siempre confió en lograr un acuerdo y vuelve a tener hoy la misma posición con su nuevo gran hito, muy pocos en el mundo del poder político y empresarial creen que vaya a salir.

Aunque hay dos diferencias muy importantes con 2022: la primera, en la reforma laboral, en el último momento y cuando parecía imposible, la patronal decidió entrar al acuerdo y pactó la reforma con los sindicatos y con Yolanda Díaz, ya entonces vicepresidenta y ministra de Trabajo. Esta vez la patronal está fuera y maniobrando de forma intensa, según diversas fuentes políticas, empresariales y sindicales consultadas, para que la reducción de jornada descarrile. Y la segunda: que el Congreso de 2022 ya era difícil, pero el de 2025 es peor.

En 2022, cuando ERC y Bildu decidieron bajarse del carro y votar en contra de la reforma porque, según sus argumentos, era poco ambiciosa, el PSOE llamó a Ciudadanos y a UPN para sacarla. Había una segunda opción. Y así iba a salir, cuando los diputados de UPN ―hoy en el PP― traicionaron a su partido por la espalda, sin avisar, y pactaron con los populares una maniobra para tumbarla que fracasó en el último momento por un error de un diputado del PP, Alberto Casero.

“El problema es que en este Congreso no hay plan B. Si PP, Vox y Junts suman sus votos para tumbar algo, no tienes ninguna otra opción. En 2022 había más salidas”, resume un miembro del Gobierno. Por eso, Díaz y su equipo están multiplicando sus contactos con Junts, que de momento rechaza de plano la reforma ―ha anunciado una enmienda a la totalidad― pero a la vez está negociando para cambiarla. “Le tienen que dar la vuelta entera”, resumen fuentes de Junts, que no descartan así la posibilidad de un acuerdo. Los ministros socialistas no están entrando de momento a negociar. Todo lo lleva directamente Díaz y los suyos. Ella habla con Carles Puigdemont, y después hay reuniones negociadoras de los equipos de los dos partidos. El hecho en sí de haya negociación es una señal de que no es imposible un acuerdo, aunque la presión empresarial es tan fuerte que varios ministros socialistas trasladan en privado su pesimismo.

¿Y Sánchez? A pesar de todo este escepticismo, este martes, cuando la reforma llegó al Consejo de Ministros, Díaz mostró una gran convicción en que saldrá adelante. Y el presidente, según varios de los presentes, le trasladó todo su apoyo y analizó los efectos no solo sociales sino también políticos de la reforma. Explicó que sería un nuevo hito para el Gobierno progresista porque mejoraría la vida de millones de personas en algo que es directo, fácil de comprender, y permanente: aunque el PP ahora vote en contra, es impensable que luego se atreviera a revertir esta reforma al llegar a La Moncloa.

Es precisamente lo que más necesita en este momento un Ejecutivo que vive enormes dificultades políticas, que tiene una mayoría muy precaria, que genera un rechazo muy fuerte en amplios sectores conservadores y tiene a su propio electorado no especialmente movilizado. Pero al mismo tiempo esas encuestas adversas demuestran que hay un gran apoyo a todas estas medidas, incluida la reducción de la jornada, también entre los votantes conservadores. Dos de cada tres españoles, la respaldan, según el sondeo del 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER. Los jóvenes especialmente. Solo el 25% de los votantes de PP y el 29% de los de Vox rechazan la medida.

Sánchez ha dado la instrucción clara a los suyos de dejar la negociación en manos de Díaz. Cuando llegue el momento definitivo, y la votación de totalidad ―la que tumbaría la norma antes de entrar a discutirla en el Congreso― esté próxima, habrá que ver cómo se llega y si Junts quiere alguna otra carta a cambio en la que tengan que intervenir los socialistas. De momento, en la última reunión en Suiza con el PSOE, en la que como siempre se habló de todo, Puigdemont se mostró muy reacio a aprobar estar reforma, aunque sigue negociando, según coinciden distintas fuentes.

En el PSOE son pesimistas, pero en el entorno del presidente insisten en que mientras haya negociación todo es posible y habrá que utilizar también mecanismos de presión política. De hecho, distintos miembros del Gobierno consultados insisten en que si no sale, aunque sea un golpe político duro, sobre todo para Díaz, ya que es su medida estrella, habrá que trabajar para que millones de españoles sepan que podrían haber trabajado menos si el PP y Junts la hubieran apoyado. Si cae, señalan, se puede volver a intentar más adelante. “El debate ya está abierto. La reducción de jornada va a llegar, si no es esta vez será a la próxima. El mundo va por ahí. Ahora hay que moverse bien para intentar que salga esta vez”, señala un ministro. “En la calle este debate está ganado”, resumía Díaz esta semana. Pero ahora toca ganarlo en el Congreso, y sobre todo convencer a Junts, porque el PNV está lanzando mensajes mucho más positivos.

Este debate llega además en plena guerra interna en la patronal por el control de Cepyme, la poderosa patronal de las pequeñas y medianas empresas. Precisamente para esta jugada política y empresarial es clave Pimec, que representa en Cataluña a las pequeñas empresas y es rival de Cepyme. Pimec influye mucho sobre Junts. Díaz busca encontrar los incentivos suficientes, sobre todo a través de ayudas económicas para que las pequeñas empresas puedan soportar la adaptación a esta nueva jornada laboral y otros posibles beneficios para suavizar la posición de Pimec y con ella de la Junts. La batalla empresarial es también política: Isabel Díaz Ayuso ha entrado de lleno a apoyar a Gerardo Cuerva, líder de Cepyme y rival de Antonio Garamendi, presidente de CEOE, que este sábado en EL PAÍS criticaba a Díaz y a Pedro Sánchez mientras aplaudía a la presidenta madrileña. En este complejo cruce entre política y empresa, la clave está en saber qué papel quiere jugar Pimec y con ella Junts en una decisión clave para 12 millones de trabajadores. La negociación está abierta. Los enemigos de la reducción de jornada son poderosos. Pero el apoyo social también.