El ejecutivo de Ayuso busca ayuda para la batalla legal con 900 afectados por la propiedad de cientos de chalets y pisos en la sierra de Madrid

Hubo un tiempo en el que por esta urbanización de lujo desfilaron apellidos ilustres como los de Botín o Manrique. Hoy uno menos sonoro, García, vincula a la actual ministra de Sanidad, Mónica García, con parte de la propiedad de un chalet en Camorritos, Cercedilla. Pero nadie sabe cuánto tiempo podrán seguir disfrutando ella y el resto de vecinos de las viviendas. La Comunidad de Madrid decidió en septiembre de 2024 que debían abandonarlas, pues su construcción en este monte de utilidad pública fue amparada por una concesión del suelo de 99 años que ya ha terminado. Y eso ha abierto un conflicto político, administrativo y judicial de tal magnitud, que el gobierno regional ha tenido que buscar ayuda externa para afrontarlo: los 900 afectados han registrado ya 329 recursos de reposición, y, por el momento, 43 recursos contenciosos administrativos contra su salida de las viviendas. Una guerra total que ha llevado al Ayuntamiento de Cercedilla a licitar otro contrato de asesoría jurídica de casi tres millones de euros, pues el caso puede acabar en el Supremo y el Constitucional.

Si esto fuera un combate de boxeo, los vecinos reciben una combinación de golpes que dejaría en la lona a cualquiera entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre de 2024. Pim-pam. Primero, la Comunidad decide que ha caducado la concesión estatal de 1920 destinada a la Sociedad Anónima del Ferrocarril Eléctrico, que, a su vez, realizó concesiones a terceros para promover la construcción de unos sanatorios de altura que nunca llegaron a levantarse como tales. Ese es el origen de los actuales chalets y pisos. Luego, el segundo golpe llega cuando la Administración decide que los ocupantes de los edificios deben entregar las llaves en tres meses como máximo, y libres de polvo y paja, es decir, con la hipoteca pagada en el caso de que la hubiera.

Hay muchas viviendas en juego: unos 90 chalets en Cercedilla, y unos 360 apartamentos del Puerto de Navacerrada. Y los afectados se resisten con uñas y dientes a decir adiós a construcciones pintorescas como la casa de las Tres Torres; a toda una vida de recuerdos hechos de veranos en familia, inviernos con nieve, o excursiones por las montañas; y, en definitiva, a viviendas que en muchos casos han visto pasar a varias generaciones de seres queridos.

“¡Es que son nuestras casas!“, se queja Enrique Castells, secretario de la asociación de titulares afectados en Camorritos, que cifra en más de 1.100 los interesados en el asunto, entre los propietarios de Navacerrada y Cercedilla, ya que el número aumenta según mueren cabezas de familia y sus hijos heredan la residencia y el problema. “La situación es que en octubre la Comunidad declara caducada la ocupación de Camorritos, evidentemente no estamos de acuerdo, y se recurre, y algunas personas van directamente al contencioso”, describe sobre un proceso que afecta a dueños de casas, pisos, restaurantes, garajes... “Se va contra el Ayuntamiento y la Comunidad. A mi modo de ver están equivocados”, añade sobre una batalla legal en la que cada una de las familias implicadas lleva gastados miles de euros, en consonancia con el valor millonario que tendrían sus viviendas en el mercado. Y advierte: “El tiempo lo va a decir. Vamos a llegar a donde se pueda llegar. Es un tema que va a ser muy largo e iremos hasta el último recurso, como si hay que ir a Europa. Paso a paso”.

Para empezar, el contrato licitado por el Ayuntamiento de Cercedilla durará cinco años. Eso, sin embargo, no quiere decir que se vaya a alcanzar una resolución en ese plazo. De hecho, la propia documentación del municipio anticipa la posibilidad de licitar un nuevo acuerdo cuando se acabe este, ante la opción de que el pulso legal apure las instancias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

“Existe actualmente un elevado número de expedientes de concesiones administrativas cuyo plazo de vigencia ha finalizado o vence en los próximos meses, tratándose algunas de ellas de concesiones otorgadas hace más de 99 años”, se detalla en documentación consultada por EL PAÍS y que acompaña a la contratación por 350.648,14 euros de un servicio de asesoría técnica y jurídica para la Comunidad de Madrid. “Ese exceso extraordinario y puntual se traslada a su vez a una mayor litigiosidad”, se añade. “Existen algunos expedientes de elevada complejidad en los que los interesados han interpuesto múltiples recursos de reposición, así como recursos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, se recuerda en referencia al que afecta a Cercedilla y Navacerrada. Y se admite: “[Por ello] se requiere de una apoyo técnico jurídico”.

El problema, se deduce, amenaza con extenderse a otras zonas de la región, pues la de Cercedilla y Navacerrada no es la única concesión centenaria caducada o a punto de caducar.

Así, actualmente hay unas 335 ocupaciones temporales vigentes en montes catalogados por toda la Comunidad, de las cuales 242 pagan un canon, lo que repercute en unos ingresos de 530.000 euros anuales. Y cada año la Administración tramita unos 25 expedientes de nuevas concesiones, modificaciones o caducidad. En el caso de las de 99 años, el gobierno regional revisar la cartografía y datos asociados al derecho de ocupación para poder iniciar el procedimiento de declaración de extinción por caducidad, ya que en expedientes tan antiguos no hay cartografía digital.

Esa es la situación de Navacerrada y Cercedilla. En el caso de Camorritos, la colonia está situada dentro de las 85,5 hectáreas que el Estado liberó a través de una concesión de terrenos que pertenecían a tres montes diferentes catalogados de utilidad pública. En total cedió 2,5 hectáreas del Pinar de Helechosa, que pertenece a Navacerrada, 60 hectáreas del Pinar de Agregados, a Cercedilla, y 23 hectáreas del Pinar Baldío, a ambos municipios.

Han pasado más de 100 años desde que se firmó la concesión. Reinaba entonces Alfonso XIII. Era una España en blanco y negro. Y de las pocas cosas que no han cambiado desde entonces, una es la del conflicto por estas viviendas: nadie ha dado con una solución en más de un siglo, y ahora que es imprescindible hacerlo, comienza una cruenta batalla en la administración y los tribunales.