Elma Saiz, sobre la sostenibilidad de las pensiones: “No hay un número mágico”

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz ha defendido nuevamente este lunes la sostenibilidad del sistema de pensiones, reafirmándose en los resultados del último informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Esta descartaba la aplicación de la cláusula de cierre, que obligaría a incrementar la recaudación o aplicar recortes, aunque alertaba de un aumento del gasto de 3,4 puntos de PIB hasta 2050. Saiz ha recordado que este organismo estima una proyección de gasto neto promedio para el periodo 2022-2050 de 13,2 puntos porcentuales, “por debajo del umbral de referencia”, y ha alertado de que con los mensajes que cuestionan la viabilidad de las pensiones “los ciudadanos entienden que no cobrarán su pensión el próximo mes, y eso no es así”. La ministra también ha recalcado que “no existe un número mágico de la sostenibilidad”, y que, por tanto, “no hay una cifra a partir de la cual alguien pueda concluir que un sistema de pensiones es sostenible o no”.

Saiz ha intervenido este lunes en la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo en el Congreso, donde ha repasado los datos del informe de la Airef, que tomaba en consideración solamente algunas de las transferencias directas del Estado en el apartado de los ingresos. Esto es algo que ha vuelto a poner en cuestión Saiz, que ha calificado algunas de las proyecciones como “conservadoras”. “En el Ministerio tenemos algunas diferencias técnicas con la aproximación utilizada”, ha reconocido. “No obstante, también esperamos que este número se revise al alza en futuras evaluaciones a medida que la Airef vaya disponiendo de más datos para completar y actualizar sus análisis”, ha añadido.

Pese a que Saiz se ha valido de las conclusiones del estudio de la Airef, el Gobierno tendrá que repetir el examen de las pensiones por la presión de Bruselas para cumplir con las exigencias de los fondos europeos vinculados al plan de recuperación que se aprobó por la pandemia. Y este tendrá que llevarse a cabo nuevamente por la Autoridad Fiscal antes del 1 de junio del 2026.

Saiz también ha dado cuenta de las últimas decisiones que ha tomado su departamento, como la extensión de los coeficientes reductores a un mayor número de profesiones de naturaleza penosa, tóxica, peligrosa o insalubre que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad. Respecto a las distintas medidas implementadas por el ministerio para alargar la vida laboral de los trabajadores en pos de una mejoría en su futura pensión, y que colisionan con esta decisión de acercar la jubilación anticipada a más personas, Saiz ha señalado que “los incentivos a la demora de la jubilación nunca estuvieron pensados para aquellas personas que durante su vida laboral realizan actividades con gran esfuerzo”.

La responsable de Seguridad Social ha recalcado que esta decisión tiene además una perspectiva de género, puesto que la norma “prevé la creación de un grupo de trabajo a fin de analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores [...] en aquellas ocupaciones o actividades profesionales con mayor presencia femenina”. Al tiempo, Saiz ha recordado que la aplicación de estos coeficientes “llevará ligado un incremento en la cotización a la Seguridad Social para ese colectivo que se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada año”. Y ha añadido que “consistirá en aplicar un tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por contingencias comunes, tanto a cargo de la empresa como de la persona trabajadora”. Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el recorte de la edad de retiro “en ningún caso” podrá ser inferior de 52 años.

Negociación próxima

Otro de los apartados en los que se ha detenido Saiz ha sido el referente al sistema de cotización de trabajadores autónomos por sus rendimientos reales que entró en vigor en 2023, y cuya primera ventana de aplicación concluye este año. En este primer tramo Saiz ha anunciado que, según los datos disponibles de 2023, “del total de 3,7 millones de trabajadores autónomos incluidos en este nuevo sistema de cotización, unos 316.191, modificaron su base de cotización a una superior y unos 145.764 lo hicieron a una base inferior”.

A su vez, ha indicado que este proceso de regularización “se inició en octubre de 2024, y ya prácticamente ha terminado”. Este concluyó con la remisión de 765.965 resoluciones a autónomos que cotizaron por debajo del tramo que les correspondía y de 543.162 expedientes que han cotizado por encima. “Con un importe promedio de 473 euros en el caso del ingreso y de 523 euros en la devolución”, ha detallado, al tiempo que ha anunciado que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocará en este mes la mesa para negociar con los agentes sociales la nueva escala de tramos de cotización para el período 2026-2028 “con la mirada puesta en cerrar una nueva senda antes de finalizar el año”.