La encrucijada de Saiz: entre quienes retrasan su jubilación para cobrar más y los que piden retirarse antes sin recortes

La solidez financiera del sistema de pensiones, cuestionado recientemente por la Autoridad Fiscal (AIReF), depende de una balanza entre ingresos y gastos que el Gobierno ha tratado de equilibrar en los últimos años aumentando la financiación estatal a costa de elevar las cotizaciones, y buscando que aquellos en edad de trabajar decidan retrasar su retiro y, por tanto, permanezcan más tiempo aportando que recibiendo. Y, de acuerdo con los últimos registros oficiales del Ministerio de Seguridad Social, la decisión de alargar la etapa laboral más allá de la edad legal de jubilación ―actualmente de 65 años para aquellos con 38 años y 3 meses de cotización o más, y de 68 para los que tengan carreras más cortas― se está extendiendo, hasta el punto de que una de cada diez personas que se jubila hoy lo hace más tarde de la edad a la que podría hacerlo.

Así lo ha vuelto a celebrar este lunes la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante unas jornadas organizadas por CaixaBank, en las que ha alabado y reivindicado a los trabajadores de más edad. “Somos muy conscientes de que el talento sénior es una oportunidad económica y no podemos despreciar ningún tipo de talento. El talento no conoce ni de clase social, ni de origen étnico, ni de edad. Así que, como sociedad responsable, debemos de cuidar el talento y, por supuesto, el sénior”, ha valorado.

El aumento de las jubilaciones demoradas voluntarias (pese a que no es existe ninguna tabla que refleje exactamente cuántas cumplen con este segundo requisito), viene reproduciéndose en los últimos meses, tal y como evidencian las distintas tablas de análisis que ha ido facilitando el Ministerio a lo largo del año. La nómina de abril, la última emitida, señala que en los dos primeros meses del año se registraron 65.067 nuevas altas de pensiones de jubilación, de las que el 11,2% (algo más de 7.150) fueron demoradas. Un porcentaje que multiplica casi por tres al que se dio en 2019. De acuerdo con este nuevo paradigma, y como consecuencia inmediata, la edad media de acceso a la jubilación en España se ha resentido, hasta el punto de que en estos momentos se sitúa en los 65,1 años, frente a los 64,4 años de 2019.

Que este retraso se esté cronificando entre una parte de los trabajadores en edad de jubilarse es fundamental para capear el retiro de la generación del baby boom ―la que abarca a los nacidos entre 1958 y 1975―, una de las cohortes más numerosas (se estima que reúne a cuatro millones de personas) que van a ir abandonando su etapa laboral en los próximos diez años, y que, por haber acumulado carreras más largas, recibirá pensiones más elevadas que las actuales.

Frente a este desafío, Saiz ha recalcado que la última reforma de pensiones ―aprobada en distintas partes entre los años 2021 y 2025― está pensada para que esta situación no comprometa el futuro de los pensionistas. “La reforma de las pensiones está hecha con unos parámetros que miran a 2050. Somos conscientes de que en los próximos años va a ser exigente ese compromiso con el gasto. Haremos frente a esa exigencia que viene con la jubilación de los baby boomers, pero evidentemente la mirada está puesta en el largo plazo”, ha defendido.

Sainz, que ha defendido los flujos migratorios por su “importancia” para seguir fortaleciendo el mercado laboral, ha rebatido frontalmente la idea de que el sistema se esté endeudando en unos límites imposibles de revertir ―al cierre de 2024 el adeudo ascendía a 126.173 millones de euros―. “Llevamos treinta años escuchando eso de que el sistema se va a romper, no nos va a llegar, y vemos que día a día, con veracidad, con esfuerzo colectivo, de país, estamos haciendo un sistema de pensiones sostenible”, ha remarcado.

Coeficientes reductores

Sin embargo, pese a que los esfuerzos ya del anterior responsable de la cartera de Seguridad Social, y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, enmarcaron el cambio normativo en la perspectiva de estirar el total de cotizantes para soportar las nuevas cargas, lo cierto es que el departamento de Saiz viene trabajando en los últimos meses en la forma de dar respuesta a distintos colectivos de trabajadores que reclaman el establecimiento de coeficientes reductores de la jubilación que les permitan retirarse antes, sin que su pensión final se vea afectada.

Esta fórmula, que ya está contemplada actualmente para los trabajadores del mar, de la minería, ferroviarios, bomberos, policías locales, por ejemplo, debido a la penosidad, peligrosidad o insalubridad de sus trabajos, es la que demandan hoy los trabajadores de la construcción, y que llevó a que 400 de ellos se manifestasen la semana pasada frente al Ministerio de Seguridad Social. El gremio de la construcción no es el único que abandera esta reclamación: también la reivindican los transportistas, las kellys (camareras de piso), los empleados del sector sanitario a domicilio o los cuidadores de grandes dependientes.

Por todo ello, el Gobierno viene trabajando en definir una fórmula que permita identificar qué profesiones acreditan esta condición de penosidad o peligrosidad que permita a aquellos que se desempeñan en ellas acceder a esta fórmula. Este martes está previsto que Saiz acuda al Consejo de Ministros para dar cuenta de los avances que ha realizado su ministerio en este sentido. Especialmente cuando acumula un retraso considerable, puesto que en un principio se comprometió a definir este índice en el segundo mes de 2025, y que en una entrevista reciente indicó que estaría listo para el mes de abril.