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Jubilaciones precarias, una herencia envenenada para los jóvenes: ¿amenaza real o bulo?

El eterno debate sobre la sostenibilidad de las pensiones se apoya ahora en las dificultades para el retiro de los ‘zeta’, a quienes se presupone que deberán trabajar más para tener una pensión digna

Un joven en un banco junto a una pareja de ancianos, en Barcelona.
Gorka R. Pérez

Pensar en la jubilación es un pasatiempo de digestión lenta y que no suelen practicar (por aquello del vértigo) quienes estrenan su primer trabajo. “No me he parado a pensarlo. Aún estoy estudiando y solo espero tener suerte y encontrar un trabajo pronto. Si tengo dinero para ir tirando me vale. Lo que no veo normal es que haya que trabajar tantos años para tener una jubilación digna. Sobre todo, porque cuando eres mayor lo que quieres es descansar”, reconoce Guillermo L., de 20 años, que estudia el grado de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Complutense de Madrid.

La literatura sociológica más reciente retrata a los miembros de la Generación Z ―los nacidos entre 1997 y 2012―, los últimos en entrar al mercado laboral, con menor bisoñez de la imaginada, y un enfoque más realista que optimista de la vida. En parte por las cicatrices que acumulan (¡Ya!) de la crisis financiera de 2008, la pandemia de 2020 o la inflación desatada desde entonces. Bolsillos vacíos que cuando empiezan a llenarse tampoco les permiten desarrollar su proyecto de vida. Como para pensar en la jubilación.

Sin embargo, la sostenibilidad del sistema de pensiones depende (en gran parte) de la pujanza de sus cotizantes, y singularmente de aquellos que deberán contribuir en las próximas décadas. Las últimas proyecciones sobre su perspectiva futura han alentado el fantasma de los jubilados precarios, y avivado un debate tan vigente hoy como hace 50 años, con posiciones enfrentadas y argumentos que se lanzan y se rebaten al albur de cifras que corren más que el propio tiempo.

El último estudio que ha vuelto a prender la mecha se lanzó la semana pasada, y lo firmó el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), junto con la Fundación BBVA. La conclusión principal del informe situaba a los jóvenes trabajadores de hoy ante la perspectiva de tener que retirarse a los 71 años si querían alcanzar una pensión lo más equiparable a su último salario (lo que técnicamente se conoce como tasa de reemplazo). Todo por el retraso en acceder a un buen empleo y la consiguiente dificultad para acumular carreras laborales largas.

Una moraleja que adquirió la categoría de fake news (noticia falsa) para CC OO, que consideró el informe de “rigor mejorable” y acusó a sus autores de tratar de alimentar “el relato del conflicto intergeneracional” para “justificar recortes en derechos”. Tampoco gustó nada en el seno del Ministerio de Seguridad Social, donde su responsable, Elma Saiz, publicó en X un vídeo desmontando el pronóstico “con datos reales”.

“Llevan haciendo proyecciones que luego no se cumplen y previendo las catástrofes más variadas desde hace más de 30 años y les da igual, porque ellos lo que pretenden es vender otra cosa”, reflexiona Carlos Bravo, secretario de Protección Social y Políticas Públicas en CC. OO. Esa “otra cosa” son los planes de pensiones, cuyos fondos (sumando los del sistema individual, sistema de empleo y sistema asociado) aumentaron un 7,7% en 2024, en unos 9.500 millones de euros, hasta situarse en 131.830 millones de euros, según datos de Inverco.

Enfrentar a los jóvenes con los jubilados o aquellos que están más cerca del retiro es para Bravo dar alas a un debate “canalla”. Además, defiende que recortar recursos a los pensionistas ―se abonan más de diez millones de pensiones al año, seis millones y medio de jubilación―, tendría implicaciones directas sobre la economía. “Si debilitas el sistema, la demanda interna se te resiente y con ella el empleo. No tiene ningún sentido”, conviene. “Puede que los jóvenes de 20 años ahora no piensen en la jubilación, pero cuando lleguen a los 40 empezarán a hacerlo, y a los 50 les parecerá lo más importante del mundo”, reconoce.

Frustración creciente

Javier Muñoz es responsable del área socioeconómica del Consejo de la Juventud de España. Los estudios que realiza su organización, como el Observatorio de Emancipación, acreditan una precariedad que impide a los jóvenes tirar adelante con sus vidas: ocho de cada diez trabajadores de 16 a 30 años aún vive en el hogar familiar. “Imaginar la vida a los 71 es un ejercicio complicado. Pero lo que está claro es que el modelo productivo actual es muy diferente al de años atrás”, reconoce. “Antes lo normal era tener uno o dos trabajos a lo largo de tu vida hasta llegar a la jubilación. Ahora es inviable pensar en algo así, al tiempo que se habla del fomento de la movilidad para esconder que realmente esto es un síntoma de la inestabilidad que vivimos”, añade.

Muñoz reconoce que aunque las tasas de desempleo juvenil se han rebajado y que la contratación temporal también ha menguado, sigue habiendo dos problemas principales que bloquean el porvenir de los jóvenes: la parcialidad no deseada, y la imposibilidad de acceder a una vivienda. “Ni siquiera cuando conseguimos un trabajo, aunque poco a poco hayan ido subiendo los salarios, podemos salir de casa. Esto genera mucha frustración”, añade. “La solución a este problema no va de quitárselo a unos para dárselo a otros, sino de mejorar las condiciones de las personas jóvenes y del mercado de trabajo actual para que todos podamos salir beneficiados”.

Arenas movedizas

Alrededor del sempiterno debate sobre la fortaleza del sistema de pensiones, pilar esencial del Estado de Bienestar, los nuevos vientos críticos azuzan no tanto el embate entre lo público y lo privado y sus vaivenes económicos (que también), sino que se posan sobre la perspectiva vital que se vislumbra en el horizonte para aquellos que hoy caminan sobre arenas laborales movedizas. “La pensión no deja de ser el reflejo de la carrera profesional, y ahora mismo la imagen que se les proyecta a los jóvenes no es nada buena”, reflexiona Ignacio Conde-Ruiz, subdirector de Fedea, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y autor del libro La juventud atracada: cómo un electorado envejecido cercena el futuro de los jóvenes (Península), que firma junto a su hija Carlotta.

Mientras que el mantra de que los millennials (nacidos entre 1981 y 1996) serán la primera generación que viva peor que sus padres se asienta cada día más a costa del encarecimiento de la vida, y singularmente de la vivienda, el de que los zeta se jubilarán peor que sus abuelos empieza ahora a coger vuelo. “Son el grupo que padece más precariedad laboral, con trabajos parciales y salarios más bajos, y que, además, ahora va a tener que soportar unas cotizaciones sociales más altas”, advierte Conde-Ruiz, que señala, de lleno, a la última reforma de pensiones que firmó el exministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, como uno de los causantes de esta distorsión.

“Ya se están pagando una parte de las pensiones con transferencias directas del Estado a partir de los presupuestos generales, un 30% del gasto total viene de ahí, y sabemos que como el sistema no se puede financiar únicamente por cotizaciones, este trasvase irá creciendo en los siguientes años. Entre otras razones, porque no se quisieron adaptar las pensiones a la nueva longevidad y en vez de destinar recursos a programas que faciliten el acceso a la vivienda o que fomenten la estabilidad en el empleo, estos irán a pagar las pensiones rompiendo con la idea de justicia intergeneracional”, puntualiza. El Estado inyectó algo más de 40.000 millones en las arcas públicas para el pago de las pensiones en 2024. “Si yo fuera un joven de 25 años, lo último en lo que pensaría en estos momentos es en cómo va a ser mi vida con 71 años. Bastante tendría con superar los desafíos que tengo ahora”, añade.

El gasto anual en pensiones de jubilación ha ido creciendo progresivamente a lo largo de la última década. Concretamente, un 72,1% entre 2015 y 2025, hasta llegar a los 9.914 millones de euros en la nómina de junio, de acuerdo con los registros de la Seguridad Social. Un montante que seguirá in crescendo con la revalorización de acuerdo con el IPC que experimentarán cada año, y que aumentará también a lo largo de la próxima década con el retiro de los baby boomers, una cohorte muy numerosa que percibirá pensiones más altas que las actuales.

Apela Conde-Ruiz al extinto factor de sostenibilidad, introducido por el PP, que Escrivá terminó de fulminar en la modificación de 2021, para incorporar el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un instrumento que desde un primer momento inquietó a Bruselas. Hasta el punto de que recientemente Bruselas ha forzado al Gobierno a repetir el último examen de las pensiones que realizó la Autoridad Fiscal (Airef) el pasado 31 de marzo, pese a concluir este que no era necesario realizar ningún ajuste al sistema.

“La gente ya no vive en una época en la que la esperanza de vida era de 70 años (hoy es de 84), y donde la tasa de natalidad era de tres niños por familia (ahora de 1,12). Está claro que el sistema debe cambiar”, incide Manuel Alejandro Hidalgo, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Este economista considera que cada vez nos jubilaremos más tarde no por necesidad, sino “por ley de vida”, y “porque tendrá que ser así”, para que el esquema aguante.

En su opinión, prever la viabilidad del sistema de pensiones a 30 o 40 años, pese a parecer arriesgado, es más sencillo que calcular los ingresos de una empresa para el próximo año, “porque las grandes tendencias económicas o demográficas son menos cambiantes”. Sin embargo, Hidalgo considera que el debate sobre las pensiones no se debe plantear a futuro en estos momentos, sino en términos presentes. “El escenario más probable es que en muy poco tiempo el sistema de pensiones se tense muchísimo, y eso va a generar unos costes que debemos afrontar ya”, advierte.

Sectorialidad

Según un análisis de Eurofirms People first, la Generación Z ha irrumpido con fuerza en el mercado laboral, especialmente en ámbitos como la hostelería, el comercio, la logística o los eventos, que se han convertido en la puerta de entrada laboral para los más jóvenes. En el último año, la afiliación a la Seguridad Social de menores de 25 años ha crecido un 6,5% interanual, superando el incremento registrado entre los trabajadores de mayor edad. Un empuje que, sin embargo, no impide que la tasa de paro juvenil siga siendo muy elevada: del 26,5% en el primer trimestre de 2025, aunque con una ligera reducción respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución sectorial, el sector servicios concentra el 80% de los contratos firmados por jóvenes, y muestra un crecimiento interanual del 4,5%. Esta fuerte concentración contrasta con sectores como la agricultura y la construcción, donde la participación juvenil es mucho menor, con solo un 7% y un 3% respectivamente. La industria, aunque tradicionalmente menos vinculada a la juventud, está experimentando una ligera pero constante incorporación de perfiles noveles, que representan el 23,4% de los contratos en este sector.

Entre los deberes de España, además de adelgazar la tasa global de desempleo (11,36%), y de tratar de reenganchar a los trabajadores sénior al mercado laboral, como recomendó recientemente la OCDE para mantener la pujanza del mercado laboral, todos los expertos convienen en subrayar la importancia de facilitar la incorporación de los inmigrantes, y de saber captar talento fuera de nuestras fronteras. Hasta el punto de que estudios del Banco de España señalan la necesidad de sumar 24 millones de trabajadores foráneos hasta 2053 para que pueda permanecer igual la relación entre el número de personas en edad de trabajar y el de pensionistas.

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Sobre la firma

Gorka R. Pérez
Es redactor de la sección de Economía y está especializado en temas laborales. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS. Antes trabajó en Cadena Ser. Es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco y Máster en Información Económica de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
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