La Seguridad Social aumentará el déficit hasta 2050 incluso si no hubiera que activar el mecanismo de ajuste

La Comisión Europea obligó a España a incluir en su última reforma de pensiones, llevada a cabo en varias fases entre 2021 y 2024, una cláusula de revisión trianual según la cual la Autoridad Fiscal (Airef) debe analizar la salud financiera del sistema y, en caso de que el gasto o los ingresos se desvíen de lo estipulado, se activaría un mandato al Gobierno para que o bien pacte en el Parlamento medidas de ajuste o, de no llegarse a un acuerdo, aumenten las cotizaciones de manera automática.

Sin embargo, este examen de las pensiones, en teoría diseñado para garantizar la sostenibilidad del sistema, podría no servir para ese propósito: aunque la Seguridad Social cumpliera con todos los parámetros de gasto e ingresos para no activar mecanismos de ajuste, el sistema público de pensiones español “mantendría de forma continuada un déficit creciente que alcanzaría un máximo del 2,3% del PIB en 2050″. Así lo ha calculado el economista Miguel Ángel García, profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos, investigador de Fedea y exdirector general de Ordenación de la Seguridad Social, en un estudio sobre la Situación del sistema de pensiones y proyecciones a 2050 dentro del proceso de revisión en 2025, elaborado para el Instituto Santa Lucía.

Este déficit creciente del sistema ocurriría incluso cumpliendo los parámetros para no activar la cláusula de cierre y obligará a una emisión de deuda pública por valor de casi 33 puntos de PIB entre 2024 y 2050 con el fin de cubrir la acumulación de estos números rojos. Aumentar la deuda pública en estos términos se sumaría al elevado saldo actual, en el 102% del PIB, “lo que tendría una incidencia muy negativa en el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas”, alerta García.

Por todo esto, a este economista experto en pensiones le resulta “muy extraño e incoherente” que la Comisión Europea considere que con esta cláusula de cierre España haya cumplido el hito de alcanzar la sostenibilidad financiera exigido por Bruselas para acceder a los fondos europeos Next Generation.

En este trabajo, García también critica las maniobras que hizo el Ejecutivo para alterar la primera evaluación que se hizo ya este año para activar o no esta cláusula y que se saldó con que no había que tomar medidas. “La intromisión del Gobierno de España modificando la forma de calcular los nuevos ingresos y los gastos que debía utilizar la Airef en el examen ha permitido un resultado favorable que evita aplicar medidas adicionales por el momento”, indica el autor del documento. Se refiere con ello a a la revisión que el Gobierno realizó a través de un decreto para considerar como nuevos ingresos del sistema unas transferencias, por valor de más de 20.000 millones, que ya había utilizado antes para reducir el déficit hasta el nivel actual del 0,6% del PIB, con el que se cerró 2024. Estas transferencias estarían simplemente trasladando ese agujero contable a otro lado de las Administraciones. Y así lo ha interpretado la Comisión Europea exigiendo que se repita el año que viene este examen sin contar las transferencias. Según los cálculos de Miguel Ángel García, el resultado sería un ajuste del 0,9% del PIB equivalente a una subida de cotizaciones de 2,5 puntos. Y aun así para equilibrar las cuentas haría falta instrumentar otro ajuste progresivo de 2,6 puntos adicionales de PIB hasta 2050.

El sistema registró el pasado año unos números rojos que equivalen a poco más de 10.000 millones de euros, a pesar de contar con casi medio millón de cotizantes más y haber aumentado las transferencias del Estado hasta llegar a los 3,1 puntos del PIB, más de 45.000 millones. Sumando ambas cosas se obtiene que el sistema ha necesitado en 2024 ingresos adicionales a las cotizaciones sociales por valor de 3,7 puntos del PIB, unos 55.800 millones de euros. Este déficit es superior al desfase contable de todas las administraciones públicas, que se situó en el 2,8% del PIB. Y desde 2010 los déficits de las pensiones han hecho que la deuda pública aumente en casi 30 puntos de PIB, el 80% de todo el incremento que ha tenido el endeudamiento de las Administraciones.

No es un éxito

Por ello, García reprocha al Gobierno que considere un éxito esta primera evaluación de la Airef, “cuando, tal y como se comprueba al observar el déficit creciente hasta 2050, lo que hace es ocultar a la sociedad española y a la Comisión Europea la mala situación financiera del sistema”.

Es más, resalta que “ante la restricción impuesta por el Gobierno en la interpretación de la cláusula de cierre”, la Airef “es consciente de la mala situación financiera del sistema público de pensiones” y ha publicado una opinión sobre los efectos del envejecimiento que recogen un desequilibrio financiero del sistema del 3% del PIB en 2050 (la diferencia entre un peso del 13,1% de los ingresos y un 16,1% de los gastos). Esto requerirá, según este organismo, una transferencia del Estado de 2,4 puntos de PIB, adicional a la actual hasta sumar los 5,9 puntos de PIB. “Esta operación no implica una mejora de la situación financiera de las cuentas públicas sino el traslado del déficit desde la Seguridad Social a la Administración General del Estado”, advierte García.

Por su parte, las proyecciones que hace este economista reflejan un problema incluso más grave, ya que apuntan a un progresivo empeoramiento de la salud financiera del sistema por un importe de 2,9 puntos del PIB, al aumentar su déficit desde el 0,6% actual hasta el 3,5% del PIB en 2050. Esta evolución obligaría a emitir deuda por valor de 59,3 puntos de PIB hasta 2050. Estos cálculos se deben básicamente a que el autor del estudio ve dos claros riesgos de que el gasto en pensiones sea mayor al proyectado. Por un lado, el Gobierno espera que haya grandes ahorros con la jubilación demorada, calculando que hasta la mitad de los trabajadores se jubilarán voluntariamente tres años más tarde de la edad legal: ni parece lógico esperar esas cifras ni con ellas se lograría los ahorros esperados. Y por otro, cabe prever un mayor gasto si se aprueba un sistema que obliga a mayores cotizaciones y por lo tanto mayores derechos para los autónomos.

Ante estas perspectivas, el autor de este trabajo concluye que “cualquiera de estas proyecciones implica un importante riesgo fiscal que deteriora severamente la equidad entre generaciones al afectar a su futura renta disponible por el pago de más cotizaciones sociales, impuestos o emisión de deuda y menor nivel de empleo”. Además, concluye que, a la vista del cada vez mayor peso que tienen las pensiones en el gasto público —ya representan una tercera parte del total— “se ha incrementado el riesgo de asistir a una situación en la que no haya otra opción que adoptar medidas abruptas y traumáticas en el sistema de pensiones”.

Ante todas estas cifras, desde la Seguridad Social apuntan que “el déficit se ha ido reduciendo estos años y evolucionará en los próximos en función de los ingresos del sistema”. Y añaden que en los últimos años “también se han realizado importantes reformas, que está teniendo efectos visibles, para reforzar el sistema pero, como venimos diciendo, es evidente que la jubilación de la generación de los baby boomers llevará consigo una mayor implicación del Estado en la próxima década“.