Dinamarca se convierte en el país con la edad de jubilación más alta de la UE

El Parlamento de Dinamarca ha aprobado este jueves, 22 de mayo, una elevación de la edad legal de jubilación inédita en Europa, ya que los daneses tendrán que esperar a los 70 años para poder jubilarse a partir del año 2040. En la actualidad, la edad legal de retiro en este país es de 67 años, pero aumentará a 68 años en 2030 y a 69 años en 2035, según un sistema aprobado en 2006 que, cada cinco años, adecúa la edad de jubilación al aumento de la esperanza de vida. Ahora, este modelo retrasa el retiro en Dinamarca a la edad de 70 años, un límite controvertido.

La reforma va a afectar a las personas nacidas a partir del 1 de enero de 1971 y, aunque fue respaldada por una mayoría de 81 votos a favor y 21 en contra, ha generado polémica en el país, donde los sindicatos han provocado movilizaciones en los últimos días en las calles de Copenhague. De hecho, la primera ministra, Mette Frederiksen, ya ha manifestado su disposición a revisar el sistema automático de aumento de la edad de jubilación cuando esta alcance los 70 años, según ha informado la cadena británica BBC.

El retraso de la edad de jubilación, de una forma u otra, viene siendo una constante en Europa en la mayoría de los países a lo largo de la última década. Empezado por España, donde el Ejecutivo socialista que gobernaba entonces aprobó una ambiciosa reforma en 2011 que retrasó progresivamente la edad legal de jubilación de los 65 a los 67 años, que se exigirán de forma generalizada a partir de 2027. Según esta progresividad, en 2025 la edad legal de retiro en España de 66 años y ocho meses, salvo que se hayan cotizado más de 38 años y tres meses, en cuyo caso la persona se puede jubilar a los 65 años.

Al igual que en España, los 67 años son en numerosos países de Europa la referencia presente o futura (muchos de ellos han adoptado aumentos progresivos similares al español) para fijar la edad legal de jubilación. Es el caso, por ejemplo, de Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos, Reino Unido o Islandia.

Existe otro grupo de países que, por lo general tienen edades inferiores de jubilación (entre 64 y 66 años, por lo general, aunque hay algún estado que ya tiene los 67 años) pero que tienen previstos aumentos cíclicos cada tres o cinco años en función de la evolución de la esperanza de vida de sus ciudadanos. En este grupo se encuentran, entre otros, Portugal (vinculado a la esperanza de vida a los 65 años), Países Bajos, Finlandia (vinculado a la esperanza de vida a los 62 años), Suecia, Bulgaria, Chipre, Estonia, o Eslovaquia.

En cualquier caso, las políticas de incremento de la edad de jubilación no suelen ser pacíficas en ningún país que las adopta. Las últimas protestas más significativas se vivieron en Francia, por la reforma de pensiones aprobada en abril de 2023 por el Gobierno de Emmanuel Macron. Esta reforma aumentó de forma progresiva la edad legal de jubilación de 62 a 64 años, e incrementó el número de años de cotización requeridos para obtener una pensión completa, pasando de 42 a 43 años desde 2027. Las violentas protestas que se vivieron en Francia por esta reforma no impidieron que entrara en vigor el 1 de septiembre de 2023.

Panorama en España

La posibilidad de vincular el aumento de la edad de jubilación con la evolución de la esperanza de vida (por lo general al alza) es algo que también se barajó en España —a propuesta del entonces grupo nacionalista catalán (PDeCAT) y de su diputado por aquel entonces Carles Campuzano— en las negociaciones del Pacto de Toledo que se llevaron a cabo en 2018 cuando el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió acabar con la reforma de pensiones del PP. Esta imponía dos factores para ajustar el creciente incremento del gasto en pensiones. El más polémico de estos factores fue el de revalorización, que condenaba a revalorizar las pensiones solo un 0,25% mientras que el sistema estuviera en déficit, por o que dicha medida fue sustituida con el respaldo unánime del Parlamento por la revalorización automática de las pensiones por ley lo mismo que aumente el IPC medio anual.

Si bien, como fruto de aquellas negociaciones parlamentarias y con los agentes sociales para tumbar la reforma del PP, también se eliminó un segundo factor, denominado de sostenibilidad, según el cual se aplicaba un coeficiente, que se pretendía revisar cada cinco años, y que iba reduciendo poco a poco la pensión inicial de los nuevos jubilados en función del aumento de su esperanza de vida. Este factor, que debía de haber entrado en vigor el 1 de enero de 2019 nunca se llegó a aplicar y fue sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que lo que hace es incrementar los ingresos por cotizaciones para costear los aumentos de gasto generados por el aumento del número de jubilados y sus mejores carreras de cotización. Según este nuevo mecanismo, el Gobierno deberá someter las finanzas del sistema de pensiones a un informe trianual de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y abordar medidas para controlar este gasto si se desvía de unos parámetros de equilibrio financiero. Según esto, España acaba de salvar su primera evaluación europea, no sin polémica por la forma en la que el Ejecutivo ha diseñado su informe sobre las cuentas del sistema. De hecho, la Airef en su informe alertó de que serían necesarios cambios para encauzar el gasto en pensiones.