El Gobierno evita el ajuste de las pensiones, pero la Airef alerta del empeoramiento de la sostenibilidad

El Gobierno ha conseguido evitar, al incluir las transferencias del Estado a la Seguridad Social, un ajuste en el examen de pensiones que ha publicado este lunes la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). El organismo ha informado de que no hace falta tomar medidas correctoras. Sin embargo, ha alertado de que su sostenibilidad ha empeorado con un gasto que subirá en 3,4 puntos de PIB hasta 2050, cuatro décimas más de lo que calculaba hace tres años pese a la mejora de la economía. Se precisarían 2,2 puntos del PIB de ingresos, unos 32.000 millones con el PIB actual, adicionales a los 3,7 puntos que ya pone el Estado entre transferencias, clases pasivas y préstamos para lograr equilibrar el sistema. Y ello contando con que las cotizaciones subirán 1 punto de PIB por las medidas aprobadas.

La Airef detecta, además, “importantes debilidades metodológicas” en el examen que ha hecho, pues está influido por el momento en el que se calcula con unos crecimientos de la economía que ahora son mayores, muestra una excesiva sensibilidad a los cambios y ofrece una visión parcial de la sostenibilidad. “Nos dicen qué coger y cómo hacerlo”, ha señalado Cristina Herrero, presidenta de la institución.

En cualquier caso, este examen “no constituye un indicador de sostenibilidad”, concluye el informe. Y añade que la economía española es vulnerable por una deuda pública que, a políticas constantes sin el plan fiscal, alcanzará el 129% del PIB en 2050 y el 181% en 2070. “El plan fiscal del Gobierno es insuficiente y hace falta más. Al tener que destinar 3,4 puntos del PIB más a las pensiones, habrá que detraer recursos de otras partidas”, ha explicado Herrero. Del incremento de 47 puntos en la deuda hasta 2050 por el envejecimiento, 31 puntos se corresponderán con el aumento de los desembolsos por pensiones. Haría falta un ajuste acumulado de 3,16 puntos del PIB hasta 2040 para dejar el endeudamiento en una senda descendente en relación al PIB —si bien el Gobierno ya se ha comprometido a 1,68 puntos de ajuste con el plan fiscal ya presentado siempre que lo cumpla—. Como ha indicado Herrero, “la partida de pensiones subirá en promedio por encima del 4% anual cuando el compromiso es que el gasto total no crezca más del 3%. Es decir, se necesitarán medidas”. Y para subir el presupuesto de defensa por cada 0,5 puntos de PIB se tendría que abordar un ajuste adicional de 0,13 puntos. Incluso afirmando esto, la Airef dice que con sus números el examen de las pensiones no habría arrojado un ajuste. Y esto es porque pesa mucho la actual coyuntura favorable. Es más: la pendiente del gasto se está acelerando y de ahí que la institución alerte de un empeoramiento de la sostenibilidad.

La Comisión Europea desconfiaba de que la reforma de pensiones aprobada entre 2021 y 2023 asegurara la sostenibilidad. Así que impuso un examen cada tres años sobre las proyecciones actualizadas entre 2022 y 2050, empezando en 2025. Para el gasto de esa evaluación se toma el informe de envejecimiento que elabora la Comisión. Y para los ingresos, la Airef valora las medidas aprobadas. La combinación de ambos no podía superar un gasto promedio en el período del 13,3% del PIB una vez restadas las medidas de ingresos. Al cruzar el informe de la Comisión ya publicado y un estudio preliminar que hizo la Autoridad Fiscal, salía que había un desfase del 0,8% del PIB, unos 12.000 millones.

Según la legislación, ese desfase tendría que corregirse con medidas. Si no existiera un acuerdo en el Parlamento, entonces se produciría una subida automática de cotizaciones a razón de una quinta parte del agujero por año. Dada la situación política, lo más probable era que se acabara con el incremento de cuotas.

Sin embargo, el Gobierno trató de evitar esta subida de cotizaciones porque daría una imagen de insuficiencia y podría tener algún efecto en el empleo. Hace poco aprobó un real decreto en el que desarrollaba cómo hacer el examen. Y ahí incluía las transferencias que da el Estado a la Seguridad Social y que se iniciaron en 2021. Estas ascienden a cerca de 20.000 millones y se utilizaron para bajar el déficit de las pensiones desde el entorno del 1,5% del PIB hasta el 0,6% que se registra ahora. Cuando se pactó el examen con la Comisión en 2023 ya se habían utilizado y el entonces ministro José Luis Escrivá no las empleó para sus cálculos de ingresos. De modo que los expertos tachan el usarlas otra vez como una doble contabilización.

Además, el Gobierno había incluido en el real decreto que se tengan en cuenta las medidas indirectas que puedan suponer más ingresos en el futuro, como la reforma laboral, la subida del SMI o el afloramiento de economía sumergida.

Transferencias y SMI

A pesar de que el gasto sobre PIB ha sido mayor de lo que se estimaba en los años ya transcurridos, las actualizaciones del PIB brindan una mejora de siete décimas de PIB. Y con el mayor crecimiento previsto, esta mejora se lleva a ocho décimas. Respecto a las transferencias, que tienen un valor del 1,3% del PIB, la Airef solo toma tres décimas que considera que tienen una relación directa con las pensiones y que suponen fortalecer los ingresos —una décima para financiar las subidas de mínimas y dos por bajadas de cotizaciones—. Y ha concluido que la subida del salario mínimo supondrá, además, una décima más de recaudación. En total, las medidas calculadas por la Autoridad Fiscal suman 1,4 puntos del PIB e incluyen las subidas de cotizaciones del mecanismo de solidaridad (0,4), el destope de cotizaciones (0,3), el alza de cotizaciones a los autónomos (0,2) y la cuota de solidaridad (0,1). Así, el gasto neto de medidas se situará en el 13,2% del PIB en el promedio entre 2022 y 2050, justo una décima por debajo del umbral a partir del cual habría que aplicar un ajuste. Las tres décimas de las transferencias y la décima por el incremento del SMI han sido, por tanto, decisivas para evitar un ajuste. Si bien la Airef esgrime que no y que ha tomado solo las transferencias que consideraba legítimas.

Un millón de inmigrantes

Según los cálculos de la Autoridad Fiscal, la escasa natalidad, que está entre las más bajas del mundo, combinada con el descenso de la población en edad de trabajar por el envejecimiento harán que la tasa de dependencia suba mucho. Las personas en edad de trabajar por cada pensionista pasarían de las 3,8 de la actualidad a las 2,1 en 2050. Habría que recibir un millón de inmigrantes al año para compensarlo, algo que no ha sucedido nunca. Y esta caída prevista de la población en edad de trabajar, aunque aumentará su participación en el empleo, hará que a largo plazo el crecimiento potencial de la economía sea de un escaso 1,3% anual. Respecto al impacto de las reformas, la Autoridad Fiscal no las contabiliza salvo el SMI porque observa que su efecto en la economía y en el empleo es positivo pero moderado.

Aun así, la Airef concluye que la evolución del gasto será algo mejor de lo que espera el informe de envejecimiento de la Comisión: el desembolso medio crecerá al 14,4% del PIB entre 2022 y 2050, frente al 14,6% que sale en el de la Comisión una vez incluidas las actualizaciones del PIB. En el punto máximo de gasto, en 2050, el desembolso alcanzará el 16,1% en el ejercicio de la Autoridad Fiscal y un 16,4% en el del Ejecutivo europeo. La Airef tiene en cuenta para sus números una mejor evolución demográfica por la inmigración. Cabe destacar que en ambas proyecciones se contempla que haya un ahorro muy significativo —0,8 puntos para la Airef en 2050 y 1,4 para la Comisión—, porque en teoría una buena parte de los trabajadores —un tercio según la Airef y un 50% según la Comisión— voluntariamente demorarán en media su jubilación tres años más allá de la edad legal, aunque el Banco de España ya había concluido que no habría estos ahorros porque se acabaría pagando más por las prestaciones.