El Supremo informa a la Fiscalía Europea de que no consta que las obras por las que investiga a Ábalos hayan comprometido fondos europeos

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha informado a la Fiscalía Europea de que, hasta el momento, no consta que las obras públicas afectadas por la investigación que implica, entre otros, a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán haya afectado a fondos de la UE. Así lo explica el juez en una providencia, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, en la que, no obstante, advierte de que, “evidentemente, no puede tampoco descartarse” esa opción, que abriría la puerta a que el órgano comunitario reclamase asumir la investigación.

La resolución dictada por Puente, de ocho folios, responde a la petición de información que le había hecho llegar la Fiscalía Europea para verificar si las obras investigadas coinciden con las que recoge tras una denuncia presentada ante ese órgano por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El juez sostiene que, hasta el momento, no consta que ninguna de las obras que centran su investigación, un total de 11, hubiera comprometido fondos procedentes de la Unión Europea, aunque advierte de que, aunque hubiera sido así, su investigación se centra en la supuesta existencia de “sendas organizaciones criminales” integradas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posible delito de cohecho”, tendría por objeto la adjudicación de determinadas obras públicas, “con entera independencia de los fondos que pudieran ser empleados en ellas (lo que, a juicio del instructor y en este momento, constituiría, de concurrir, un elemento meramente accidental), sin que se halle indiciariamente justificado, al menos hasta este momento, perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

Puente explica a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, acordó dividir en dos la causa en la que se investigan supuestos amaños de contratos durante la etapa de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor dejó la pieza inicial para los contratos de compras de mascarillas que dieron origen al caso, mientras que abrió una pieza separada para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, en la que están investigados el exministro de Transportes José Luis Ábalos, su antiguo asesor, Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez explica que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal orientada a obtener la indebida adjudicación de obra pública, beneficiándose las empresas eventualmente favorecidas con la obtención del rendimiento económico resultante y satisfaciendo, a cambio, a determinadas autoridades o funcionarios públicos el correspondiente, e indebido, premio económico, desplegando estos, a su vez, su mal utilizada influencia sobre los organismos o entidades a las que competía la adjudicación de aquellas obras”.

El instructor detalla en su escrito las obras bajo sospecha y explica que se está investigando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, diferenciando las correspondientes a ADIF de las de la Dirección General del Carreteras. Tras recibir los expedientes completos de dichas obras, recuerda el juez, el pasado 23 de septiembre se pidió un informe sobre los mismos a la Intervención General del Estado, que está pendiente de ser presentado.

No obstante, insiste el magistrado, no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.