El Supremo abre una nueva pieza para investigar el supuesto amaño de obras públicas que implica a Ábalos y Cerdán

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha divido en dos la causa en la que se investigan supuestos amaños de contratos durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El instructor ha acordado este martes abrir una pieza separada para investigar todo lo relativo a las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, mientras que la pieza inicial se centrará en los contratos de compras de mascarillas que dieron origen al caso. En un auto dictado este martes, el magistrado explica que en la pieza separada ostentarán la condición de investigados Ábalos; el que fuera su asesor, Koldo García; el comisionista Víctor de Aldama; el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán; y los empresarios José Ruz Martínez, Antonio Fernández Menéndez, Daniel Fernández Menéndez, Fernando Agustín Merino Vera y Joseba Antxon Alonso Egurrola.

Dentro de esta nueva pieza, el juez diferencia dos grupos: el primero, se centra en las obras que se adjudicaron a la constructora Acciona, “en UTE con otras de menor envergadura” y “bajo la indiciaria dirección y supervisión” de Cerdán; el segundo grupo, explica el instructor, abarca obras de menor entidad económica, “que se promovían paralelamente bajo el control o impulso” de Aldama, Ábalos y Koldo García.

El magistrado desglosa esa parte del resto de la causa, en la que se investigan todos los hechos ajenos a la adjudicación de obra pública, como son “los consistentes indicios” que, según el juez, permiten considerar que Ábalos, en connivencia con Koldo García y Aldama, favoreció la adjudicación a la empresa Soluciones de Gestión de contratos para la adquisición de mascarillas en la pandemia del Covid-19. El instructor señala que el entonces ministro y su asesor obtenían las “indebidas prestaciones económicas” y Aldama se beneficiaba de una comisión.

Dentro de esta parte se incluye también lo referido a que Koldo García, “con el conocimiento y la aquiescencia del entonces ministro”, habría “desplegado su influencia para lograr que Aldama o las empresas cuyos intereses éste favorecía, pudieran entrevistarse con diferentes altos funcionarios o empleados públicos o se beneficiaran de concretas actuaciones promovidas e impulsadas desde el propio Ministerio”. En este apartado, el juez hace referencia a la publicación de una nota de prensa, avalando el rescate de Air Europa; las gestiones realizadas en favor de la empresa Villafuel para que sus representantes lograran reunirse con personas que pudieran facilitarles una licencia de operador de hidrocarburos; o las que determinaron la reunión que Aldama sostuvo con Carlos Moreno, jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda, maría Jesús Montero, para buscar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. En esta primera parte de la causa se incluirán los supuestos enchufes en empresas públicas de una expareja de Ábalos y otra mujer vinculada al entonces ministro

El juez explica en su auto que la investigación “ha llegado a un estado en el que (…) es posible identificar hasta dos grandes grupos de conductas eventualmente constitutivas" de delitos; y estos grupos se definen “por su relación o desconexión con el ámbito de los supuestos amaños de obra pública en el marco del Ministerio de Transportes” durante la etapa de Ábalos. La instrucción de todo lo que no tiene que ver con obras está “muy adelantada” y es “previsible” que termine pronto, señala el juez, lo que le ha llevado a abrir una pieza separada para que la investigación de las adjudicaciones supuestamente irregulares de obras no lastre al resto.