La nueva empresa pública de vivienda quiere ser un ‘Idealista’ del alquiler asequible

La nueva empresa pública de vivienda empieza a tomar forma con un objetivo claro: aumentar lo más rápido posible la oferta de alquiler accesible en un mercado sobrecalentado. El ministerio dirigido por Isabel Rodríguez acaba dar un paso más en esta dirección, con la aprobación del expediente para desarrollar un sistema integrado de gestión del parque de inmuebles destinados a alquiler asequible, una bolsa que en un principio se nutrirá sobre todo de pisos traspasados del banco malo (Sareb). Los ciudadanos tendrán así a su disposición un portal donde consultar el catálogo de inmuebles, una especie de Idealista o Fotocasa público, pero potenciado, puesto que a través de la misma plataforma los aspirantes inquilinos podrán también registrar sus solicitudes y, una vez que accedan a la vivienda, gestionar sus contratos y eventuales incidencias.

“La idea de fondo es demostrar que gestionar vivienda asequible es rentable y que no hace falta excederse con los precios”, recalcan fuentes ministeriales, quienes destacan que la oferta de la nueva sociedad pública irá dirigida a un segmento muy amplio de la población. “Especialmente a los jóvenes que están trabajando, pero no solo a ellos, y que pese a tener unos niveles de ingresos cada vez mejores, la vivienda les supone una dificultad porque implica un esfuerzo financiero desproporcionado”, añaden las mismas fuentes. Para ello, el ministerio ha licitado un proyecto de “Sistema Integrado de Gestión (SIG)” que servirá para clasificar y administrar todos los inmuebles. El ministerio estima que el portal empezará a funcionar entre finales de este año y principios del próximo.

La semilla ya se puso el año pasado, cuando el Gobierno movió ficha para convertir a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) en una empresa integral de vivienda pública encargada no solo de gestionar los terrenos, sino del proceso residencial desde el principio hasta el final. El consejo de administración de la compañía modificó su estructura en este sentido para que el Sepes sea un todoterreno del sector, capaz de hacerse cargo tanto de la disposición y urbanización de los suelos como de la construcción y su gestión de los inmuebles, incluida la entrega de las llaves a los inquilinos y la supervisión y manejo de las incidencias que puedan surgir.

Una vez transformada la arquitectura administrativa del Sepes, el Ejecutivo central anunció que la sociedad pasaría a incorporar de forma progresiva unas 40.000 casas procedentes del banco malo, oficialmente conocido como Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), además de 2.400 suelos para edificar 55.000 viviendas adicionales. La totalidad de este parque se reservará a alquileres “por debajo de los precios de mercado y en ningún caso superando el 30% de los ingresos de las familias”, según anunció a inicios de este mes la titular del ministerio.

El traspaso al Sepes de vivienda ya construida es la estrategia que el Gobierno ha elegido para ampliar la oferta en el menor plazo posible. Rodríguez desgranó que se está trabajando de forma prioritaria en unas 13.000 unidades procedentes de la Sareb que reúnen las condiciones de habitabilidad necesarias, cesiones que podrían materializarse ya hacia finales de este año.

La ambición es tan grande como es urgente el problema. El mercado inmobiliario se ha convertido en tiempo récord en un atolladero, taponado por muchos y distintos factores, pero con las mismas víctimas de siempre: una ciudadanía que no puede permitirse una vivienda digna ante la subida vertiginosa de precios, y que lleva meses saliendo a la calle para reclamar el cumplimiento de lo que es un derecho que la Constitución consagra en su artículo 47.

España es uno de los países del euro donde la vivienda más se encarece. La escalada empezó hace tiempo y es particularmente sangrante si se compara con la trayectoria de los salarios: los precios tanto de venta como de alquiler han crecido desde 2015 muy por encima de los sueldos, entre 10 y 20 puntos porcentuales más. Según Idealista, el alquiler en España registró una subida interanual del 9,7% en el segundo trimestre del año, alcanzando un nuevo máximo. A la vez, hay menos familias que tienen su vivienda habitual en propiedad.

“Sobran Airbnb y faltan viviendas”, dijo el pasado enero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en referencia a dos de los males que afectan al mercado y tensionan los precios. Las presiones llegan tanto del lado de la demanda como de la oferta. Por un lado, la población aumenta más rápido que la vivienda disponible. Por el otro, la construcción ha caído en picado después del pinchazo de la burbuja —de las más de 650.000 viviendas que se levantaban en 2006, la cifra ha bajado a menos de 90.000—, un desplome al que se suma el auge de la vivienda vacacional, que resta unidades y tira hacia arriba los precios, sobre todo en las grandes ciudades y los destinos turísticos. El Banco de España calcula que se necesitan, en total, unas 450.000 viviendas adicionales para equilibrar el mercado inmobiliario.

A estas tensiones se suma la escasez de oferta asequible. Los pisos sociales en alquiler rondan el 3,4% del total de inmuebles, frente a más del 9% de la media de la UE. Y aunque la edificación de vivienda protegida registró el año pasado su mayor impulso en una década, los números están a años luz de las cifras precrisis financiera.

La ampliación de la oferta es justo uno de los campos donde el Gobierno quiere pisar el acelerador, puesto que tiene poco margen para frenar los precios. Pese a que la ley de vivienda incluye un tope a los alquileres en zonas tensionadas, son las comunidades quienes deben declarar estas áreas por tener las competencias en materia de vivienda —hasta la fecha, solo Cataluña, el País Vasco y Navarra lo han puesto en marcha, aunque se está tramitando en otros territorios, como Asturias o Galicia—. De hecho, los primeros pisos que ofrecerá el Sepes entre finales de este año y el que viene serán en las autonomías que han reglado zonas tensionadas, además de la Comunidad Valenciana por los estragos causados por la dana. “Si queremos conseguir impactos hay que remar entre todos y hacer todos los esfuerzos posibles”, destacan fuentes de Vivienda.

Portal de alquiler asequible

El sistema integrado de gestión que ha anunciado ahora Vivienda incluirá un “Portal Abierto a la Ciudadanía”, una especie de escaparate de anuncios al estilo de las más conocidas plataformas inmobiliarias. Los “aspirantes” inquilinos podrán consultar las viviendas disponibles y “los requisitos para acceder a ellas”, además de poder “registrar sus solicitudes”. El portal también funcionará como pasarela mediante la cual se formalizarán los contratos y donde los arrendatarios podrán “comunicar con la administración una vez estén en sus nuevos hogares, en caso de tener cualquier incidencia”.

El valor estimado del contrato que pone en marcha el sistema, con una duración prevista de cuatro años, es de 2,27 millones de euros. La operación incluye tanto la fase de desarrollo e implantación, como el mantenimiento de aplicaciones durante el contrato, según detalla el ministerio.

“La puesta en marcha de este sistema permitirá a Sepes dar el mejor servicio a la ciudadanía como empresa pública de vivienda, permitiendo estructurar los procesos clave de la organización, optimizar la relación con las personas demandantes de vivienda, unidades de convivencia arrendatarias y otras empresas y entidades vinculadas al proceso de gestión del parque de vivienda asequible”, concluye el ministerio.