Ana Julia Quezada: “Yo nunca he amenazado a Patricia [Ramírez] ni he tenido un teléfono en la cárcel”

Patricia Ramírez no tiene ya nada que perder. Desde que Ana Julia Quezada asesinara a su hijo Gabriel Cruz el 27 de mayo de 2018, cuando el niño solo tenía ocho años, ha vivido para hacerle justicia. Ahora, siete años después de la muerte del niño, y tras denunciar públicamente graves irregularidades en la cárcel en la que cumple prisión permanente revisable Quezada, se enfrenta a ella en dos nuevos procesos judiciales: uno en Ávila, por la supuesta grabación de un documental con teléfonos móviles en la prisión de Brieva aportados por funcionarios a cambio de favores sexuales; y otro en Almería, por las posteriores amenazas de muerte que asegura haber sufrido tras denunciar esa situación ilegal. Esto último lo investiga el juzgado número uno de Almería, donde Ramírez interpuso la denuncia el pasado 31 de diciembre y donde este miércoles han declarado como investigadas Ana Julia Quezada y su actual pareja, una mujer. “Yo nunca he amenazado a Patricia ni he tenido un teléfono en la cárcel”, ha declarado ante el juez, según testigos presenciales, la asesina del niño Gabriel, en contra de lo que reconoció ante el magistrado de Ávila, donde sí explicó prolijamente cómo había obtenido el teléfono en la cárcel. Su pareja no ha querido declarar porque ha asegurado desconocer los hechos por los que se le acusa.

En la denuncia, Ramírez reproduce las palabras que supuestamente dijo la novia de Quezada y que fueron escuchadas por uno de sus informantes, que también ha prestado declaración este miércoles ante el juez: “Te juro que me las va a pagar por todo lo que está haciendo y que pare ya de hablar”. También enumera toda una serie de extrañas llamadas que comenzó a recibir en su número de teléfono justo después de denunciar públicamente lo que varias personas de dentro y de fuera de la prisión le contaron que estaba ocurriendo allí dentro. Así mismo, informa de que, según testigos presenciales, Quezada ha dicho en la cárcel que la iba a matar.

La primera vez que Patricia Ramírez tuvo noticias sobre la situación y el cumplimiento de la condena en prisión de la asesina de su hijo fue a través de un tarotista en noviembre de 2023, no mediante ninguna información oficial acerca de cualquier aspecto relevante de la situación penal de esa interna que pudiera afectarle, como le reconoce el Estatuto de la Víctima. Aquella persona que llamó directamente a su teléfono personal le contó que Quezada mantenía una relación sentimental con una tal Miren desde 2022, que estaba grabando un documental en la cárcel con un teléfono móvil que le había facilitado un funcionario a cambio de sexo y que con ese terminal mantenía conversaciones también con periodistas y responsables de la productora que quería desarrollar ese proyecto audiovisual. La reacción de Ramírez fue inicialmente de incredulidad y de desconcierto, aunque informó de todo aquello tanto a la guardia civil (que abrió una investigación) como al Ministerio del Interior (que negó la veracidad de esas informaciones).

Poco después, una segunda persona, en esta ocasión una trabajadora de la prisión de Brieva (Ávila), donde permanece recluida Quezada desde 2020, la localizó y le informó de los mismos hechos, con el agravante de que confirmaba que tenía un teléfono a cambio de esos favores sexuales, que el funcionario que se lo había facilitado se lo ocultaba cuando registraban su celda y que estaba chantajeando a la dirección de la prisión con contarlo todo si no la trasladaban a Barcelona, que era lo que ella quería.

Patricia va aportando todas las informaciones que le llegan y suplica mediante una carta, primero, y en una reunión después con el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, la actuación del Ministerio del Interior para parar la grabación de ese documental, que puede contribuir a agudizar y perpetuar el daño que ella ha sufrido por parte de la asesina de su hijo. Pero desde Interior aseguran que no se ha encontrado ningún teléfono en los registros realizados en la celda de la reclusa y niegan que haya constancia de la grabación de esa pieza audiovisual. Por ese motivo, Patricia se siente obligada a salir ante la opinión pública para denunciar lo que ella sabe que está ocurriendo en la cárcel y pararlo por sí misma. Y convoca otra el pasado 7 de mayo en Almería.

Desde entonces, los dos procesos judiciales han seguido su curso. En Ávila, donde el delegado del Gobierno reconoció los hechos denunciados por Ramírez cuando se hicieron públicos, ya han declarado los dos funcionarios presuntamente implicados en facilitarle el teléfono, la propia Quezada (en calidad de testigo), que ha corroborado los hechos, un educador que los denunció ante la directora de la prisión así como el chantaje que pretendía hacer la reclusa a la dirección de la cárcel con todo lo ocurrido y la novia de ésta. La abogada de Patricia Ramírez, Verónica Chaver, ha solicitado ahora que la denuncia por las amenazas de muerte se incorpore también a la causa de Ávila, por estar relacionada con esos hechos.

La lucha de Patricia Ramírez para que “la bruja” no salga en ningún otro cuento, ni dentro ni fuera de la cárcel, para que no haga más daño a nadie y se recuerde solamente “lo bonito” de su pequeño continúa. La maldad de esa mujer desalmada y un sistema incompetente con la protección de las víctimas de delitos violentos, llevaron también a Ramírez a tener que soportar (en 2019) uno de los juicios más mediáticos celebrados en España con la filtración de toda clase de detalles escabrosos sobre la muerte de su hijo. Y después, a lidiar con la proliferación de noticias y podcast que “mercadeaban” con la muerte de su hijo al tiempo que la revictimizaban a ella.