Patricia Ramírez denuncia que la asesina de su hijo Gabriel la quiere matar: “No vivo, no me dejan vivir”

“Predicar en el desierto”, ha sido la metáfora que ha usado para arrancar la rueda de prensa de este miércoles el psicólogo de Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel, asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada. Es la enésima convocatoria de Ramírez, su enésimo grito de socorro, el de una mujer, víctima de un atroz delito violento seguido y vivido por toda España en su momento. El objetivo, una vez más: evidenciar la revictimización, el brutal desamparo y la desprotección de una víctima. “Fuentes directas e indirectas de la prisión me informaron de que la asesina de mi hijo había dicho que me quiere matar, después de que yo, con mis comparecencias públicas, lograse parar el documental que ella estaba haciendo con una productora sobre la muerte de mi hijo”, ha asegurado Ramírez.

Preguntada por una periodista por cómo duerme en estas circunstancias, ha contestado: “No vivo, no me dejan vivir”. La rueda de prensa se produce después de que EL PAÍS desvelara este martes que varios funcionarios de la prisión de mujeres de Brieva (Ávila), donde Quezada cumple su condena a prisión permanente revisable, estaban siendo investigados por un juzgado de esa provincia por supuestamente haber mantenido relaciones sexuales con la asesina del niño Gabriel a cambio de facilitarle un teléfono móvil. El terminal habría sido utilizado por la interna para mantener entrevistas con periodistas y esa productora, así como para grabar a los propios trabajadores de la cárcel manteniendo sexo con ella y poder chantajear con esos vídeos al centro si no le concedían un traslado a una prisión de Barcelona, donde se encuentra su actual pareja, una mujer.

El relato que este miércoles ha desgranado Patricia Ramírez es el relato de la desolación. La desolación de una mujer que, tras sufrir el terrible asesinato de su hijo de ocho años en 2018 y días y días de búsqueda hasta encontrarlo muerto, ha vivido un peregrinaje de seis años por despachos de ministerios y de juzgados, comisarías y comandancias, suplicando amparo, pidiendo ser escuchada, reclamando protección, sin obtener respuesta alguna.

Ella sola, pese a haber informado del asunto en persona al Secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, y al de Instituciones Penitencias, Ángel Luis Ortiz, con su denuncia, ha dado lugar a la actual investigación que lleva a cabo el juzgado número 4 de Ávila, que ha tomado declaración de momento al funcionario investigado, al cocinero de la prisión, a la propia Quezada, a un educador del centro penitenciario, a tres reclusas, y ha recibido diversos informes de la dirección de la cárcel, que constan también en las diligencias. Según comunicó elmartes el Subdelegado del Gobierno de Ávila, Fernando Galeano, los dos principales investigados por los supuestos hechos “ya no están trabajando en la cárcel”.

“Fuentes directas e indirectas”

Ramírez, como ya hizo en el 11 de mayo de 2024 en la misma sala de prensa de la Diputación de Almería, ha relatado cómo desde hace un año está teniendo noticia de múltiples irregularidades que tenían lugar en la cárcel de Brieva a través de “fuentes directas e indirectas” de la prisión.

Ha contado que informó de que Quezada “no solo tenía un móvil, sino varios”, que obtenía “con la ayuda de funcionarios y trabajadores de la prisión” y con la connivencia de su actual pareja. Ha contado que contaba con privilegios en la cárcel “como ser ayudante de cocina, ir a clases de Yoga o participar en salidas del centro” que no se corresponden con su condena y mucho menos con su comportamiento, a la luz de las investigaciones abiertas.

Ha explicado las múltiples veces que ha tratado de comunicar todo cuanto le iban contando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, al propio juez, al fiscal, a la Oficina de Víctimas de Ávila, al Fiscal de Víctimas de Ávila... Sin que nadie respondiera a sus escritos ni la recibiera. “Si esto es proteger a una víctima que venga Dios y me lo diga”, ha dicho.

Finalmente, interpuso una segunda denuncia el pasado mes diciembre en Almería, cuando volvió a sentir miedo. Pero esta vez no era un temor a lo que pudiesen publicar los medios de comunicación, las teles o a los posibles documentales sobre el asesinato de su pequeño, sino que era miedo a la mismísima asesina de su hijo. “Me habían contado que [Ana Julia Quezada] estaba muy enfadada porque le había roto el documental, en el que había dinero de por medio gracias a la intermediación de su abogado, y me habían dicho las mismas fuentes, y otras que se fueron sumando tras mis apariciones públicas, que ella había manifestado en prisión que me quería matar”.

Aterrada, al tener constancia además que todos sus datos personales (teléfono, dirección, correo electrónico...) se encontraban en las diligencias de investigación iniciadas con su denuncia en Ávila, puso otra denuncia por posibles amenazas en Almería, ya que estaba recibiendo “llamadas extrañas”.

Sin embargo, esta fue inmediatamente archivada, y posteriormente recurrida, gracias al seguimiento del caso que “gratuitamente” ha realizado su abogada ya que, ha aclarado: “Yo no tengo dinero para pagarme más abogados y se supone que, como víctima, tendría derecho a una defensa jurídica gratuita”. Ese caso de posibles amenazas de muerte está actualmente en instrucción. “Tenía miedo porque, si tiene un móvil y dinero, puede mandarme a alguien a que me haga algo”, ha explicado Patricia.

“Me siento obligada a comparecer, primero como ciudadana, porque sigo creyendo que podemos construir una realidad mejor para todos, y segundo por todas las víctimas que hemos tenido que sufrir, no solo que nos arranquen a nuestros pequeños, sino que conviertan en famosos a sus asesinos”, ha comenzado Ramírez. “También como madre de Gabriel, porque sigo siendo madre, lo seguiré siendo hasta el último día de mi vida y, por tanto, cada vez que salgan a mancharlo o no se cumplan las condenas por su asesinato como se tienen que cumplir, saldré a defenderlo”.

Pese a que las nulas respuestas y el hecho de que no la dejaran personarse en la causa como acusación particular por no considerarla “perjudicada” le hicieron en un momento determinado del proceso tirar la toalla, Ramírez se ha defendido este miércoles sin miedo, ha dicho, después de llevar muchos años sufriéndolo. “Esta vez no tengo miedo, porque cuando las víctimas nos quedamos escondidas por miedo perdemos la capacidad de defender nuestros derechos y otros aprovechan nuestros silencios”. La madre del pequeño Gabriel se ha mostrado esperanzada de que esta última denuncia pública sirva también para que “el Ministerio del Interior y de Justicia” la traten “con respeto”.