La nueva empresa estatal de vivienda recibirá hasta 40.000 casas del banco malo para alquiler asequible

Hasta 40.000 casas y 2.400 suelos para construir otras 55.000 viviendas, con un valor global que ronda los 5.900 millones de euros a precio de mercado. Ese es el perímetro de activos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb, también conocida como el banco malo) que el Gobierno aspira a traspasar a la nueva empresa estatal de vivienda, según ha anunciado este martes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez.

La cesión se hará por fases para la “óptima integración” de los activos inmobiliarios en el patrimonio de Sepes, la entidad de suelo que el Ejecutivo ha convertido en el germen de la futura empresa pública de vivienda. Y el conjunto de inmuebles que ahora se han seleccionado “se podrá ampliar”, según ha señalado Rodríguez. Aunque completar lo que se incluye en el acuerdo al que el Consejo de Ministros ha dado luz verde significaría prácticamente el vaciado de la Sareb, que actualmente tiene algo más de 37.500 casas en balance.

La cifra que da el Ejecutivo es superior porque a esas 37.500 viviendas hay que sumar algunas que siguen en proceso de transformación, como se llama en la jerga sectorial al proceso por el que un determinado activo (que en origen puede ser desde un crédito impagado hasta un inmueble a medio hacer) se convierte en una casa habitable. De estas últimas, según fuentes del sector, la Sareb tiene unas 10.000. Es decir, que en total se han evaluado más de 47.000 potenciales viviendas para traspasar a la empresa pública, de las que Sepes se ha decantado por 40.000.

Todas ellas tendrán como finalidad, según ha dicho Rodríguez, el alquiler asequible. Es decir, “por debajo de los precios de mercado y en ningún caso superando el 30% de los ingresos de las familias”, ha agregado la ministra.

El proceso de evaluación de los inmuebles ha durado meses y para ello se han tenido en cuenta criterios geográficos, económicos y técnicos. Es decir, que fueran casas en zonas donde hay demanda potencial, que el inmueble tuviera un determinado tamaño y valor, y que no tuviera problemas estructurales u otros desperfectos graves. En el caso de los suelos el proceso ha sido similar, teniendo en cuenta también las condiciones urbanísticas de los solares.

Esos criterios no se han aplicado, según el Gobierno, a las casas que la Sareb tiene ya en el programa de alquiler social. Este programa, que fue impulsado por el banco malo tras alcanzar la mayoría de capital público e incorporar el principio de utilidad social a su mandato, ha funcionado muy bien para la Sareb. Rodríguez ha sacado pecho asegurando que ya hay unas 7.700 familias atendidas a través de este instrumento, que además de casa proporciona acompañamiento y ayuda a la inserción laboral. Por ello, el Ejecutivo traspasará todas esas casas, independientemente de su condición, a la nueva empresa estatal encargada de todo lo que tenga que ver con la gestión del parque público. De momento no hay una fecha para ello, pero el banco malo fue creado para desaparecer en 2027, así que podría seguir gestionando hasta entonces esos arrendamientos.

Tampoco el resto de inmuebles que forman parte del acuerdo se trasladarán a la vez. Rodríguez ha hablado de 13.000 casas en las que se está trabajando prioritariamente porque es a lo que “el presidente de Gobierno se comprometió”, pero ha eludido dar plazos concreto. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que los primeros traspasos podrían llegar hacia finales de año. La ministra ha detallado que se harán “sin coste” y que la fórmula escogida implica dos pasos: un primero en que pasan del banco malo a Patrimonio del Estado y un segundo en que desde este llegan al actual Sepes o a la empresa pública de vivienda y suelo hacia la que evolucionará esta sociedad.

Formalmente será como una donación, aunque esta afectará al balance del banco malo, cuya misión original era vender todo lo posible para obtener de la cartera de activos tóxicos que le traspasaron los bancos en 2012 el máximo rendimiento posible. El Gobierno contrapone ahora aquella solución, que puso en marcha el PP cuando gobernaba Mariano Rajoy, con su decisión de destinar los pisos a los ciudadanos. Y trata de minimizar la importancia del coste económico que tenga la operación: “[Esas casas] las traspasamos en su concepción de derecho, no de activo financiero”, ha dicho la responsable de Vivienda.

Los dos años de vida teórica que le quedan a la Sareb marcarán el calendario y ritmo de los traspasos de casas a la empresa estatal de vivienda. También del estado de algunos inmuebles que requieran reformas o pequeños arreglos. “Hemos tenido un pequeño ensayo de cómo hacerlo en la zona de la dana”, ha asegurado Rodríguez en alusión a las 300 casas del banco malo que se han puesto a disposición de afectados por la riada que asoló el área metropolitana de Valencia y otras localidades el pasado octubre.

Una factura por calcular

Aunque el mandato de la Sareb podría extenderse —“no me corresponde a mí abordar esa cuestión”, ha lanzado balones fuera la ministra de Vivienda al ser preguntada por ello este martes— el vaciado de la casi totalidad de activos que tiene el banco malo apunta a una liquidación más pronto que tarde. Y habrá que valorar cuánta es la deuda total que entonces (la actual supera los 29.000 millones) queda en la factura final.

No obstante, el Gobierno centra su mensaje en la utilidad social que se dará a los inmuebles del banco malo. España es uno de los países con menos vivienda pública de Europa. El Ejecutivo cifra la proporción en el 3,4%, el porcentaje que dio en el último boletín ministerial de vivienda social, aunque en puridad no es todo vivienda pública: ahí se incluían todos los alquileres que están por debajo de precio de mercado por una cuestión metodológica. Los socios comunitarios más aventajados en la materia superan el 20%. Y el Gobierno, que ha prometido la edificación de miles de casas para alquiler asequible, admite indirectamente que la construcción tiene plazos más largos. “En tanto en cuanto desarrollamos nuevas promociones, tenemos que habilitar medidas extraordinarias”, ha defendido este martes la ministra.