Hacienda concluye que Montoro impulsó la rebaja fiscal a las gasistas “contra el criterio de los técnicos”

Cristóbal Montoro se enfrenta ahora a la tenacidad y al gusto por el detalle del organismo que, como ministro de Hacienda, comandó entre 2011 y 2018: la Agencia Tributaria. Los investigadores sostienen que Montoro fue clave en el impulso de las reformas legislativas que beneficiaron a las empresas que pagaban grandes sumas de dinero a Equipo Económico (EE), el bufete que había fundado y en el que mantenía a personas de su máxima confianza. Tras analizar con minuciosidad informes y correos electrónicos intercambiados entre responsables de Hacienda, los agentes concluyen que esas reformas, en forma de beneficios fiscales, se sacaron adelante con el impulso del exministro y “contra el criterio de los técnicos”, además de tramitarse con urgencia y opacidad.

Montoro y otras 27 personas están investigadas por cobrar comisiones, a través de Equipo Económico, de empresas que querían asegurarse, con esa aportación, una “vía directa” de acceso a Hacienda. Fue así como lograron que el Gobierno del PP impulsara cambios legislativos que, por vías más tradicionales (grupos de presión, enmiendas) no habían logrado. Aunque la investigación revela que empresas de sectores muy diversos pagaban peaje al bufete (electricidad, renovables, juego, construcción, etcétera), el origen de la causa y la imputación al exministro se centran, por ahora, en la actividad desplegada por las empresas gasistas.

Las compañías englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM) pagaron casi 800.000 euros a Equipo Económico en siete años. Gracias a ese desembolso, según la investigación, lograron beneficiarse de dos reformas importantes: fueron incluidos en una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad (2014) y en una rebaja fiscal en el impuesto de actividades económicas (2018), ambas decisiones tomadas durante el mandato de Montoro. Ese es el escenario que analizan con detalle los técnicos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción a partir de los correos.

En 2013 se aprobó una ley que daba a ciertas empresas una bonificación del 85% del impuesto eléctrico. Las gasistas intentaron que se les incluyera: redactaron una propuesta de mejora a una enmienda del Partido Popular y remitieron una carta a la Secretaría de Estado de Hacienda. No funcionó. En octubre de ese año, AFGIM decidió contratar a Equipo Económico para proclamar su particular evangelio en el “ámbito político apropiado”. Nada define mejor ese viraje que un correo encontrado, por casualidad, en el registro de una empresa de Vila-seca (en Tarragona, de ahí que el caso Montoro lo dirija un juez de este partido judicial). El directivo Rubén Folgado constata el fracaso del camino tradicional (“he contactado con parlamentarios catalanes para que defiendan en Madrid esta discriminación contra nuestro sector, pero llevará tiempo”) frente a la esperanza de un bufete que antes se llamó Montoro Asociados: “La vía más directa, como siempre, es pagar a este Equipo Económico que tiene contacto directo con el ministro”.

A los Mossos les “llama la atención” que las empresas gasistas pasaran de una actividad intensa en 2013 a estar de brazos cruzados solo un año después. Esa “despreocupación” solo se explica, añade la policía, por la “garantía” de que, “al haber pagado una buena suma” y por tanto con “acceso directo y capacidad de influencia sobre el Ministerio de Hacienda”, ya no tenían que “preocuparse en presentar escritos” para defender sus intereses; otros lo harían por ellos.

Si en 2013 los máximos responsables de Hacienda se negaron a incluir a las gasistas en la rebaja fiscal, todo empezó a cambiar en cuanto fluyó el dinero: la ley acabó aprobándose apenas un año más tarde, en noviembre de 2014, tras una serie de maniobras que el informe de Hacienda revela. Los investigadores constatan la “coincidencia temporal” entre los pagos de una de las empresas (Carburos Metálicos, de Cornellà de Llobregat) a Equipo Económico y “el impulso de la reforma” que favorecía sus intereses.

La decisión de los altos responsables del Ministerio de Hacienda de incluir a las gasistas fue contraria a “los criterios técnicos administrativos” expresados por el personal. “Los beneficios fiscales investigados”, concluye el informe, “no habrían sido adoptados de no existir un factor externo decisivo y ajeno al criterio técnico”.

Para empezar, Administraciones Públicas emitió, en junio de 2014, un informe que advertía de que agregar a las gasistas en la rebaja iba a suponer un “impacto recaudatorio” para las comunidades autónomas. Pese a esas advertencias, la Dirección General de Tributos “no incluyó mayor motivación ni mención alguna”. Los técnicos tampoco han podido “localizar los expedientes” que indiquen que eso llegara a estudiarse. Y eso que constaba en informes un estudio del impacto: entre 4,1 a 4,9 millones al año.

Los técnicos también dijeron que había que mantener requisitos de control. Y advirtieron de forma “expresa” de que “la relajación de tales controles pudiera incentivar u ocasionar grandes bolsas de fraude”. Tampoco les escucharon y, en el reglamento posterior, se acabaron eliminando. Según documentos emitidos por Ernst & Young, Carburos Metálicos no cumplía los requisitos “en 2-3 de las plantas”. De modo que, al saber que se facilitaban las cosas, las empresas se “congratularon” de la decisión, como también se lee en los correos. En diciembre de 2014, Jacobina Escamez (Praxair) escribe, aliviada: “Gracias a Dios parece que ahora no vamos a tener que presentar memoria económica”. Y añade que, en una reunión, la víspera, la Dirección General de Tributos le había “avanzado” que el reglamento se iba a probar al día siguiente.

La urgencia del exministro

Los correos electrónicos investigados, sigue el informe, señalan que “la toma de decisión estratégica sobre la reforma” fue obra del “ministro”. El 11 de julio de 2014, Montoro elevó el texto al Consejo de Estado “por la vía de urgencia” y “omitiendo el dictamen del Consejo Económico y Social”. Hacienda concluye que, sobre esa reforma, se ha “sustraído información relevante” a ese órgano, pero también “al Consejo de Ministros y a las Cortes”, ya que el contenido se omitió de forma intencionada al resto de ministerios de Rajoy por supuestas razones de “confidencialidad”. Cinco días después de que Montoro estampara su firma, se produce una reunión entre la patronal y la Dirección General de Tributos. Y al día siguiente, 17, Equipo Económico emite la factura a Carburos Metálicos.

La petición del ministro al Consejo de Estado se fundamentó en la necesidad de trasponer una directiva comunitaria, algo que tampoco “se acoge al criterio técnico manifestado” en los informes. El propio Consejo de Estado advirtió, en su respuesta, que esa directiva “ya estaba” en el ordenamiento jurídico español. Otro elemento de sospecha es que el beneficio se limitara a las gasistas, y no a otros interesados (automóvil, industria papelera). En los correos de los directivos gasistas, éstos trasladan que el ministro había expresado su temor a que la reforma fuera un “coladero”. “Revela el carácter selectivo de la decisión administrativa”.

La fórmula aplicada con la ley (reunión, impulso administrativo, emisión de factura) se repitió, casi con idéntica simultaneidad, cuando meses más tarde se aprobó el reglamento que sustituyó los controles previos por una mera comunicación. La decisión se “enmascaró” en argumentos de gestión que, una vez más, tampoco estuvieron justificados.