La presencia del Rey salva la solemnidad en una apertura del año judicial marcada por la tensión

El acto de apertura del año judicial ha discurrido en el salón de plenos del Tribunal Supremo en un clima de fuerte tensión contenida tras la presión del sector conservador de la judicatura y la fiscalía y del propio líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para dejar fuera de la ceremonia al fiscal general del Estado y al Gobierno. El hecho de que se celebrara bajo la presidencia del Rey ha sido clave para evitar que la polémica sobre la presencia e intervención de Álvaro García Ortiz se reprodujera en público. El conflicto, en todo caso, no está cerrado. Se salvó el perfil institucional del acto, pero los propios discursos de la presidenta del Supremo, Isabel Perelló, y del fiscal general, reflejaron el ambiente de discordia en el seno del poder judicial y entre poderes del Estado.

García Ortiz justificó su asistencia como un deber legal, en función de su cargo y, con brevedad y a la vez contundencia, defendió para sí el derecho a la presunción de inocencia, en su actual situación de inculpado de un delito de revelación de secretos. Perelló, a su vez, reivindicó la independencia de jueces y magistrados pidiendo “lealtad institucional” para que cesen las “descalificaciones”. Pero añadió que la independencia “no equivale a libre arbitrio”, en obvia alusión a los excesos de algunas instrucciones judiciales carentes de proporcionalidad y abiertas por tiempo indefinido. Al final, el discurso de García Ortiz mereció un aplauso breve y minoritario, en tanto que el de Perelló lo recibió más largo y generalizado. Fue la expresión simbólica del estado de ánimo reinante en el acto en general y en el Tribunal Supremo en particular.

Entre los asistentes hubo quien destacó el hecho de que García Ortiz proclamara en su intervención su plena confianza en el Estado de Derecho y en la verdad en presencia de los magistrados que, llegado el caso, tendrán que juzgarle. “Ésta no era la ocasión para articular una autodefensa”, manifestaba un magistrado del bloque conservador, exvocal del Consejo del Poder Judicial. A pocos metros, en cambio, una magistrada del sector progresista apoyaba la presencia y el discurso del fiscal general como “manifestación de dignidad” frente a acusaciones formuladas “sin base probatoria”.

La entrevista de Sánchez

El conflicto, en todo caso, no se reduce al caso del fiscal del Estado. La tensión existente incumbe a poderes del Estado y afecta muy especialmente a las relaciones entre el Gobierno y el poder judicial. Los comunicados de días previos de las asociaciones de jueces y fiscales del ámbito conservador así lo reflejaron y, en mayor medida, el despliegue estratégico de los vocales del mismo sector pertenecientes al Consejo General del Poder Judicial, que pidieron la renuncia del fiscal general a cumplir con su deber legal de presentar en la apertura del año judicial la Memoria de la Fiscalía y sus actuaciones. Desde estos círculos se había ejercido presión sobre la presidenta del Supremo para que diera una respuesta frontal, dura, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien en su entrevista en TVE el pasado lunes dijo que hay “jueces que hacen política”. Como ya hiciera en su primer discurso tras asumir el cargo, Perelló quiso ser enérgica en la defensa de la independencia judicial, pero sin dejar de reclamar un compromiso claro de jueces y magistrados con principios básicos de su labor.

Las intervenciones, en definitiva, ilustran las dificultades que atraviesan las relaciones entre política y justicia en el inicio de un curso en el que los tribunales van a marcar en gran medida la agenda del Gobierno con la apertura de juicio oral contra el fiscal general del Estado, la instrucción del caso de corrupción que afecta al principal partido del Gobierno y la decisión sobre la aplicación de la ley de amnistía al expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

También dio pie a la controversia la ausencia del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, como gesto de repulsa y crítica al fiscal general. Para algunos de los magistrados presentes, la decisión del líder popular es un dato confirmatorio del clima de crispación y la dificultad de que prosperen llamamientos como el de Perelló para sostener “la confianza en la justicia” sobre la base de una “lealtad institucional” que debería comprometer a todos los poderes del Estado.

Luchas por los nombramientos

El acto de apertura del año judicial confirma que también en el Tribunal Supremo también ha existido un fenómeno de polarización favorecido por las luchas en el Consejo del Poder Judicial, en especial a propósito de la política de nombramientos de los altos cargos de la justicia. Pero junto a las espadas en alto hay otras envainadas que aspiran a sustraerse de la dinámica de enfrentamiento y con voluntad de “coser”, dicen. En estos ámbitos se aspira a deshacer la imagen de la justicia como terreno abonado para las prácticas de oligopolio ideológico. En tales sectores se confía en que el final de algunos procesos de especial relevancia, con gran carga política, podrán culminar con sentencias bien fundamentadas, sobre la base de datos objetivos, que contrapesen las acusaciones de lawfare, de uso interesado de la justicia.

En los corrillos posteriores al acto solemne se ha hablado este viernes especialmente de la ley de amnistía y de Carles Puigdemont. La pregunta era qué hará el Supremo si el Constitucional estima que dicha ley debió aplicarse al delito de malversación y si ello permitirá levantar automáticamente la orden de detención del líder de Junts. El criterio más extendido es que el Supremo debe estar atento no sólo al Constitucional, sino a la próxima sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la amnistía para evitar nuevas controversias en la aplicación de la norma si la justicia europea deja claro que el procés no afectó a los intereses financieros de la UE ni a sus principios jurídicos esenciales.