Los vocales conservadores reclaman a la presidenta del CGPJ que pida a García Ortiz que no acuda a la apertura del curso judicial

La participación en la apertura del año judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pendiente de que se abra juicio contra él por un presunto delito de revelación de secretos vinculado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, ha provocado duras críticas por parte del sector conservador del Poder Juicial y de las asociaciones mayoritarias de fiscales y de jueces, que reclaman que el jefe del Ministerio Público no participe en el acto previsto este viernes en el Tribunal Supremo. Los 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) propuestos por el PP han solicitado por carta a la presidenta, Isabel Perelló, que traslade al fiscal general del Estado “la inconveniencia de intervenir”, mientras que tres asociaciones profesionales, incluidas las mayoritarias de ambas carreras, han suscrito un comunicado conjunto en el que reclaman a García Ortiz que se abstenga de participar en el acto “por respeto al Rey” y a todos los jueces y fiscales. Los vocales y las asociaciones han dado este paso después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, anunciara que no acudirá a la ceremonia prevista este viernes en el Tribunal Supremo y acusara a Pedro Sánchez de “someter al Rey a un choque institucional sin precedentes”.

La intervención del fiscal general del Estado en la apertura del año judicial para presentar la memoria anual del Ministerio Público está regulada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), por lo que fuentes de la Fiscalía señalan que la paticipación de García Ortiz en el acto del viernes no está en cuestión. El jefe del Ministerio Público, señalan estas fuentes, debe cumplir “las obligaciones y responsabilidades” del cargo y no se le puede pedir que incumpla la ley o protestar porque la cumple.

Los sectores más conservadores de los jueces y fiscales han amagado en los últimos días con boicotear la participación del fiscal general en el acto del viernes, el más solemne del año judicial, pero la presencia en el mismo de Felipe VI les ha llevado a renunciar al boicot y limitarse a pedir que García Ortiz no intervenga.

Los 10 vocales propuestos por el PP se han reunido este jueves para consensuar una postura y del encuentro ha salido una carta que han enviado a la presidenta del CGPJ y del Supremo en la que le solicitan que traslade al fiscal general del Estado “la inconveniencia de intervenir” en el acto del viernes. “En modo alguno se pone en duda el derecho a la presunción de inocencia, que asiste a todo ciudadano, ni se prejuzga, como no puede ser de otra forma, el fondo del proceso en curso. Sin embargo, la coincidencia entre esa condición procesal y su intervención en un acto de la más alta relevancia constitucional no resulta apropiado, comprometiendo, inevitablemente, la serenidad que el acto demanda”, señalan estos vocales, que añaden: “Resulta, por ello, difícilmente comprensible que esta situación se tolere. La consecuencia es una innecesaria tensión para la Fiscalía General del Estado, para el Poder Judicial y, en última instancia, para el propio Jefe del Estado, que preside el acto”.

Que Bolaños no se siente en el estrado

Los consejeros conservadores piden también a la presidenta que impida que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, se siente en el estrado de la sala donde tiene lugar el acto, para visualizar así el “rechazo” del Poder Judicial “a los ataques injustos e injustificados a los jueces por parte del Ejecutivo”, en referencia a las palabras pronunciadas por Pedro Sánchez durante una entrevista en TVE e pasado lunes en la que afirmó que “hay jueces haciendo política”.

“Queremos manifestar que tales afirmaciones no solo resultan injustas, sino que lesionan la confianza en uno de los pilares del Estado democrático de Derecho”, afirman los vocales, que reclaman también que esta situación se ponga en conocimiento de la Jefatura del Estado, “a efectos de la adecuada coordinación institucional”.

La mayoría del sector conservador del CGPJ ha respondido a la carta de sus compañeros con un comunicado en el que envían “un mensaje de tranquilidad y de normalidad institucional, alejado de cualquier forma de polaridad artificiosa que pueda empañar la ceremonia solemne que marca el inicio del curso judicial”. En el texto recuerdan que este acto solemne se regula en el artículo 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que exige la presencia de la presidenta del CGPJ y del Tribunal Supremo y del fiscal general del Estado para presentar sus respectivas Memorias anuales. También advierten de que la presencia en el estrado del ministro de Justicia y notario mayor del reino “responde a una costumbre constitucional consolidada propia de su posición institucional y de las altas responsabilidades que ejerce en el servicio público de la justicia”.

“Como vocales del Consejo General del Poder Judicial, consideramos que la confianza en los pilares del Estado Democrático de Derecho se construye garantizando escrupulosamente el principio de legalidad y el de presunción de inocencia. Se trata, pues, de que todos los poderes, instituciones y personas participantes en el acto solemne respeten la lealtad constitucional que les es exigible”, señala el texto, firmado por todos los vocales progresistas excepto por Carlos Hugo Preciado, uno de los dos propuestos por Sumar. Este consejero ha suscrito un mensaje en el que expresa su “malestar” por la carta firmada por los conservadores por no ser institucionalmente correcto que el CGPJ entre en el debate partidista . “La justicia y el CGPJ pertenecen a toda la ciudadanía y no deben instrumentalizarse a intereses políticos de ningún signo”.

En cuanto a las asociaciones judiciales que piden que García Ortiz se abstenga de participar en la apertura del año judicial, las tres están frontalmente enfrentadas al jefe del ministerio público desde que accedió al cargo. Una de ellas, la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), minoritaria en la carrera, es una de las acusaciones populares que han impulsado la causa que tiene al borde del banquillo a García Ortiz y ha pedido reiteradamente que sea apartado del cargo. Las otras dos asociaciones que firman el comunicado difundido este jueves son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación de Fiscales, las dos mayoritarias de ambas careras.

“Sentar junto a S.M. el Rey y ante el Poder Judicial a una persona contra la que, con toda probabilidad se abrirá juicio oral, es un hecho insólito, que constituye un acto de desprecio a los principios básicos del Estado y al propio jefe del Estado, mina la credibilidad de la Justicia y afecta a todos los jueces, magistrados y fiscales que cada día desempeñamos nuestra función desde la absoluta independencia y con escrupuloso respeto al principio de legalidad”, sostienen en el comunicado suscrito.

Las tres asociaciones subrayan su respeto por la presunción de inocencia del fiscal general, pero ponen por encima “de intereses particulares” de los servidores públicos “el respeto a las instituciones y a lo que representan”, por ello, piden al fiscal que, por respeto al Rey y a quienes integran las carreras judicial y fiscal se abstenga de asistir al acto.

Una cuarta organización, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más representativa y de tendencia moderada, se ha desmarcado de la postura de las tres primeras, y advierte de que, pese a su situación procesal, el fiscal general del Estado “sigue ostentando el cargo y conserva íntegramente las facultades que le son propias, entre ellas la de intervenir en dicho acto solemne”. “Mientras no exista una resolución que implique su cese o inhabilitación, se encuentra habilitado para ejercer sus funciones”, señala esta asociación en un texto difundido este jueves.

La AJFV asegura, no obstante, compartir “la preocupación que puede generar en la ciudadanía la imagen de un fiscal general del Estado sometido a un procedimiento judicial presidiendo, junto a Su Majestad el Rey y la Presidenta del TS y CGPJ el acto de apertura del Año Judicial”. “Somos plenamente conscientes de que esa circunstancia daña la imagen de la Fiscalía”, apuntan. Pero esta organización entiende que no corresponde a las asociaciones “condicionar” su presencia en un acto institucional de esta naturaleza, “ni vincular la figura del Jefe del Estado a una petición de exclusión que carece de cobertura legal”. “A nuestro juicio, no resulta conveniente utilizar la presencia de S.M. el Rey como argumento para instar al fiscal general a no asistir a un acto en el que la ley le reconoce su lugar institucional”.