El pleno del CGPJ nombra por mayoría a Martínez Arrieta y Lucas presidentes de las dos salas clave del Supremo

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha designado este miércoles como presidentes de las dos salas clave del Supremo a los candidatos propuestos por el sector conservador, Andrés Martínez Arrieta (Sala Segunda) y Pablo Lucas (Tercera). La designación, que según fuentes del órgano se ha llevado a cabo por mayoría, se produce tras la renuncia la semana pasada de las magistradas Ana Ferrer y Pilar Teso, las dos aspirantes que defendían los progresistas.

La elección de Martínez Arrieta y Lucas acaba con la situación de interinidad de las presidencias de las Sala Segunda (de lo Penal) y Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), que ya ejercían en funciones estos dos veteranos magistrados. Su designación formal devuelve la normalidad a las dos salas clave del alto tribunal, pero la forma en que se ha producido da muestras de la debilidad del sector progresista. Los nombramientos se han realizado con el apoyo unánime de los 10 vocales conservadores, pero han dividido al grupo de vocales elegidos para el CGPJ a propuesta del PSOE y Sumar: solo cinco de los 10 consejeros de este bloque han apoyado al nuevo presidente de la Sala Segunda, y seis, al de la Tercera.

La renovación del Consejo hace un año, tras más de cinco de prórroga del mandato anterior, conformaba por primera vez una mayoría progresista en el órgano de gobierno de los jueces tras décadas de mayorías conservadoras. El acuerdo del PSOE y el PP para desbloquear la renovación implicó que los 20 vocales se dividieran por igual: 10 propuestos por los dos partidos que conforman la coalición de Gobierno y otros 10 por el PP. Pero el equilibrio se rompía, supuestamente, con la elección como presidenta de Isabel Perelló, una magistrada asociada a la progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD).

Aquella elección, sin embargo, llegó después de un proceso similar al que ha desembocado en la designación de Martínez Arrieta y Lucas, y, según varias fuentes del órgano, ha sido determinante para la situación vivida este miércoles. Perelló no era la candidata propuesta por los progresistas. Este sector apadrinó las candidaturas de Ferrer y Teso, las mismas que ha defendido para las presidencias de sala del Supremo. Pero, como ahora, los conservadores vetaron ambos nombres por considerarlas marcadas ideológicamente y afines al Gobierno. Y, para salir del bloqueo, la mayoría de los vocales propuestos por el PSOE y Sumar cedieron y avalaron a Perelló, apadrinada para ese cargo por los vocales propuestos por el PP.

La elección de Martínez Arrieta y Lucas se daba por hecho tras la renuncia de la semana pasada de Ferrer y Teso a presidir, respectivamente, la Sala Segunda y Tercera. Varios vocales progresistas consultados admitían que no había otra opción y recalcaban que esa era la intención de ambas magistradas al dar un paso al lado. Pero los progresistas no han querido que la elección contara con un respaldo unánime y han dividido sus votos de forma que se garantizara una mayoría holgada (hacían falta 13 votos y Arrieta ha obtenido 15 y Lucas, 16), pero también se evidenciara el malestar de este sector.

Para exponer esa postura, la mayoría de los vocales de este grupo ha suscrito un texto de explicación del voto que está firmado tanto por consejeros que han respaldado a Martínez Arrieta y Lucas como aquellos que no lo han hecho y han votado en blanco. “Es la lealtad institucional la que nos lleva hoy a facilitar que los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas Murillo de la Cueva sean nombrados presidentes de las salas del TS. En ningún momento hemos puesto en duda su valía y su idoneidad. Sin embargo, hemos perdido una oportunidad de marcar un antes y un después en la historia del Tribunal Supremo”.

Los progresistas reprochan a los conservadores, sobre todo, haber impedido que haya paridad en las presidencias de las salas del Supremo. Solo una de las cinco salas (la Cuarta, de lo Social), está presidida por una mujer (Cocepción Ureste, nombrada en marzo pasado), mientras que las otras cuatro están dirigidas por hombres. “Los nueve vocales firmantes de este texto aclarativo hemos defendido que, como mínimo, una de las presidencias debía ser ocupada por una de las magistradas que concurrieron en el proceso selectivo, en aplicación del artículo 599.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece, en su nueva redacción, que en los nombramientos discrecionales debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, de modo que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%. La aplicación de la ley paridad es prioritaria para nuestro grupo”, señalan.

El texto está firmado por los vocales Bernardo Fernández, José María Fernández Seijo, Joaquín Arozamena, Esther Erice, Ricardo Bodas, Luis Martín Contreras, Inés Herreros, Argelia Queralt y Lucía Avilés. Estos vocales advierten de que la representación equilibrada pretende “romper inercias masculinas profundamente consolidadas, que perpetúan una situación en la que, pese a la feminización de la profesión, los cargos de poder siguen siendo ocupados mayoritariamente por hombres”. “El argumento de que la paridad rompe con los principios de mérito y capacidad es falso. Debe recordarse que el Pleno de la Sala de Gobierno del TS certificó que todos los candidatos eran excelentes juristas, sin hacer distinción entre ellos”, añaden.

La asociación Juezas y Jueces para la Democracia, la única progresista de las cuatro asociaciones de jueces, ha lamentado también el resultado de la votación del CGPJ, que consideran “un paso atrás” en la política de igualdad de ese órgano. “El mensaje que transmite el órgano de poder judicial es desolador, dado que debe ser el primero en cumplir la Constitución y las normas a las que todo poder público está sujeto. El principio de legalidad exige un comportamiento leal que no ha existido”, señala JJPD en un duro comunicado difundido tras el pleno del Consejo.

Los vocales progresistas del CGPJ ponen también el foco en que los nuevos presidentes de la Sala Segunda y Tercera no están en condiciones de terminar los cinco años de mandato porque alcanzarán la edad forzosa de jubilación, 72 años, mucho antes: Martínez Arrieta, el 13 de abril de 2027; y Lucas, el 13 de julio de 2026. Este elemento, según los vocales propuestos por el PSOE y Sumar, era “clave para garantizar la ejecución de los proyectos a medio y largo plazo” que defendieron las dos candidatas durante su proceso de selección.

Además de estos dos nombramientos, el pleno del CGPJ ha realizado este miércoles otros 24, entre ellos tres magistrados de la Sala Tercera del Supremo; las presidencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Andalucía y Aragón; y las de las Audiencias Provinciales de Albacete, Baleares, A Coruña, Málaga, Soria, Valencia, Jaén, Las Palmas, Madrid, Pontevedra, Sevilla, Badajoz y Castellón. Desde el comienzo de su mandato, del que el próximo viernes 25 se cumplirá un año, el CGPJ ha realizado 161 nombramientos, de los que 68 han recaído en candidatas mujeres, lo que representa el 42,2% del total, pese a que las mujeres son desde hace años mayoría en la carrera (el 52,8%, según los últimos datos del CGP).

El CHP ha nombrado también este miércoles, en este caso por unanimidad, al nuevo director de la Escuela Judicial, que será Francisco Segura Sancho, hasta ahora magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional.